Salvamento Marítimo desembarca a 60 migrantes, varios de ellos menores, que llegaban en patera a Lanzarote (Canarias) a inicios de enero.
Moncloa asumirá su 'descontrol' migratorio en el decreto que reubicará 4.500 menas entre las autonomías antes del verano
El decreto pactado incluirá la declaración de emergencia migratoria, pero las simulaciones dejan fuera a País Vasco y Cataluña del reparto de menores de Canarias y Ceuta, y no se garantizan fondos hasta la mayoría de edad.
Más información: Moncloa acuerda con Canarias la salida de 4.000 menas a la península y el PP exige que los tutele el Gobierno, no las CCAA.
El decreto ya está redactado y, en los primeros días de la semana que viene, el Ministerio de Juventud e Infancia hará las simulaciones sobre los criterios de reparto esbozados. El Gobierno está decidido a reubicar 4.000 menores extranjeros no acompañados (menas) procedentes de Canarias y otros 500 de Ceuta e imponerle su tutela a las Comunidades Autónomas peninsulares.
Según fuentes de la negociación, el Gobierno de España reconoce su "descontrol" migratorio en el texto acordado entre el ministro Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo, presidente de Canarias.
Y eso "no es poca cosa", teniendo en cuenta la cerrazón de Moncloa para rectificar un milímetro su defensa de las políticas de Pedro Sánchez en los últimos meses.
Así consta en el texto legal acordado, según las fuentes de la negociación consultadas por este diario. La medida aliviará en parte la "emergencia humanitaria" de las islas, que ahora mismo asume la guardia y custodia de más de 6.000 chicos y chicas procedentes del África Occidental.
Y, si se cumplen sus previsiones, prácticamente vaciará los centros de acogida del enclave español fronterizo con Marruecos. Ceuta, según fuentes oficiales, acoge en estos momentos no más de 550 menas.
En las próximas fechas, la Abogacía del Estado estudiará si la vía del real decreto es el instrumento jurídico adecuado, o es preferible la de la proposición de ley. Moncloa opta por esta segunda vía que, aunque sea por el procedimiento de urgencia, "permite visualizar en los debates del Congreso la postura ultra del Partido Popular".
Por su parte, los negociadores de Canarias, que representan también a Ceuta, prefieren el decreto. Primero, porque es "mucho más rápido y efectivo". Y segundo, porque los populares gobiernan la ciudad autónoma y forman parte de la coalición de gobierno en Canarias.
Es decir, para evitarle en lo posible al ceutí Juan Jesús Vivas y al canario Manolo Domínguez más tensiones de las necesarias en la "doble lealtad" que a ambos divide en estos meses: con sus ciudadanos y con su partido.
Negociaciones rotas
Porque hace ya dos meses que el PP dio por rotas las negociaciones con el Gobierno, que buscaba en los de Alberto Núñez Feijóo los votos para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ésa era la vía elegida por Moncloa para articular este reparto de menores, ante la que los populares advirtieron que se negarían si no se aceptaban determinadas condiciones.
A saber: un criterio de reparto proporcionado a las capacidades de cada Comunidad Autónoma; financiación "hasta la mayoría de edad de los menores" por parte del Estado; una "rectificación de 180 grados" en la política migratoria del Gobierno; y la petición de recursos económicos, logísticos, humanos y políticos a la Unión Europea.
A todo eso se negó siempre el ministro de Política Territorial. Y el pasado 5 de diciembre, fracasó la última reunión. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, acusó a los ministros Torres y Sira Rego de "presumir de que su política es la adecuada", y a la salida dio por rotas las conversaciones.
En la cita estaban también el ceutí Vivas y el canario Clavijo que, ese día, tomó una decisión y se puso manos a la obra. Se olvidó del PP, aunque con él firmara un plan migratorio en septiembre y con él gobierne las islas en coalición, y buscó nuevas alianzas.
