La Secretaría General del Senado, el principal órgano técnico de la Cámara Alta, ha avalado a Víctor Soriano, el asesor del PP que también ejerce de abogado de la asociación Manos Limpias en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un informe que constata que, tal y como publicó este diario, Soriano tiene concedida la compatibilidad para ser asesor de una senadora del Grupo Parlamentario Popular y, a la vez, ejercer la abogacía privada. Y, por el momento, nada se lo impide. Ni consta que haya desatendido sus funciones ni las que realiza de forma privada son incompatibles con las públicas (por las que cobra unos 56.000 euros brutos anuales). Pese a ello, miembros del Gobierno criticaron públicamente a Soriano.
Este periódico publicó, en febrero de 2024, que el letrado pasaba a ser asesor del PP en la Cámara Alta, a la vez que mantenía su actividad docente y continuaba como abogado por cuenta propia. Por entonces, entre otros asuntos, ejercía la representación del Partido Popular valenciano en la causa contra Francisco Puig, hermano del expresident socialista Ximo Puig.
Meses después, Soriano pasó a ser el letrado de Manos Limpias. Únicamente, en la causa contra el fiscal general, en el que este sindicato ejerce la acusación popular. No lo es en otros casos en los que está personada esta asociación, como el caso Begoña o el procedimiento contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.
El informe del Senado, fechado el 4 de febrero, descarta cualquier irregularidad en la actuación del asesor, pese a las quejas y críticas del PSOE. El pasado 29 de enero, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado solicitó que se emitiese un informe jurídico sobre si los servicios profesionales de Soriano para el "pseudosindicato (sic) Manos Limpias" vulneraban el régimen de incompatibilidades. La conclusión del dosier es contraria a los intereses del Partido Socialista.
De hecho, el PSOE solicitó que el Senado aplicase "medidas correctoras" ante esta situación. La Secretaría General lo ha descartado rotundamente. Lo considera, de hecho, "del todo improcedente". No existe, por tanto, ese "menoscabo" en sus funciones del que se quejaba el Grupo Socialista.
Sobre Soriano, que figura como "asistente A dentro de la secretaría de la secretaria primera del Senado" y "a quien le ha sido otorgada una autorización para el ejercicio de la abogacía privada", el informe concluye que, "en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario", no ha vulnerado la compatibilidad concedida.
El dictamen señala que la imparcialidad y la independencia no es exigible a una persona que ha sido nombrada asesor por un partido concreto.
"Es evidente, por tanto, que, bajo este prisma de no exigencia de imparcialidad e independencia, y teniendo siempre presente la particular naturaleza del personal eventual, no es censurable todo ejercicio de actividad privada profesional o lucrativa, como tampoco la representación, la defensa o el asesoramiento a partidos políticos, grupos parlamentarios, sindicatos, asociaciones empresariales o cualquier tipo de grupo o asociación que tenga relación directa con las funciones desempeñadas por el referido personal eventual en las Cortes Generales", señala el documento.
"Es más, la razón de ser del desempeño parlamentario es, para quien asesora, dentro —insistimos una vez más— de la relación de confianza que une al cargo que le propone y a quien le presta servicio, favorecer la actividad política y parlamentaria de aquél, hasta el punto de que el personal eventual une su trayectoria profesional en la Cámara a su autoridad, finalizando la misma cuando la finaliza el titular del órgano al que se adscribe", añade.
"Y, en este sentido, nada hay que impida, desde esta perspectiva, la concesión formal de compatibilidad para el ejercicio de la actividad profesional de la abogacía al señor [Víctor] Soriano i Piqueras", concluye.
El documento señala expresamente que, en el caso analizado, tampoco existe ninguna situación que pueda "comprometer la imparcialidad o independencia" del miembro del Senado al que asesora. En este caso, la parlamentaria Eva Ortiz.
Tampoco se produce otra de las incompatibilidades recogidas por el reglamento de la Cámara Alta: que un asesor ejerza como abogado en un procedimiento contra el Congreso o el Senado. Tal y como recoge el informe, ambos organismos "son ajenos al mediático proceso, más allá del lógico interés político que pueda despertar su desenlace", en alusión a la investigación abierta en el Supremo contra García Ortiz.
En respuesta al PSOE, la Secretaría General señala que la vía para reprender a un asesor pasa por que la persona que lo ha nombrado y de la que depende jerárquicamente, lo haga. Y tampoco ha sucedido en este caso.
Además, el informe señala que la situación de compatibilidad de Víctor Soriano es equiparable a la de otros asistentes eventuales. Entre ellos, uno del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene permitido, en su caso, desarrollar actividades deportivas, como "actividad privada por cuenta propia".
Pese a todo ello, el Gobierno (y prensa afín al mismo) ha señalado a Soriano como supuesto nexo entre Manos Limpias y el PP, a fin atribuir un fin espurio a las críticas que el Partido Popular ha expresado contra la propuesta del PSOE en el Congreso de limitar la acción de las acusaciones populares.
"Este señor de Manos Limpias está a sueldo del Partido Popular", llegó a afirmar Óscar Puente, titular de Transportes, en alusión a Soriano. "Blanco y en botella", valoró, por su parte, Félix Bolaños, ministro de Justicia, quien sostuvo que el PP está "financiando y pagando" al abogado "de una organización ultraderechista que persigue políticos progresistas y a sus familias", en referencia a Manos Limpias.
En respuesta a las críticas de ministros y miembros de la cúpula del Partido Socialista, el despacho Soriano i Piqueras, fundado por el abogado y asesor del PP, difundió un comunicado en el que, entre otros extremos, aclara que también tiene como clientes a cargos políticos del PSOE o de Compromís.