Pedro Sánchez habla con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el lunes en Bruselas.
Temor en Moncloa a que la falta de apoyos impida aprobar las reformas comprometidas para recibir fondos europeos
El Gobierno necesita votos para aprobar las leyes de Industria, Equidad Sanitaria, Movilidad, Cine y la que regula los 'lobbies'.
Más información: España solicita el quinto pago de los fondos europeos por valor de más de 25.000 millones
El Gobierno teme que la falta de apoyos parlamentarios impida la aprobación de las reformas legales comprometidas con la Comisión Europea para recibir los fondos que aún están pendientes, según fuentes de Moncloa.
Estas fuentes explican que no aprobar esas reformas es aún peor que no poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado y requeriría, en todo caso, renegociar las condiciones con la Comisión Europea.
La tesis que Moncloa utiliza como alternativa al compromiso de presentar los Presupuestos es que los que están en vigor y que fueron aprobados en 2023 son más expansivos que los que podría aprobar ahora el Gobierno. Es decir, le dejan más margen de maniobra para gobernar.
Incluso, explican que no aprobar las cuentas para 2025 evita el conflicto político interno de tener que cumplir con el aumento de gastos en Defensa comprometidos con los países aliados. Pero el cumplimiento de los compromisos pendientes con la UE para recibir los fondos es inexcusable.
Tanto la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen como el Tribunal de Cuentas de la UE o incluso el Banco Central Europeo han alertado en varios informes de los retrasos crecientes que acumula el Gobierno de Sánchez en la ejecución del plan de recuperación de España.
Esa lentitud se vuelve cada vez más preocupante en la medida en que todas las reformas e inversiones previstas en el plan deben haberse completado el 31 de agosto de 2026 como muy tarde, es decir, en apenas año y medio. De lo contrario, los fondos pendientes se perderán de forma irreversible.
El indicador que mejor ejemplifica las dificultades de Sánchez con los fondos Next Generation es la comparación con el Gobierno de Giorgia Meloni, que hace ya muchos meses que adelantó a España en la ejecución del plan.
Mientras que Italia ya ha recibido 122.130 millones de los 194.382 millones que tiene adjudicados (el 63% del total, sumando subvenciones y créditos), España está en 48.300 de un total de 163.000 (el 30%). Además, nuestro país sólo ha cobrado 340 millones de los créditos blandos porque Sánchez no los socilitó hasta 2023 por miedo a una crisis de deuda.
Meloni ha reclamado ya a Bruselas el séptimo desembolso de subvenciones y créditos acumulados, mientras que Sánchez pidió en diciembre el quinto pago de ayudas no reembolsables (con un año de retraso respecto al calendario original previsto) y los dos primeros de créditos. Además, presentó la solicitud sin haber completado la reforma fiscal que le exige Bruselas.
Uno de sus componentes centrales, el 'impuestazo' al diésel, todavía no se ha aprobado y el Gobierno ni siquiera sabe si podrá sacarlo adelante porque uno de sus socios, Podemos, lo rechaza alegando que "lo van a pagar fundamentalmente las familias trabajadoras". Sánchez tiene ahora de plazo hasta el 20 de marzo para encontrar una solución o se arriesga ya a perder una buena cantidad de fondos.
Leyes pendientes
De aquí al 31 de agosto de 2026, el Gobierno todavía debe cumplir alrededor de 300 hitos y objetivos si quiere acceder a los tramos restantes de fondos Next Generation: sexto (5.000 millones), séptimo (8.000 millones), octavo (5.000 millones) y noveno (8.000 millones) pagos de subvenciones a fondo perdido; y tercero (16.000 millones), cuarto (18.000 millones), quinto (4.000 millones) y sexto (28.000 millones) desembolsos de créditos blandos.
Si se aceleran las reformas y las inversiones, los pagos podrían fusionarse y adelantarse. Pero entre las condiciones de los próximos pagos hay toda una serie de normas que siguen en el aire, como la Ley de Industria, la Ley de Equidad en el Sistema Sanitario o la Ley del Cine (que están entre los hitos del sexto pago de subvenciones), la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés (séptimo pago) o la Ley de Movilidad.
Esas normas están en distinta situación. Por ejemplo, la referida a grupos de interés aún debe pasar por primera vez con el Consejo de Ministros y no estará en el Parlamento antes de verano. Luego será necesario abordar la negociación en el Congreso para recabar apoyos.
El proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de diciembre y aún debe culminar todo el trámite parlamentario y una difícil negociación para recabar apoyos.
El proyecto de Ley de Equidad en el Sistema Sanitario fue aprobado en Consejo de Ministros en junio y está varado en el Congreso, donde se ha aplazado ya dieciséis veces el plazo de enmiendas.
El proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual está atascado en el Congreso y ya se ha prorrogado el plazo de enmiendas también por decimosexta vez.
"Para cumplir con los compromisos del plan de aquí a agosto de 2026, es imprescindible que España continúe con la implementación de las reformas y acelere las inversiones, abordando los retrasos emergentes y garantizando al mismo tiempo una fuerte capacidad administrativa. El tamaño y la complejidad del plan exigen medidas específicas para garantizar que las reformas e inversiones puedan completarse a tiempo", avisaba ya el último informe de Bruselas sobre el plan de recuperación español, que data de junio de 2024.
"Lo mismo ocurre con los desafíos relacionados con la capacidad de absorción. Las inversiones están muy concentradas hacia el final del periodo de ejecución del plan de recuperación y merecen una atención especial. También hay margen para fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de la Administración, mientras que la racionalización de los procedimientos aceleraría la recepción de los fondos por parte de los beneficiarios finales. Estos elementos son particularmente relevantes para superar los retos relacionados con absorber la considerable cantidad de fondos gestionados a través de instrumentos financieros", señalaba la Comisión.
"La implicación sistemática de las autoridades regionales y locales, los interlocutores sociales y otras partes interesadas sigue siendo importante para la ejecución exitosa del plan de recuperación", concluía el informe.
Lejos de resolverse, en los últimos meses todos los problemas señalados por Bruselas en en el plan español han seguido agravándose. "Los retrasos en la ejecución observados hasta ahora, combinados con la fecha de finalización fija de los fondos Next Generation, sugieren que algunos proyectos podrían apresurarse a expensas de la calidad de la implementación, o cancelarse por completo", ha señalado el BCE en una advertencia dirigida a todos los Estados miembros, pero que afecta a España en particular.
