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La Ejecutiva del PNV, con Andoni Ortuzar en el centro, frente al palacete del Instituto Cervantes en París.
Sánchez habla de la Gestapo para dar el palacete de París al PNV pero tres sentencias en Francia lo otorgaron al Estado
Todos los indicios apuntan a que el PNV no es el legítimo dueño y el Gobierno no ha hecho públicos los documentos que, en teoría, acreditan su titularidad.
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Pedro Sánchez habló este martes del palacete en París que el Gobierno ha entregado al PNV y justificó la decisión asegurando que "se devuelve a su legítimo dueño un inmueble que fue incautado por la Gestapo alemana y el franquismo en los años 30". Además, el presidente calificó de "bulo" el decir que el palacete se "regala" a los nacionalistas.
Sin embargo, lo que Sánchez defendió no está demostrado y, es más, todos los indicios apuntan a que el PNV no es el "legítimo dueño". En concreto, hay tres sentencias dictadas por tribunales franceses que otorgan el palacete al Estado español, no al PNV.
Las sentencias fueron firmadas entre 1943 y 1951; durante la ocupación de Francia, sí, pero también tras la liberación y cuando el país vecino era una democracia en pleno funcionamiento.
El PNV lleva años alegando que el edificio, sito en la avenida Marceau y que alberga actualmente la biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes en París, fue comprado por un testaferro en nombre del partido. El objetivo era que no le fuera incautado y que pudiera albergar la sede del Gobierno vasco en el exilio.
Con la ocupación nazi de Francia, el edificio fue finalmente desalojado por la Gestapo y el régimen de Franco consiguió hacerse con él. Desde entonces, el PNV ha reclamado que le fue incautado, pero no está claro realmente que fuera comprado por el partido y los indicios disponibles apuntan a que pertenecía, en todo caso, al Gobierno vasco. Es decir, al Estado.
Del Consejo de Ministros al Supremo
El PNV pidió al Gobierno de José María Aznar la restitución del edificio o, en su defecto, una compensación económica. Lo hacía en virtud de la Ley 43/1998 de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados que buscaba subsanar los abusos sufridos en este frente durante la Guerra Civil.
Pero el Consejo de Ministros denegó la petición del PNV, en 2001. Por un lado, el Gobierno aseguró que "no es bien que sufriese incautación en virtud de las normas" a las que se refiere la Ley 43/1998. Y, por otro, dijo que había una falta de "acreditación de la titularidad del PNV sobre el inmueble" y que de los documentos aportados "se destaca más bien la vinculación sobre el Gobierno vasco".
Esta resolución del Consejo de Ministros fue recurrida por el PNV y el Tribunal Supremo publicó en 2003 una sentencia al respecto. Aunque no entra a valorar la titularidad, el Supremo subraya que los bienes fueron adquiridos por el Estado español en virtud de tres sentencias.
Se trata de una sentencia del 21 de julio de 1943 dictada por el Tribunal de Instancia del Departamento del Sena, en París. Esta fue corroborada más tarde en su firmeza por el mismo Tribunal el 13 de julio de 1949 y, en otra sentencia del 3 de abril de 1951, por la Corte de Apelación de París.
El Tribunal Supremo estableció, entonces, que la resolución del Consejo de Ministros "se ajusta a Derecho, al denegar la restitución o compensación" de los bienes. Habla en plural porque el PNV también pedía la restitución de otros dos edificios en las localidades de Noyon y Compans.
Aunque el edificio de París se ha llevado toda la atención estos días, el Gobierno de Pedro Sánchez también ha acordado en su decreto ley la compensación al PNV por los dos edificios de Noyon y Compans que el Consejo de Ministros de Aznar acordó no restituir, decisión respaldada por el Supremo.
Cambio a la carta
A pesar de todas estas resoluciones en contra, Pedro Sánchez ha conseguido ceder el palacete al PNV gracias a que la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura desactiva, ad hoc, el fallo del Supremo.
En la disposición adicional novena de la norma, se dicta que las disposiciones previstas en la ley de 1998 serán de aplicación también a los bienes obtenidos en el extranjero en virtud de la ley de 1940 y del acuerdo con las autoridades francesas de 1939. Esta redacción desactiva por completo la sentencia del Tribunal Supremo de 2003.
Además, la ley incluye otro párrafo que dicta que serán considerados beneficiarios de la ley de 1998 los partidos políticos con bienes que "hubiesen pertenecido a personas físicas o jurídicas vinculadas a dichos partidos políticos con carácter fiduciario", en referencia al testaferro.
Con esta redacción también se neutraliza el impedimento que había observado el Consejo de Ministros en 2001 sobre que la titularidad no fuera del PNV.
Según el PNV, el partido ha aportado informes al Consejo de Ministros para demostrar que el edificio es de su titularidad, pero esos informes no se conocen ni son públicos.
Doble decreto
Esta cesión por parte del Gobierno al PNV estaba incluida en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de diciembre y que el Congreso de los Diputados tumbó el pasado miércoles, tras el no de Junts y el PP.
El Gobierno acabó cediendo este martes y aprobó un nuevo decreto ómnibus sólo con algunas medidas del tumbado, pero ha incluido también la cesión del palacete al PNV. Con esto, el Gobierno evita que haya cierta inseguridad jurídica si alguien litiga y deja por escrito que el Instituto Cervantes pagará al PNV un alquiler hasta 2030 por usar el edificio de la avenida Marceau.
Ahora habrá que ver si el Congreso vuelve a tumbar o convalida este nuevo decreto. Sin embargo, esto afectará poco al palacete en términos prácticos, ya que el PNV ya inscribió el inmueble a su nombre tras el primer decreto.