El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, acude a una reunión de la Mesa el año pasado.

El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, acude a una reunión de la Mesa el año pasado. Carlos Luján Europa Press

Política CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El letrado mayor del Congreso ve "injustificados" los vetos del Gobierno a leyes del PP pero Armengol se salta su criterio

Fernando Galindo ha alertado en varias ocasiones de que el Gobierno no detalla cuánto afectan las leyes a los PGE, según pide la jurisprudencia. 

Más información: El Gobierno usa su 'veto presupuestario' en el Congreso para tumbar leyes del PP que no afectan a las cuentas vigentes

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El letrado mayor del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo, ha calificado de "injustificados" algunos de los vetos presupuestarios que el Gobierno ha estado usando para tumbar leyes del PP. Pero la Mesa, presidida por Francina Armengol, se ha saltado su criterio jurídico en varias ocasiones, permitiendo que el veto prospere.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha ignorado a Galindo en al menos dos ocasiones, cuando este ha alertado de que los vetos planteados por el Gobierno no incluían los argumentos suficientes y no quedaba claro si afectaban a los Presupuestos en vigor.

Saltarse el criterio jurídico de Galindo es posible, ya que la decisión última de si un veto prospera o no le corresponde a la Mesa, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, y las consideraciones de Galindo no son vinculantes. Ello, aunque es el letrado encargado de que asesorar que las decisiones se ajustan a la ley.

El Gobierno tiene derecho a vetar aquellas normas o enmiendas que supongan un aumento del gasto presupuestario o que reduzcan los ingresos de las cuentas públicas. Así lo establece la Constitución. Pero la doctrina del Tribunal Constitucional indica que dicho veto tiene que ser justificado y que sólo se puede aplicar si afecta a los Presupuestos en vigor.

Tal y como ya publicó este diario, el Ejecutivo ha vetado a lo largo de esta legislatura seis proposiciones de ley y cuatro enmiendas del PP recurriendo a esta fórmula, a pesar de que las normas no afectaban a los Presupuestos actuales. Ha sido en dos de estas ocasiones que Galindo ha llegado a advertir de que el veto no estaba justificado, pero no ha tenido efecto.

Fuentes cercanas a Francina Armengol reconocen que en algunas leyes "se ha planteado el debate jurídico respecto a si implicaban de manera indudable compromiso presupuestario en el ejercicio en curso". "Pero en los últimos vetos, por ejemplo, la resolución ha sido clara: implicaban gasto y, por tanto, el Gobierno tenía derecho a veto", añaden.

Desde el PP, en cambio, interpretan que Armengol "actúa como la delegada del Gobierno en el Congreso y somete a la Cámara Baja a las directrices que le marca Sánchez a través de los miembros de la Mesa que pertenecen a los partidos del Gobierno de coalición". "Incluso, si hace falta, rechazando los argumentos jurídicos" de Galindo.

Las alertas de Galindo

Según fuentes de la Mesa, en la reunión del pasado 20 de octubre se trató el veto del Gobierno a una proposición de ley del PP en apoyo del sistema alimentario español. En la misma, Galindo subrayó que el veto del Gobierno "no precisaba a cuánto ascendería la afectación presupuestaria".

Galindo también señaló que precisar ese detalle era "exigible de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". El diputado del PP, José Antonio Bermúdez de Castro pidió, bajo esa premisa, que no se aceptara el veto, pero el debate se zanjó a favor de la posición del Gobierno.

Algo similar ocurrió en la reunión de la Mesa del 20 de noviembre, según relatan las fuentes. En ese momento se estaba calificando la proposición de ley de conciliación del PP y Galindo volvió a repetir que en el veto no se concretaba la cuantía que se vería afectada.

En esta ocasión, el letrado mayor llegó incluso a citar la sentencia del Tribunal Constitucional 132/2023 y añadió que es la doctrina que se ha mantenido en los últimos años. Bermúdez de Castro volvió a intervenir y dijo que "es evidente que el veto no se ajusta a las exigencias que se derivan de la jurisprudencia constitucional".

También criticó en la reunión que el Ejecutivo estaba haciendo "un uso ilimitado y arbitrario de la facultad de oponerse a las iniciativas del PP". La mayoría de la Mesa, sin embargo, volvió a respaldar el veto del Gobierno, apartándose así del criterio de Fernando Galindo.

Este diario se ha puesto en contacto con fuentes de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes (el órgano encargado de trasladar el veto del Gobierno) para preguntar por esta práctica y no ha obtenido respuesta.