Ilustración: Tomás Serrano

Ilustración: Tomás Serrano

Política

El Gobierno cruza otra línea roja contra los jueces: el ministro de Justicia dice que el Supremo acusa "sin base probatoria"

El ataque de Bolaños al magistrado Hurtado se produce un mes después de que la presidenta del CGPJ saliese al paso de las críticas del Gobierno a los jueces. 

Más información: El juez del Supremo llama a declarar como investigado al fiscal general al ver apuntalados los indicios de revelación

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Hasta este miércoles, Félix Bolaños era de los pocos ministros que evitaban referirse peyorativamente a la labor de un juez. En su caso, como responsable del Ministerio de Justicia, se imponía la contención en las críticas al Poder Judicial, según los cánones del respeto institucional y la separación de poderes.

Pero ayer el Gobierno cruzó una nueva línea. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes atacó al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la relevación de datos tributarios de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso

"Leí con sorpresa que hubiera algunas afirmaciones en ese auto y que, con todo respeto, yo querría preguntar en qué se fundamentan, en qué se sustentan, porque realmente no existe ninguna base probatoria y ninguna evidencia que acredita lo que se dice", dijo el ministro.  

Bolaños criticaba en concreto una resolución del magistrado Hurtado fechada este lunes. En ella se cita a declarar como investigado a García Ortiz el próximo 29 de enero al ver "apuntalados" los indicios de que "dirigió" la filtración a los medios de un correo electrónico comprometedor para el empresario Alberto González Amador, novio de Ayuso.

El auto apunta también a Moncloa al afirmar que el correo electrónico de la defensa de González Amador reconociendo la infracción tributaria tuvo "salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno"

El ministro pronunció sus críticas contra el juez que investiga al fiscal general precisamente delante del fiscal general. Ambos presidían este miércoles la ceremonia de entrega de los despachos de los nuevos fiscales. 

De hecho, Bolaños se mostró convencido de que "la verdad se abrirá paso" y que habrá una resolución del Supremo fundamentada en pruebas donde se acredite que García Ortiz "cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad".

Llama la atención que, hace justo un año, también en la promoción de fiscales, Bolaños defendiera públicamente al Poder Judicial frente a los ataques de los socios parlamentarios de Sánchez: "Este Gobierno defenderá siempre a los jueces". Doce meses después, él mismo arremete contra el auto de un magistrado. 

Fuentes del Gobierno señalan a EL ESPAÑOL que los ministros tienen "derecho a no coincidir con las resoluciones" judiciales para justificar, en este caso, sus ataques al Supremo.

"No queremos que los ministros sentencien ni valoren pruebas", lamentó Borja Sémper, del PP, para quien es "un puñetero escándalo" que un miembro del Gobierno "avance lo que debería de sancionar un juez". Para Miguel Tellado, portavoz en el Congreso de los populares, Bolaños, al igual que el fiscal general, debería dimitir cuanto antes porque no se puede "naturalizar la corrupción".

El único precedente de un ministro de Justicia criticando a un magistrado se remonta a abril de 2018, cuando aún gobernaba el PP de Mariano Rajoy. Su ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que el magistrado que firmó el voto particular de la sentencia de La Manada, en la que pedía la absolución de los cinco condenados, tenía un "problema particular"

Todas las asociaciones de jueces y fiscales pidieron la dimisión de Catalá al considerar "una temeridad" que el ministro sembrara públicamente dudas sobre la capacidad de un magistrado. Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición, también le señaló la puerta de salida: "Si acusa, que aclare, y si no, mejor estar callado, que no sea torpe. Y si no puede o no quiere, que asuma responsabilidades". También defendió la necesidad de "respetar la división de poderes".

Contra los jueces

Bolaños no es el único que ha cargado en las últimas horas contra el Supremo por investigar a García Ortiz. Pilar Alegría, ministra portavoz del Gobierno, acusó este martes al juez Hurtado de basarse en "elucubraciones" para apuntar a la implicación de Moncloa en el caso del fiscal general. Y Fernando Grande-Marlaska, juez de carrera, criticó el auto del magistrado porque, en su opinión, "no motiva" ni justifica su decisión.

El ministro de Justicia se suma así a otros miembros del Gobierno y dirigentes socialistas que no ahorran en descalificativos contra los jueces. Óscar López, ministro para la Transformación Digital, llamó sin ambages al juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, "prevaricador". Óscar Puente, ministro de Transportes, llegó a sostener que "negar que hay casos de lawfare en este país es un gesto de cinismo". Patxi López, portavoz parlamentario del Grupo Socialista, afirmó que "existen jueces que hacen activismo político".

El propio presidente del Gobierno sugirió el pasado 11 de diciembre en un encuentro con periodistas que el PP recibe información privilegiada de los jueces y ello le permite "jugar con las cartas marcadas en la Justicia". Aquello le costó la primera réplica pública de la nueva presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, que salió al paso de la declaración de Sánchez rechazando que se atribuyan "sesgos políticos" a los jueces.

Sánchez es el primer presidente del Gobierno de la democracia en querellarse contra un magistrado. Recurrió a la Abogacía del Estado para acusar de prevaricación al juez que investiga a su mujer, Juan Carlos Peinado. Lo hizo pese a ser advertido por los propios asesores de Begoña Gómez de que esa querella no iba a ir a ningún sitio, como así fue.

El Gobierno parece haber asumido los postulados de Junts, ERC y Podemos sobre el lawfare —guerra jurídica o utilización del sistema judicial contra los adversarios políticos— ahora que varios procesos penales acorralan al entorno de Pedro Sánchez. Su mujer, Begoña Gómez, está siendo investigada por supuestos delitos de corrupción; su hermano, David Sánchez, por la supuesta creación ad hoc de un cargo en la Diputación de Badajoz; su antigua mano derecha en el PSOE y en el Gobierno, José Luis Ábalos, también por una presunta trama de corrupción.  

Aunque Moncloa abrió la veda, Bolaños trataba siempre de evitar la confrontación con los jueces. De hecho, el pasado 24 de abril, en una reunión que mantuvo con la Sala del Gobierno del Tribunal Supremo, Bolaños escuchó directamente el malestar de los magistrados por los "silencios del Gobierno" cuando la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, tachaba a los jueces de delincuentes desde la tribuna del Congreso.