El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Europa Press

Política

Anatomía de una filtración: todas las pistas que maneja el TS para averiguar quién violó la intimidad del novio de Ayuso

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La ausencia de mensajes de WhatsApp en el teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, parecía un serio revés en el intento del juez del Supremo Ángel Hurtado de desentrañar la filtración del email reservado del abogado del novio de Ayuso, publicado por varios medios entre el 13 y el 14 de marzo pasados.

Pero el juez ya maneja numerosos indicios que le permiten encauzar la investigación por nuevos derroteros. Juan Lobato, obligado por Ferraz a dimitir como secretario general del PSOE de Madrid, facilitó al Supremo el volcado de su teléfono móvil el pasado 29 de noviembre.

El análisis de su terminal ha permitido a la Guardia Civil constatar que varios altos cargos del Gobierno y el PSOE tenían conocimiento del contenido del email del novio de Ayuso, antes de que lo publicaran los medios. Estos son algunos de los indicios que maneja el juez instructor de la causa.

1. Desmentir "un bulo"

El Gobierno defiende la actuación de García Ortiz alegando que su única intención era "desmentir un bulo": la noticia publicada por el diario El Mundo el pasado 13 de marzo a las 21:29 horas, en la que se indicaba erróneamente que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador para saldar sus dos presuntos delitos fiscales.

Con el fin de desmentir esta noticia, García Ortiz telefoneó a las 21:34 horas a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y le pidió que le enviara los correos electrónicos intercambiados entre González Amador y el fiscal que lleva su acusación por fraude fiscal, Julián Salto.

A las 21:39 horas, Pilar Rodríguez telefoneó al fiscal de delitos económicos Julián Salto, que se encontraba en el estadio Metropolitano, donde estaba presenciando un partido de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. Salto envió la información requerida a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

Segundos antes de las 10 de la noche, a las 21:59 horas, Pilar Rodríguez remitió a una cuenta de correo electrónico privado Gmail del fiscal general (tal como éste le había pedido) las comunicaciones confidenciales del novio de Ayuso.

2. La primera filtración

A las 23:51 del 13 de marzo, la cadena Ser informó del contenido del email del novio de Ayuso que acababa de llegar a manos del fiscal general.

Ese medio explicó que (en contra de lo que había publicado El Mundo) fue el abogado de González Amador quien se había dirigido a la Fiscalía para intentar negociar un pacto, con el fin de reducir la pena prevista a cambio de reconocer que había cometido sendos delitos fiscales. Sin embargo, la noticia de la Ser no reprodujo esa noche la imagen del correo.

3. Las gotas de "cianuro"

Mientras tanto, García Ortiz había ordenado la redacción de la nota de prensa que la Fiscalía difundiría a la mañana siguiente para desmentir la noticia de El Mundo. Ya pasada la medianoche, a las 00:12 horas del 14 de marzo, el fiscal general remitió el borrador de la nota por WhatsApp a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, para que revisara el texto.

Pasadas las 00:22 horas, Pilar Rodríguez le comunicó su conformidad al borrador, añadiendo un comentario: "Dan ganas de incorporar un poquito de cianuro".

4. Lobato se va al notario

Las pesquisas judiciales sobre la filtración dieron un vuelco al trascender que el entonces secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, acudió el pasado mes de noviembre (después del registro en el despacho de García Ortiz el 30 de octubre) a un notario, para dejar constancia de los mensajes de WhatsApp que le había remitido aquel 14 de marzo Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López, a la sazón jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez en la Moncloa.

Citado a declarar ante el juez como testigo, Lobato entregó su teléfono móvil para que fuera analizado por la UCO. La Guardia Civil constató que a las 8 de la mañana del 14 de marzo, la alto cargo de Moncloa reenvió a Lobato una captura del email (que aún no había sido publicado en ningún medio) del abogado de González Amador y le instó a exhibirlo ante Ayuso en el debate de la Asamblea de Madrid que iba a celebrarse esa misma mañana.

"Cuidado con los datos personales", le advirtió Sánchez Acera, consciente de las consecuencias penales que podía tener la difusión del contenido confidencial del escrito, "se puede sacar. Sácaselo en la pregunta", añadió en alusión al debate de la Asamblea.

Lobato, que es técnico de Hacienda, mostró sus reticencias: preguntó a Sánchez Acera de dónde había salido el documento y si ya había sido publicado en algún medio, porque si no "parece que lo ha dado la Fiscalía".

"Porque llega, la tienen los medios", explicó Sánchez Acera. En el mismo chat de WhatsApp, Lobato siguió mostrando sus reservas a exhibir el documento y explicó que podía mostrarlo en una rueda de prensa que iba a dar a las 11 de la mañana, siempre que recibiera garantías de su origen lícito.

