Sánchez pretende que Junts renuncie a la cuestión de confianza a cambio de endurecer su reforma penal
Está dispuesto a pactar que, además de impedir encarcelar a Puigdemont, la ley registrada por el PSOE persiga el 'lawfare' de los jueces.
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Es la carambola que puede permitir a Pedro Sánchez asegurar el futuro de la legislatura y librarse del cepo que le ha colocado Puigdemont. La reforma judicial registrada el viernes por el PSOE no sólo puede servir para enterrar los procesos penales abiertos a Begoña Gómez y al hermano del presidente del Gobierno.
Se abre ahora la fase de negociación, en la que el PSOE ofrecerá a Junts pactar enmiendas para incluir en el texto más medidas para neutralizar a jueces por presunto lawfare, a cambio de que el partido de Puigdemont renuncie a la exigencia de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza.
El próximo jueves puede ser una fecha clave: la Mesa del Congreso debería admitir a trámite la iniciativa que registró Junts, en la que exige que Sánchez se someta a una cuestión de confianza para comprobar si aún tiene el respaldo mayoritario de la Cámara. Es el requisito que plantea Puigdemont para negociar los Presupuestos del Estado de 2025.
La Mesa que preside Francina Armengol ha aplazado varias veces esta decisión desde el pasado 17 de diciembre. Para ello solicitó un dictamen a los letrados del Congreso, que constata que la proposición de ley no tiene efectos jurídicos y, por tanto, no obliga al Gobierno a cumplirla.
De este modo, el PSOE ha ganado tiempo para intentar alcanzar un acuerdo con Junts en Suiza.
La reforma judicial registrada el viernes por Patxi López, que limita el papel de la acusación popular y amplía los motivos de recusación de los jueces, abre ahora un nuevo campo de oportunidades para el Gobierno ante su socio de Bruselas.
Junts se apresuró a anunciar que presentará una enmienda a la totalidad, con un texto alternativo, por considerar que la iniciativa del PSOE es insuficiente para solucionar "el problema estructural" de la Justicia española.
"El lawfare y la politización de la Justicia", advirtió el viernes el partido de Puigdemont, "han afectado a los independentistas durante años. Si los socialistas hubieran actuado antes, y no hubieran mirado a otro lado, la dictadura de las togas no seguiría actuando impunemente".
Fuentes próximas a los negociadores indican que el PSOE va a intentar pactar con Junts un paquete de enmiendas que incorpore a la reforma legal medidas para neutralizar a los jueces que hayan podido incurrir en lawfare, según la tesis de los independentistas. Como hizo ya el PSOE en la ley de amnistía, que hasta ahora no ha servido para que Puigdemont pueda regresar a España.
A cambio, los negociadores del PSOE pedirán a Puigdemont que renuncie a la exigencia de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, que pondría en evidencia su falta de apoyos parlamentarios.
Como ha informado EL ESPAÑOL, la proposición de ley registrada el viernes por el PSOE en el Congreso (que el PP ya ha bautizado como la "ley Begoña") no sólo beneficiará a la familia de Pedro Sánchez, sino también a Puigdemont, al neutralizar el papel de la acusación popular.
Tras la aprobación de la ley de amnistía, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pidieron al magistrado del Supremo Pablo Llarena que dejara sin efecto la orden nacional de detención contra el expresidente de la Generalitat.
Pero Llarena pudo mantenerla porque así lo pidió Vox, que ejerce la acusación popular en la causa.
La disposición transitoria que el PSOE ha incorporado a la reforma judicial indica que tendrá efectos sobre las causas que se encuentren en curso, en su entrada en vigor, lo que ha causado el estupor de todas las asociaciones de jueces.
El texto además amplía los motivos de abstención y recusación de los jueces que hayan manifestado públicamente su "acuerdo o desacuerdo con actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades, públicas o privadas, que sean parte en el procedimiento (...) o participar en actos o concentraciones con idéntico objeto,
comprometiendo su independencia o imagen de imparcialidad".
Miles de jueces participaron en toda España en las concentraciones convocadas en diciembre de 2023 por sus asociaciones, para expresar su rechazo a la aprobación de la ley de amnistía. Algo que puede convertirse ahora en un motivo de recusación contra ellos, cuando entre en vigor la reforma que impulse el PSOE.
Pero, indican las mismas fuentes, los socialistas están dispuestos ahora a ir un poco más lejos, para pactar con Junts enmiendas que incluyan el supuesto lawfare (uso abusivo de la Justicia con motivos políticos) como motivo de recusación de los jueces.
De este modo, Puigdemont no sólo se libraría de la orden nacional de detención dictada por Llarena (que decaería sin el impulso de la acción popular de Vox).
Además podría forzar el archivo de las causas judiciales en las que aún está implicado (la fundamental, sobre la organización del referéndum del 1-O), acusando de lawfare a los magistrados que, según su tesis, han "perseguido" injustamente a todo el movimiento independentista.
Un atajo legal
Al registrar la iniciativa como proposición de ley del PSOE (y no como proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros), el Gobierno ha eludido la obligación de solicitar el dictamen de órganos como el CGPJ, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal.
Este atajo tiene otra ventaja para el Gobierno de Sánchez, ya que acorta sensiblemente los plazos de tramitación de la norma. Algo imprescindible en un momento en el que Puigdemont apremia al PSOE a cumplir cuanto antes sus compromisos (entre ellos, que se pueda beneficiar de la amnistía) si quiere seguir contando con el apoyo de los siete diputados de Junts.