El fiscal general da largas por tercera vez al Senado, que ya le citó en abril por la revelación de secretos del novio de Ayuso

Desde la primavera pasada, cuando estalló el caso, el Senado le lleva requiriendo para que dé explicaciones. Ni entonces, ni en la intentona del pasado 24 de octubre, cuando la comisión se volvió a poner en contacto con él, ni ahora en febrero, García Ortiz ha atendido a las citaciones. 

El fiscal ha enviado este martes una carta a Yolanda Ibarrola, presidenta de la citada comisión [consulte aquí el documento], ofreciendo su "disponibilidad" para comparecer, eso sí, sólo para "presentar la Memoria de 2023 sobre la actividad" de la Fiscalía General. Y además, García Ortiz no especifica su ofrecimiento "ni ofrece ninguna fecha en concreto".

A la vista de la misiva, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la dirección del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta exigió "al imputado Fiscal General del Estado una fecha concreta y urgente para su comparecencia en el Senado, que ya llega muy tarde".

Es más, la reunión de la Mesa y portavoces de la comisión de Justicia, decidió pedir el amparo a la Mesa del Senado "para que García Ortiz comparezca de una vez". 

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La iniciativa salió adelante con el apoyo de la mayoría del PP y el voto en contra del PSOE. "Por lo que parece", apuntan estas mismas fuentes, "el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene interés en que el fiscal cumpla con sus obligaciones constitucionales".

"Tediosa persecución"

Los populares lamentan que "está siendo un larguísimo y un tedioso trabajo casi de persecución" lograr que García Ortiz cumpla con "su obligación de colaboración" con las Cortes Generales. "Esperamos y deseamos que esta última no sea una táctica dilatoria o una nueva argucia de García Ortiz para retrasar más una comparecencia que ya se debería de haber producido".

Y según especifica un portavoz del PP en el Senado, que el fiscal general "olvida que, además de presentar la Memoria de la Fiscalía de 2023, tendrá que responder para informar sobre las filtraciones por parte de la Fiscalía de Madrid en relación con Alberto González Amador, al revelar en un comunicado conversaciones y correos electrónicos cruzados, y para informar de su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado".

García Ortiz, en su carta a Ibarrola de este martes, dice quedar "a la espera de su comunicación para convenir la fecha más oportuna". Pero cabe recordar su respuesta al requerimiento [consulte aquí el documento] del pasado octubre, de la que ya informó este diario.

El 20 de noviembre, un mes más tarde de que se le emplazara a comparecer "con el objeto de informar de su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado", el propio fiscal rechazó expresamente acudir a la comisión de Justicia de la Cámara Alta. Entonces, también por carta [consulte aquí el documento] alegó que se le citaba sin concretar "sobre qué asuntos" se le iba a inquirir.  

En esa misma comunicación, es cierto, García Ortiz ofrecía dos fechas para cumplir con la "leal y decidida colaboración" que el máximo representante del Ministerio Fiscal dice ofrecer a la Cámara Alta.

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El fiscal planteaba las opciones del 4 y el 18 de diciembre pasados, la comisión de Justicia le emplazó a acudir en la primera de las fechas y, según fuentes del PP en la Cámara, "finalmente se montó un acto para dejarnos colgados cuando ya estaba convocado".

Efectivamente, a menos de cinco días para celebrar esa comparecencia, ya fijada y convocada, el Senado recibió otra carta del fiscal general del Estado "para rechazar la comparecencia sin concretar la causa de su agenda que se lo impide y sin proponer fechas alternativas".

"Fiscal a la fuga"

Por todas estas razones, los populares dudan de esa lealtad expresada por García Ortiz, "si nos atenemos a los continuos retrasos y dilaciones en base a excusas que se demostraron no ser verdad".

Según el PP, más parece que "el fiscal general está a la fuga", porque "está huyendo del Senado, a pesar de tener agendada su comparecencia, para no dar explicaciones por sus escándalos".

Para el PP, el fiscal general "se ha reído de las leyes, del Código Penal, de sus compañeros y ahora lo hace de todos los españoles escapando de la Cámara Alta", porque está "acorralado por muchos escándalos que le han llevado a una situación insostenible".

El caso del novio de Ayuso estalló el pasado marzo, apenas unos días después de que se comenzaran a publicar en prensa informaciones sobre las actividades comerciales sospechosas de Begoña Gómez desde Moncloa. Y lo hizo a partir de una filtración que hoy investiga el Tribunal Supremo con el fiscal general del Estado imputado como presunto autor de un delito de revelación de secretos.

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Primero, por una nota de prensa de la Fiscalía que reproducía contenido textual de un correo entre el abogado del empresario y la Fiscalía con la intención de desmentir que se le hubiese ofrecido un pacto de conformidad a González Amador. Y después, cuando ese mismo 'email' fue reproducido completamente en otro medio de comunicación.

Desde entonces, miembros del Gobierno han acusado a la pareja de la presidenta madrileña de ser un "defraudador confeso". Ese "perjuicio reputacional" es lo que, según la instrucción del caso, completaría el presunto delito, que requiere no sólo desvelar datos privativos de la condición de funcionario de quien los conoce y los hace públicos, sino un perjuicio para el afectado.

Por eso, desde el PP ven una "intencionalidad política clara" por parte del fiscal García Ortiz de la que quieren que dé explicaciones ante el Senado.

"Esta situación insostenible implica directamente al Gobierno y le ha hecho entrar en pánico", apunta la dirección popular. "Y cuando Sánchez y su ministro 23, Álvaro García Ortiz, se ven rodeados, actúan siempre de igual manera: huyendo de la democracia y de la rendición de cuentas".