![La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero (d), junto a Unai Sordo (CCOO; i) y Pepe Álvarez (UGT; c).](https://s1.elespanol.com/2025/01/14/actualidad/916419042_252327797_1024x576.jpg)
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero (d), junto a Unai Sordo (CCOO; i) y Pepe Álvarez (UGT; c).
UGT y CCOO mantienen la manifestación del domingo contra la oposición pese al nuevo decreto del Gobierno
Quieren denunciar lo que a sus ojos es un ejercicio de "oportunismo político" del PP y Junts por votar en contra del escudo social la primera vez.
Más información: Doble cesión de Sánchez a Junts: trocea el ómnibus para aprobar medidas sociales y acepta debatir la cuestión de confianza
Los sindicatos no se inmutan con el giro de guion en la estrategia de Moncloa y mantendrán las movilizaciones de este domingo por toda España. La convocatoria, promovida por CCOO y UGT, se había organizado para pedir "un nuevo paquete de medidas" que reemplazasen el decaído decreto ómnibus de la semana pasada, tumbado en el Congreso con los votos de PP y Junts. Ahora ha tomado un nuevo cariz.
El argumento de CCOO y UGT para mantener las manifestaciones es que ya no sólo se reclama la repetición del decreto "íntegramente", como reclamaban los socios del Gobierno, sino denunciar lo que a sus ojos es un ejercicio de "oportunismo político" de la oposición al votar en su contra la primera vez.
Hay otra razón, y es que los sindicatos creen que una cosa es que se haya tramitado el real decreto ley (el de este martes) y otra muy distinta es tener asegurado el apoyo de quienes votaron en su contra la semana pasada, como ocurrió con la negociación del impuesto energético. Creen, además, que al trocear la parte tributaria se ha hecho una concesión "innecesaria".
En un principio, Sánchez no tenía previsto llevar un nuevo decreto hasta la semana que viene, en parte para aprovechar la manifestación y en parte para que calase más hondo el relato sobre la trágica votación del miércoles pasado. Incrementar la presión, en definitiva. Con esto, el presidente pretendía contribuir en la imagen de Alberto Núñez Feijóo como el político que votó en contra de subir las pensiones.
El problema es que el PSOE se quedó solo en esta tesis, mientras que el resto del bloque de investidura -ERC, Bildu, PNV, Podemos y BNG, además de Sumar- instaron a Sánchez a darse prisa para "no hacer sufrir más" a los afectados.
Creían, según señalaron a este periódico, que esa estrategia de desgaste iba a terminar por volverse contra el Gobierno. El motivo: que retrasar el llamado escudo social sería caer en lo mismo que denuncian al PP, o sea, el uso político de la situación. La idea caló y el nuevo decreto, retocado, fue presentado este martes en el Consejo de Ministros.
Este ómnibus 2 tiene una diferencia sideral con respecto a su antecesor: de las más de 80 medidas tumbadas la semana pasada sólo persisten 29, las llamadas "medidas sociales", mientras que las tributarias han quedado olvidadas en un cajón. Las que se mantienen son precisamente las que reclamaban los sindicatos.
El pacto con Junts supone un solo real decreto que incluye —a grandes rasgos— la revalorización de las pensiones, el mantenimiento de las bonificaciones para el transporte público, las ayudas relativas a dana y medidas para combatir las okupaciones ilegales.
Es decir, que el decreto mantendrá también la prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros a las familias declaradas vulnerables. Pero el PSOE ha accedido a incluir también medidas para proteger a los propietarios y garantizar el cobro del alquiler al arrendador, así como "el pago de los desperfectos ocasionados por los okupas o por los morosos en las viviendas".
Doble cesión
La renuncia del Gobierno es por partida doble, porque también ha aceptado, según fuentes de Junts, que la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, acepte tramitar la iniciativa parlamentaria que exigían los de Carles Puigdemont sobre la cuestión de confianza.
Se trata de una proposición no de ley (PNL) que insta al presidente a poner su cargo a disposición del Congreso, pero que en realidad no tiene ningún efecto práctico. Como mucho, le supondría a Sánchez una hora y media de debate incómodo con tintes de moción de censura, pero sin obligarle a nada aunque pierda la votación.
"Es una prerrogativa del presidente del Gobierno", ha recordado, dando a entender que da igual a lo que le urja el Congreso.
Sobre esto, Sánchez cambió de opinión a lo largo del fin de semana, ya que el pasado viernes su exjefe de Gabinete y hoy ministro de Transformación Digital, Óscar López, confirmaba que no aceptarían tramitar esa proposición no de ley.