Alicia García, portavoz del PP en el Senado, en la tribuna del Senado.
El Senado plantea al Gobierno un "conflicto de atribuciones" por añadir texto a la 'ley Bolaños' que no se votó en el Parlamento
El BOE y el BOCG han publicado añadidos en la Ley de Eficiencia de la Justicia con el argumento "fraudulento", según los populares, de corregir errores en el texto.
Más información: El Senado convocará un Pleno para requerir al Congreso que retire la ley de amnistía y acudirá al TC.
El Partido Popular ha presentado en el Registro del Senado un nuevo escrito de "conflicto de atribuciones" frente al Gobierno y el Congreso. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los populares alegan que el Gobierno ha hecho "un mal uso" de su capacidad de "corrección de errores" al publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín de las Cortes (BOCG) "un texto no aprobado por el Parlamento".
La portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, ha impulsado esta iniciativa en la Junta de Portavoces del Senado para que se debata "de urgencia" en el próximo pleno del 11 de febrero.
Según el texto, en Ley de Eficiencia de la Justicia, conocida como ley Bolaños, "el Gobierno no incluyó la subida del sueldo a dos grupos de jueces". Algo que, alegan las fuentes del PP en el Senado, ha querido subsanar mediante la fórmula de corrección de errores, publicando el BOE y el Boletín Oficial de las Cortes el texto con la inclusión de la subida a esos grupos de jueces.
La moción presentada advierte de que éste es un "uso de la corrección de errores fraudulento", ya que esta potestad está para "modificaciones ortográficas". Garcia ha insistido en que una ley "sólo se puede modificar mediante otra ley".
Por eso, el Grupo del PP en el Senado, a la vez que pide al Gobierno y al Congreso que "revoque el BOE y el BOCG" ha registrado, a la vez, una proposición de ley, para subsanar el error del Consejo de Ministros y de los socios de Pedro Sánchez en las Cámaras, que actualice "legalmente" el sueldo a esos grupos de jueces.
"Esta es una muestra más del intento de Sánchez de gobernar de espaldas al Parlamento", ha denunciado García. "Una falta de respeto a la democracia y a la soberanía nacional". La líder popular en la Cámara Alta exige al Gobierno y al Congreso que rectifiquen, y reclama al PSOE que apoye la iniciativa del PP porque "es la mejor fórmula de dar seguridad jurídica a los jueces que se quedaron fuera de la ley".
Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Popular, tras la reunión de la Junta de Portavoces del Senado. García ha denunciado las tácticas "fraudulentas" que emplea el Gobierno para legislar.
En concreto, Alicia García, denuncia que el proyecto de Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, ha sido "modificado" respecto a lo aprobado en el Parlamento utilizando, de forma irregular, la corrección de errores. La norma, aún como proyecto de ley orgánica, fue aprobada en el Congreso "por la mayoría Frankenstein que respalda a Sánchez" y fue después remitida al Senado.
La mayoría absoluta de los senadores vetó el proyecto y lo devolvió al Congreso, en donde se levantó el veto y el BOE publicó el proyecto, ya como Ley Orgánica, el 3 de enero.
Tras este proceso, "habitual" en esta legislatura en la que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, la portavoz del PP denuncia que "ocho días después, el 11 de enero, el BOE publicó una abusiva corrección de errores a esa Ley Orgánica". Según los populares, esta "corrección" fue fraudulenta "porque no corregía ningún error 'técnico, terminológico o gramatical', como exige la ley", advierte. "Lo que hacía era modificar sustancialmente la ley", ha insistido.
El conflicto de atribuciones no se impulsas sólo contra el Gobierno sino también contra la Cámara Baja porque "cinco días después de la fraudulenta corrección de errores del BOE, siguió la misma senda el Boletín Oficial de las Cortes Generales", ha aclarado.
"Ahí, además, tuvieron que falsear tres textos oficiales por la vía de la corrección de errores múltiple: los que afectan al Informe de la ponencia, al dictamen de la comisión de Justicia del Congreso, y al texto legal votado por los diputados en el pleno", explica Alicia García.
Tercer conflicto
Este es el tercer conflicto de competencias que presenta el Senado contra el Congreso en lo que va de legislatura, "en defensa del Estado de derecho", apuntan fuentes del PP. El primero se impulsó contra la tramitación urgente "e inconstitucional" de la Ley de Amnistía. Y el segundo se tramitó el pasado octubre, cuando el Gobierno "coló" una enmienda "fraudulenta" para excarcelar "antes de tiempo" a presos de ETA, aprovechando una transposición de una directiva europea.
En el primer caso, el Congreso se negó a retirar la Ley de Amnistía y acusó al Senado de "injerencia" por impulsar este conflicto de competencias. Los letrados de la Cámara Baja, bajo el mando de Fernando Galindo, entonces recién nombrado por Francina Armengol, presidenta socialista del Congreso, defendieron la tramitación de la norma y acusaron a la Cámara Alta de usar "un artificio" para torpedear la ley.
Aquella respuesta motivó un "conflicto sobre el conflicto". Y es que el presidente del Senado, Pedro Rollán, se quejó formalmente y por escrito ante Armengol, acusando a la Mesa del Congreso de no tener "autoridad" para rehusar su acción contra la Ley de Amnistía. La norma fue rechazada el 14 de mayo por el Pleno de la Cámara Alta, pero el Congreso levantó finalmente el veto el día 30, y se publicó de inmediato en el BOE.
En el segundo caso, que llegó a provocar incluso la convocatoria de un pleno extraordinario en el Senado tras la suspensión de la tramitación de la ley, Rollán llegó a señalar directamente a Armengol por "invadir la autonomía del Senado con frivolidad", y la emplazó a llevar el conflicto ante el Tribunal Constitucional.
El presidente del Senado acusó de "arbitrariedad" y de "invasión competencial" a la presidenta del Congreso al dar por aprobada una ley que beneficiaba a presos etarras sometiéndose a las "instrucciones" del Gobierno.
Ahora, los populares insisten en su ofensiva contra "el uso y el abuso" por parte del Gobierno de Sánchez de "fórmulas fraudulentas para legislar"; como son los decretos leyes "sin justificación", el uso de proposiciones de ley "para evitarse los informes" preceptivos del Consejo de Estado, del CGPJ o del Consejo Fiscal, o la "utilización de enmiendas intrusas".
Ante este "enésimo abuso" del Ejecutivo en el proceso legislativo, Alicia García ha reprochado que el ministro Bolaños, y la presidenta Armengol, legislan a espaldas del Parlamento. "Siguen las instrucciones de su amo Sánchez, quien dijo al más puro estilo autócrata que gobernaría con o sin el apoyo del Parlamento", subraya la dirigente del PP.