"A las 11 habrá salido todo el mundo con ella. Pero te aviso cuando salga", le anunció la alto cargo de la Moncloa.

5. Premiada con una silla en RTVE

Tal como había anunciado pocos minutos antes la jefa de gabinete de Óscar López, a las 9:06 horas el diario El Plural publicó íntegramente el correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado del novio de Ayuso. 

A las 9:29 horas, Sánchez Acera envió a Lobato un enlace de la noticia, de nuevo por WhatsApp, para que supiera que ya podía exhibir el documento, pues había sido difundido por un medio muy próximo al PSOE.

El Gobierno ha premiado ahora a la directora de El Plural, Angélica Rubio (que fue jefa de prensa del PSOE en la etapa de Zapatero) con un puesto en el consejo de administración de RTVE, que implica un sueldo de 125.000 euros anuales.

6. La "operación de Estado"

No sólo la jefa de gabinete de Óscar López (actual ministro de Transformación Digital y líder del PSOE de Madrid) presionó a Juan Lobato para que utilizara contra Ayuso el correo electrónico del abogado de su novio.

También lo hicieron otros dos altos cargos de la Moncloa: el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, y su sucesor en el cargo, Ion Antolín, que hasta ese momento era jefe de prensa del PSOE.

Algo que indica que, aquella mañana, el correo electrónico confidencial del abogado de González Amador estaba circulando por los despachos del Gobierno y de la calle Ferraz (antes de que fuera publicado por ningún medio) con un móvil político: utilizarlo para dañar a la presidenta madrileña.  

También el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, había escrito el 13 de marzo a Lobato para darle instrucciones: "Tiene que salir todo el PSM pidiendo la dimisión de Ayuso".

Por ello la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denuncia una "operación de Estado" en la que estaría implicada la Fiscalía General, la Moncloa y el PSOE, para destruirla políticamente utilizando información confidencial de su pareja.

Francesc Vallès fue secretario de Estado de Comunicación hasta el pasado 4 de diciembre, cuando asumió el cargo Ion Antolín, que hasta ese momento era jefe de prensa del PSOE. Tras verse salpicado por el escándalo, Antolín anunció su dimisión la semana pasada, alegando motivos de salud.

7. ¿García Ortiz borró sus Wh?

La UCO de la Guardia Civil remitió el pasado día 19 al juez Ángel Hurtado su informe sobre el análisis del teléfono móvil intervenido al fiscal general durante el registro de su despacho, con una desconcertante conclusión: no ha hallado ni un solo mensaje de WhatsApp en el teléfono de García Ortiz entre los días 8 y 14 de marzo de 2024, las fechas en las que se había acotado la investigación.

El juez intenta determinar ahora si García Ortiz borró todos los mensajes de su móvil, o si entregó a la Guardia Civil un terminal distinto al que utilizaba cuando se produjo la filtración.

La Fiscalía esgrime una instrucción dictada en 2019, que insta a los miembros del Ministerio Público a llevar a cabo el borrado periódico de los dispositivos electrónicos y la "destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso", por motivos de seguridad y para cumplir las normativas sobre protección de datos de los afectados.

Por su parte, el PP cree que Álvaro García Ortiz ha podido incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia, por "borrar pruebas" que podrían resultarle incriminatorias. 

8. Tapar el 'caso Begoña'

La filtración de los datos confidenciales del novio de Ayuso se produjo cuando varios medios habían comenzado a publicar informaciones comprometedoras sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que poco después darían lugar a la investigación que instruye el juez Juan Carlos Peinado.

Del mismo modo, la Guardia Civil había detenido el 21 de febrero a Koldo García (quien fue asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes) y a otras 19 personas, por la trama de la compra de mascarillas durante la pandemia.

Todo ello abona la tesis de que el Gobierno habría intentado contrarrestar estos escándalos de corrupción, difundiendo datos confidenciales sobre la causa en la que el novio de Ayuso está investigado por presunto delito fiscal.

En la citada mañana del 14 de marzo, el jefe de gabinete de Juan Lobato ofreció al entonces líder del PSOE madrileño otras pistas sobre las intenciones del Gobierno: "En Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay Presupuestos. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene, tú también jueves a jueves dando la cara ante ella".

Sin embargo, Ferraz ha forzado la dimisión de Lobato como secretario general del PSOE de Madrid, un cargo que ha asumido el ministro Óscar López, cuya jefa de gabinete manejaba desde la Moncloa el email del novio de Ayuso, antes de que fuera difundido por los medios.