![Michael McGrath, comisario de Justicia, en el Parlamento Europeo.](https://s1.elespanol.com/2025/01/27/espana/politica/919668886_252645713_1024x576.jpg)
Michael McGrath, comisario de Justicia, en el Parlamento Europeo.
Bruselas investiga si el 'gran hermano turístico' de Marlaska vulnera la normativa de protección de datos de la UE
La Comisión Europea recuerda por escrito que "el objetivo es reducir un 25 % las cargas administrativas" a las empresas turísticas "sin socavar los objetivos" de seguridad que el Gobierno dice buscar con su decreto.
Más información: El 'Gran Hermano' en los hoteles: esta es la larga lista de datos que te piden ahora al reservar una habitación.
La Comisión Europea está investigando al Gobierno de España por una presunta vulneración de la normativa europea de protección de datos. El Real Decreto 933/2021, conocido como el Gran hermano turístico, entró en vigor el pasado diciembre, aumentó hasta 42 los datos personales de sus clientes que deben recabar los hoteles, empresas de alojamientos turísticos y compañías de alquiler de vehículos.
La norma establece "las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor". Según Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, se trata de una norma necesaria para la seguridad estratégica y la lucha antiterrorista.
Pero las empresas del sector turístico españolas ya presentaron una carta a las instituciones europeas el pasado diciembre, con un decálogo de quejas entregado al comisario de Turismo, el griego Apostolos Tzitzikostas. El documento, al que tuvo acceso este periódico, le fue entregado por el eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz.
Ahora, la Comisión ha confirmado por escrito que investiga esta legislación "a la luz de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos".
Según una respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por la portavoz popular en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del PPE, Dolors Montserrat, es el comisario de Justicia, Michael McGrath, el que reconoce estar evaluando el decreto por esa posible vulneración del derecho comunitario.
Eso sí, la Comisión advierte de que, entretanto resuelve esta investigación, debe quedarle claro al Ejecutivo español que todo apunta a que está yendo por el camino contrario al que marca la Unión. Según manifiesta el escrito de McGrath, el objetivo de la Comisión es precisamente "reducir la carga administrativa del sector turístico en un 25%", no aumentarla.
La denuncia del PP Europeo
"No vamos a permitir que Pedro Sánchez invada la vida privada de los ciudadanos porque atenta contra la libertad individual y contra la normativa de protección de datos", apunta Montserrat en declaraciones a este diario. "Este gran hermano no es más seguridad, es más control y vamos a llegar hasta el final en Europa denunciando esta obsesión del Gobierno por controlarlo todo".
En su escrito, el comisario indica que, a escala de la UE, el empeño de Bruselas es reducir "en términos generales" la burocracia y "aportar simplificación, en particular para las pymes", incluidas las empresas turísticas.
"La comunicación de la Comisión establece que, sin socavar los objetivos políticos de las iniciativas en cuestión", el objetivo es facilitar el trabajo y rebajar las obligaciones a las empresas implicadas. O lo que es lo mismo, que el objetivo del Gobierno puede ser loable, pero no se debe alcanzar por la vía de dificultar el negocio.
Montserrat lleva denunciando desde hace meses las obligaciones de información impuestas en el denominado gran hermano de Marlaska, recuerdan fuentes del PP Europeo. El sector turístico, de hecho, ya levantó todas las alarmas en los meses anteriores a la entrada en vigor del decreto, el 2 de diciembre.
Según advierten, no es sólo la carga administrativa de trabajo, que ralentiza los registros en hoteles, residencias y oficinas de rent a car, también es el riesgo de ser depositarios de hasta 42 datos personales, "muchos de ellos sensibles, de índole parental y financiero, de todos sus clientes", con multas por infracciones graves de hasta 43.000 euros.
A juicio de los populares, "España no puede legislar en contra de lo que marca la Comisión Europea y mucho menos abrir una crisis en el sector turístico, uno de los pilares fundamentales de nuestra economía".
La Comisión atenta
Ya en diciembre, era otro comisario, en este caso el de Turismo, el que advirtió en el Parlamento Europeo contra la medida del Gobierno español, que aumentaba de 13 a 42 los datos personales que debe entregar el usuario: "Hay que evitar la burocracia y el papeleo".
Este es un tema, recordó entonces Giménez Larraz, que no sólo preocupa en nuestro país. "Las asociaciones turísticas de ámbito europeo se han puesto de acuerdo para mostrar su frontal oposición a la legislación de uno de los países de la Unión", por lo que pidió que la Comisión interviniera.
En lenguaje de la UE, la respuesta de Tzitzikostas fue de las más claras que la diplomacia comunitaria se suele permitir.
El comisario advirtió públicamente de que "es necesario trabajar para evitar la burocracia y el papeleo cuando recogemos datos". Y alertó señaló que trabajará sobre la necesidad de "aligerar los procedimientos mucho" para "utilizar de manera adecuada datos e indicadores, sin añadir una carga administrativa suplementaria a las pymes" del sector.