En apenas una semana, el líder nacionalista canario había firmado un acuerdo con el lehendakari Imanol Pradales y había cerrado el apoyo de Carles Puigdemont a la propuesta. Los criterios de reparto pactados con ellos, y que ahora estudia el Gobierno, dejaban fuera al País Vasco y a Cataluña de la reubicación de los menores.
Y aunque la llevó el viernes 13 de diciembre a la Conferencia de Presidentes, no halló eco ni entre el resto de barones autonómicos ni entre los representantes del Gobierno.
Moncloa rectifica
Sin embargo, la pericia de Clavijo para asegurarse los votos necesarios en el Congreso suscitó el interés de Moncloa, y se reabrieron las conversaciones, ya sin los populares. Por eso es tan sustancial el reconocimiento por parte del Gobierno del "descontrol" migratorio en el texto acordado.
Según las fuentes consultadas, el documento incluye expresiones como "entrada inopinada y masiva" de migrantes. Moncloa reconoce que los menores llevan meses, si no años ya, "en situación de hacinamiento" en Ceuta y Canarias. Y que hay una "profunda crisis de los sistemas de acogida" en ambos territorios.
Es más, el borrador del decreto para el que ya han dado su acuerdo tanto el Gobierno de la nación como los autonómicos canario y ceutí añade incluye, "eso sí, sin mencionarla expresamente", la declaración de emergencia migratoria.
Según las fuentes citadas, esto es otra claudicación de Moncloa, porque el texto "prevé la posibilidad de aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público", que es el que regula expresamente la "tramitación de emergencia".
Ésta era una de las primeras exigencias del PP, al inicio de las negociaciones, para que sus CCAA pudieran licitar rápidamente centros de acogida y contratar de urgencia educadores, trabajadores sociales, sanitarios, etc.
15 días para la entrega
En todo caso, el borrador del decreto anticipa que la Comisión Interministerial de Inmigración decidirá cuál es "el órgano competente de la Administración General del Estado" que imponga "el principio constitucional de solidaridad territorial".
Y que una vez designado, este órgano gubernamental "notificará con una anticipación mínima de 15 días naturales" a la Comunidad Autónoma elegida "el lugar, la fecha y la hora, además de las condiciones" de la entrega del contingente de menas asignados.
Lo que no aclara el texto pactado es si el Estado ofrecerá la financiación exigida desde el principio por el PP, Canarias y Ceuta. Es decir, fondos que cubran todos los gastos de cada menor hasta los 18 años.
Hay que recordar que, en una reunión secreta celebrada el pasado agosto, todas las partes llegaron a un principio de acuerdo para que las CCAA se hicieran cargo de los menores asignados hasta el 100% de sus capacidades.
Desde ahí hasta el 150% de sobreocupación, los menas seguirían a cargo de la tutela autonómica, pero con financiación estatal. Y una vez superada esa barrera, el Gobierno se haría cargo "con sus propios recursos financieros y humanos" de la tutela de cada niño o adolescente.
Todo eso quedó supeditado al acuerdo del Ministerio de Hacienda, que siempre fue reticente a aceptarlo. Porque además, las partes exigían una financiación garantizada por niño hasta la mayoría de edad, "ya que ahora el Gobierno aporta ayudas sólo para el primer año de estancia del menor".
El decreto pactado, afirman las fuentes, sólo habla de "financiación suficiente".
Y eso será, sin duda, un escollo para que el PP y las 10 CCAA peninsulares que gobierna, asuman esta "solidaridad impuesta". Porque, a falta de afinar las simulaciones, hay que recordar que, en principio, vascos y catalanes no participarán en el reparto "al estar ya sobreocupadas".
Según las fuentes consultadas, esas simulaciones matemáticas para decidir cuántas plazas se completarán a lo largo de la semana que viene.
"Antes de 15 días", está previsto que el texto del decreto le llegue a los grupos políticos en el Congreso.
Si se cumplen los plazos de urgencia, a finales de febrero podría estar aprobada la norma.
Y, dados los "cinco meses de plazo máximo" que prevé el texto para sacar a los menores de Canarias y Ceuta, en julio deberían estar los 4.500 menas en las CCAA de la Península.
