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Ningún país de la UE ha cedido a sus regiones el control de las fronteras y la inmigración como exige Junts para Cataluña
Puigdemont reclama desde Bruselas que Cataluña pueda fijar cupos de extranjeros residentes y efectuar deportaciones.
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Ningún país de la UE ha transferido a sus gobiernos regionales las competencias sobre el control las fronteras y la gestión "integral" de la inmigración, como reclama Junts para avanzar hacia la soberanía de Cataluña.
Esta exigencia es la clave del pulso que Carles Puigdemont mantiene con el presidente Pedro Sanchez, y que provocó que, hace diez días, los siete diputados de Junts pusieran en jaque al Gobierno al tumbar el decreto ómnibus.
Junts exige cerrar el acuerdo sobre inmigración antes de que, en el plazo de un mes, el Congreso debata la iniciativa registrada en diciembre, en la que pide que Pedro Sánchez "considere la posibilidad" de someterse a una cuestión de confianza, para comprobar si aún tiene el respaldo mayoritario del Parlamento.
El PSOE ya ha comenzado a moverse. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció en noviembre que los Mossos d'Esquadra asumirán la seguridad de los puertos y aeropuertos de Cataluña (lo que supondrá la retirada de Policía Nacional y Guadia Civil de estas instalaciones), algo a lo que hasta ese momento se había opuesto el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Pero no es suficiente. Puigdemont reclama desde Bruselas tres cuestiones que tienen difícil encaje constitucional: que los Mossos asuman además el control de las fronteras y que la Generalitat tenga la capacidad fijar el cupo de extranjeros que pueden residir en Cataluña y de expulsar a inmigrantes.
Todo ello, mientras el Gobierno intenta pactar con el PP la reforma de la ley de extranjería, para repartir entre las comunidades autónomas los cerca de 4.000 menores inmigrantes no acompañados que se encuentran hacinados en Canarias.
En su sentencia sobre el Estatut dictada en 2010, el Tribunal Constitucional determinó que "sería claramente inconstitucional" que la Generalitat pretendiera asumir determinadas facultades sobre inmigración, exclusivas del Estado, como el control de los cupos o flujos de inmigrantes que se instalan en Cataluña.
El artículo 149.1.2ª de la Constitución establece que "el Estado tiene competencia exclusiva" en las materias sobre "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo".
De acuerdo con aquella sentencia del Constitucional, varias comunidades autónomas (como Andalucía, Baleares o la Comunidad Valenciana) sí han asumido en sus estatutos, al igual que Cataluña, facultades sobre la integración de los inmigrantes, en aspectos como la asistencia social, la sanidad, la formación y la tramitación de permisos de trabajo.
Traspasar el control de fronteras y el establecimiento de cupos de inmigrantes residentes constituyen, en principio, dos líneas infranqueables en la Constitución. No obstante, para apaciguar a Puigdemont, el Gobierno podría recurrir al artículo 150 de la Carta Magna que permite "delegar" en una Comunidad autónoma la gestión de una competencia exclusiva del Estado.
Esta transferencia debe efectuarse mediante una ley orgánica que precisa una mayoría absoluta de 176 diputados para ser aprobada en el Congreso.
El Gobierno está más lejos de poder cumplir las otras dos exigencias que plantea Puigdemont antes de hablar de los Presupuestos. Pese a la insistencia del ministro José Manuel Albares, el Gobierno polaco descarta que se pueda aprobar durante su presidencia de turno (que concluye en julio) el uso oficial del catalán en las instituciones de la UE.
Aunque Sánchez prometió que España asumirá todos los gastos de intérpretes y traducción de documentos, entre los 27 persisten fuertes recelos sobre la justificación, la viabilidad y, ante todo, sobre el precedente que esta iniciativa sentaría ante otras minorías de la Unión.
En tercer lugar, Junts exige al Gobierno que actúe con contuntencia contra los jueces (a los que acusa de lawfare) que han determinado que no se puede aplicar la amnistía a Puigdemont, a la espera de que se pronuncien el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La reunión de urgencia que celebraron el viernes en Madrid el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el número dos de Junts, Jordi Turull (esta vez sin mediador internacional), no sirvió para desbloquear ninguno de estos asuntos.
