Junts exige a Sánchez cerrar un pacto de inmigración en un mes ante el bloqueo del catalán en la UE y de la amnistía política

Los equipos negociadores de ambos partidos ya cuentan con un informe jurídico que avalaría la legalidad de la medida, mediante una "delegación" de las competencias exclusivas del Estado en esta materia (a través del artículo 150 de la Constitución), tal como desvelaba este domingo la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, en una entrevista.

El principal escollo para cerrar este acuerdo, admite Nogueras, es que el Gobierno entregue a los Mossos las "plenas competencias en inmigración" y a la Generalitat la capacidad de conceder los NIE (número de identificación de los extranjeros que residen en nuestro país, equivalente al DNI).

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Esto supondría que los Mossos d'Esquadra asuman en Cataluña todas las competencias que hoy tiene la Policía Nacional para el control de entrada y salida de extranjeros en su territorio (a través de fronteras, puertos y aeropuertos), la investigación de las redes de inmigración ilegal, y el régimen sobre "extranjería, asilo e inmigración".

Los Mossos también asumirían el control de aduanas (entrada y salida de mercancías) en los puertos y aeropuertos de Cataluña, una responsabilidad que ahora corresponde en exclusiva a la Guardia Civil en toda España.

En cuanto a la emisión de los NIE (que actualmente se tramitan en las comisarías de la Policía Nacional), permitiría a la Generalitat llevar el control de los extranjeros que se establecen en su territorio y, en último término, la capacidad de denegar estos permisos.

Todo ello equivale a la "gestión integral" de las competencias de inmigración que el presidente Pedro Sánchez prometió a Junts hace ya un año.

Gabriel Luengas Europa Press

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El partido de Puigdemont se centra en esta exigencia, en vista de la escasa viabilidad de las otras dos condiciones que ha impuesto para mantener el apoyo al Gobierno.

Puigdemont quiere que Pedro Sánchez telefonee personalmente a los primeros ministros europeos, para convencerles de la conveniencia de que el catalán se convierta en lengua oficial de la UE, tal como hizo para colocar a Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea.

Sin embargo, como ha informado EL ESPAÑOL, el Gobierno polaco descarta por completo que esta propuesta se vaya a aprobar durante su presidencia de turno de la UE (que concluye en julio), ante los numerosos recelos que genera en la mayoría de socios de la Unión.

La tercera condición que impone Junts al gobierno es la "amnistía política" a Carles Puigdemont, ya que no ha podido beneficiarse hasta el momento de la ley de amnistía aprobada por el Congreso.

Efe

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La foto de Pedro Sánchez con Puigdemont en Bruselas sería al menos un gesto, pero no suficiente: el expresidente de la Generalitat quiere que sirva además para rubricar un acuerdo de más calado. Nogueras reprocha al Gobierno que siga tratando a Puigdemont como "un delincuente" y reprocha al president Salvador Illa que haya evitado visitarle en Waterloo.

Se cumplan o no estas condiciones, Míriam Nogueras es partidaria de que se debata en el Congreso, en el plazo de un mes, la iniciativa parlamentaria de su partido que pide que Pedro Sánchez "considere la posibilidad" de someterse a una cuestión de confianza (según la nueva redacción, más matizada, que exigió el PSOE) para comprobar sus apoyos parlamentarios.

La portavoz parlamentaria de Junts deja claro que el Gobierno de Pedro Sánchez no cuenta actualmente con la confianza de su partido: "Somos conscientes de que son los mismos que nos han espiado, que se han infiltrado, los que apretaron el botón del [artículo] 155" para suspender la autonomía de la Generalitat tras el golpe del 1-O, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. 

En su entrevista concedida al digital independentista Vilaweb, Nogueras confiesa que teme que su partido esté sometido, incluso en estos momentos, al espionaje por parte de los servicios de inteligencia españoles.

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La ministra Margarita Robles cesó a Paz Esteban como directora del CNI, tras reconocer ante la comisión de secretos oficiales del Congreso que la Casa mantenía intervenidas las comunicaciones del anterior líder de ERC, Pere Aragonés, mientras su partido negociaba el anterior acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. 

Aquel espionaje fue autorizado por el magistrado del Tribunal Supremo que supervisa las actividades del CNI, en el marco de la investigación judicial sobre las actividades del Tsunami Democràtic.

Si la iniciativa sobre la cuestión de confianza constata que Pedro Sánchez ya no tiene el respaldo mayoritario de la Cámara, Junts considera que lo "democrático" sería que convoque nuevas elecciones, aunque admite que se trata de una decisión personal que sólo puede tomar el presidente.

Nogueras asegura que su partido no tiene miedo a ir a nuevas elecciones, aunque con ello Junts pierda la posición de fuerza sobre el Gobierno que actualmente le otorgan sus siete diputados.

Una factura de 35.000 millones

La portavoz de Puigdemont se muestra muy pesimista sobre la posibilidad de que Sánchez logre sacar adelante los Presupuestos del Estado de 2025. Y asegura que su partido no se sentará a negociarlos hasta que el Gobierno "pague lo que debe a Cataluña".

Ya el pasado mes de noviembre, Junts registró una iniciativa en el Congreso (que aún no ha sido tramitada) en la que exige que el Gobierno central abone a la Generalitat 35.000 millones de euros, cantidad en la que cifra la falta de inversiones del Estado en la red de Rodalies (trenes de cercanías) de Cataluña durante los últimos años.

Este es el precio que Carles Puigdemont pone para sentarse a negociar los Presupuestos del Estado de 2025.

Míriam Nogueras evita aclarar en la entrevista si su partido apoyará la aprobación de la "ley Begoña" (así la ha bautizado el PP), con la que el Gobierno pretende apartar a la acusación popular de la instrucción de causas judiciales.

JJ Guillén

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Al respecto, indica que su partido mantiene suspendida la negociación con el Gobierno sobre decenas de proyectos de ley y decretos que debe tramitar el Congreso. Pero reprocha al PSOE que ahora reconozca la existencia de lawfare en la Justicia, tras haber pactado con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Nogueras plantea una última queja: tras comprometerse a negociar con Junts el cupo catalán en Suiza, el Gobierno otorgó ese éxito a ERC, a cambio de que apoyara la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Sin embargo, señala, la fórmula elegida (que todavía va a requerir una compleja arquitectura legal) no supone ni de lejos entregar "la llave de la caja" a la Generalitat.