Si se cierra el acuerdo sobre inmigración, Cataluña sería un caso único, pues ningún otro país de la UE ha delegado estas competencias en sus gobiernos regionales. Sólo países como Bélgica y Alemania han depositado en sus regiones facultades relativas a la acogida e integración de los inmigrantes, aunque las pretensiones de Puigdemont van mucho más lejos.
Hay un hilo conductor en este proceso. Las tensiones sociales derivadas de la inmigración irregular están detrás del auge de los partidos de extrema derecha en naciones como Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Suecia.
También en Cataluña, Junts se ha visto arrastrado a esta dinámica por Aliança Catalana, el partido independentista y xenófobo de Sílvia Orriols (quien acaba de perder una cuestión de confianza como alcaldesa de Ripoll), que vincula la inmigración ilegal con la delincuencia.
Tras la aprobación, en 2023, del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, las políticas sobre inmigración se han convertido en una cuestión comunitaria esencial que supera con creces, no ya el ámbito regional, sino el de los Estados miembros.
Según las últimas cifras de Eurostat, en 2023 residían en la UE 27,3 millones de personas procedentes de países extracomunitarios, lo que supone el 6,1 % de la población de la Unión. Tan sólo en 2022, entraron en la UE 5,1 millones de inmigrantes procedentes de terceros países, más del doble que en el año anterior.
Francia
En Francia residen actualmente 5,6 millones de extranjeros, de los que 4 millones procedentes del exterior de la UE, según Eurostat. Las colonias más numerosas son las procedentes de su antigua colonia de Argelia (supone cerca del 20% de la población extranjera), Marruecos (12,5%) y Portugal (7,5%).
El nuevo ministro de Interior, Bruno Retailleau, anunció el pasado día 24 la decisión de endurecer los requisitos para regularizar a los inmigrantes ilegales. Deberán acreditar al menos siete años de residencia en el país y el conocimiento de la lengua francesa mediante una certificación oficial.
Además, el solicitante deberá firmar una declaración en la que se compromete a respetar los valores de la república como "la libertad personal, la libertad de expresión y de conciencia, la igualdad entre mujeres y hombres, la dignidad de la persona humana, el lema y los símbolos de la República en su conjunto".
La Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que promete mano dura contra los inmigrantes, ganó la primera vuelta de las elecciones legislativas celebradas en Francia el pasado 30 de junio con el 33% de los votos, pero finalmente se vio superada por el Nuevo Frente Popular en la segunda vuelta.
Italia
La población extranjera asciende a 5,1 millones de personas, de las que 3,7 millones proceden del exterior de la UE. Las colonias extranjeras más numerosas son las procedentes de Rumanía (algo más de un millón), Albania (416.000), Marruecos (415.000), China (307.000) y Ucrania (más de 250.000), debido al éxodo provocado por la guerra.
Tan sólo en el año 2022, Italia notificó la entrada de más de 400.000 inmigrantes irregulares, según Eurostat. No obstante, esta tendencia se ha revertido: las llegadas por mar se redujeron un 62% a lo largo de 2024.
Giorgia Meloni se convirtió en presidenta del Consejo de Ministros con un duro mensaje contra la inmigración. Se proponía construir campos de acogida en Albania para deportar a los inmigrantes que llegan por mar, pero de momento este proyeto ha encallado en la Justicia.
Tras la enorme avalancha de irregulares llegados a las costas italianas en 2023, la UE promovió un Memorándum de Entendimiento con países de origen como Túnez, para que refuercen la vigilancia en sus aguas y acepten la repatriación de sus irregulares.
Bélgica
En Bélgica residen 606.000 ciudadanos extracomunitarios, según Eurostat. No obstante, las principales colonias extranjeras proceden de otros países de la UE: 178.000 franceses, 166.000 holandeses, 153.000 italianos y 123.000 rumanos. Les siguen en importancia los marroquíes (82.000).
Las competencias sobre el derecho de residencia son exclusivas del Parlamento y el Gobierno central. Las regiones belgas sí son las encargadas de aplicar el derecho laboral a los inmigrantes (de acuerdo a la legislación federal), así como su acogida e integración (materia en la que pueden dictar normativas propias).
Alemania
Alemania cuenta con una población extracomunitaria de 7,7 millones de personas. Tan sólo en el año 2022 contabilizó la entrada de 2,1 millones de inmigrantes. Las colonias más numerosas con las de Turquía (1,3 millones), Ucrania (un millón de residentes) y Siria (882.000). Le siguen dos países de la UE: Rumanía (834.000) y Polonia (784.000), según Eurostat.
En Alemania los ayuntamientos y los länders (el equivalente a las comunidades autónomas españolas) son los responsables de sufragar la acogida a los inmigrantes y demandantes de asilo, lo que suponía una factura que ronda los 4.000 millones de euros anuales. Hasta que la situación se ha vuelto insostenible.
En noviembre de 2023, el canciller Olaf Scholz alcanzó un acuerdo con los 16 länders para repartir estos costes, reducir la prestación social a los inmigrantes acogidos (recibían 182 euros al mes, que han sido sustituidos por vales para comprar productos básicos) y agilizar las deportaciones a los que se deniega finalmente la petición de asilo.
Sin embargo, estas soluciones no han sido suficientes. Con la extrema derecha de Alternativa para Alemania acechando en las urnas, el pasado mes de junio los representantes de los 16 länders pidieron al Gobierno federal que estudie nuevas medidas, como los campos de deportación prometidos por Meloni en Albania.
Países Bajos
La nueva coalición de gobierno presidida por Dick Schoof (que incluye al ultraderechista Partido por la Libertad de Geert Wilders) pidió el pasado mes de septiembre que los Países Bajos queden excluidos del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE. Y un mes más tarde, anunció la intención de establecer controles en sus fronteras, para devolver a los inmigrantes llegados desde Alemania y Bélgica, lo que en la práctica supondría la suspensión del espacio Schengen de libre circulación de personas.
Según Eurostat, Países Bajos acogía en 2023 a 713.000 inmigrantes extracomunitarios. Tan sólo aquel año, su Gobierno recibió 48.500 solicitudes de asilo y reagrupación familiar, fundamentalmente de ciudadanos sirios, turcos, yemeníes y somalíes.
Regiones ultraperiféricas
Cinco millones de personas residen en las regiones ultraperiféricas de la UE, que incluyen a las islas Canarias (España), las regiones autónomas portuguesas de Madeira y las Azores, y seis departamentos franceses de ultramar: la Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, la Reunión y San Martín.
El Parlamento Europeo aprobó en 2022 una resolución que alertaba de que estas regiones "se enfrentan a la llegada de un gran número de migrantes, que a veces superan con creces a la propia población local, y que no están en situación de poder suministrar los medios necesarios de acogida y ayuda". Por ello reclamaba a la UE un plan que aporte "soluciones coordinadas a escala europea".
Desde 2007, las islas y regiones periféricas de la UE venían denunciando que, debido al elevado "ritmo de llegadas de inmigrantes de forma irregular en embarcaciones precarias, particularmente a Sicilia, Malta, Canarias, Guadalupe y Creta, los costes de la atención humanitaria imprescindible han venido gravitando sobre los pequeños presupuestos de los municipios o gobiernos insulares y regionales, afectando de modo significativo a sus recursos financieros".
Como consecuencia de ello, sus autoridades "tienen que gestionar esta crisis humanitaria sin contar con los recursos económicos adecuados ni con los medios políticos para hacerlo con eficacia, puesto que en todos los casos la competencia en materia de extranjería, vigilancia de fronteras y seguridad recae en los Estados de la Unión".
Una situación que ahora sufre Canarias de un modo especialmente acuciante, con más de 4.000 menores inmigrantes no acompañados en el último año. Sin embargo, la aritmética parlamentaria ha hecho que el Gobierno de Pedro Sánchez deba resolver, como una cuestión de superviviencia, la demanda de Carles Puigdemont para entregar a Cataluña las competencias "integrales" sobre inmigración.
