Israel alega que el haberle acusado de "genocida" obliga al Gobierno español a "acoger por ley" a ciudadanos gazatíes

Pero fuentes diplomáticas israelíes señalan que su desafío es responsabilidad de los ministros "que calificaron de genocidio la guerra que libramos contra Hamás en Gaza". Es decir, de Yolanda Díaz y Sira Rego, por parte de Sumar; y de Teresa Ribera y Margarita Robles, por parte del PSOE.

Y del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en su conjunto, añade otra fuente, que aprobó el pasado junio sumarse a la causa impulsada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por "genocidio".

Más allá de reconocer que el mensaje del ministro de Defensa, Israel Katz, fue emitido de una manera "que no encaja con el lenguaje diplomático", varias fuentes diplomáticas coinciden en señalar que "son la ley española y la legislación europea" las que sostienen el reto procedente de Jerusalén.

"¿Por qué desapareció del discurso del Gobierno español ese término hace unos meses?", se pregunta uno de estos portavoces. "Alguien les debió de avisar de que estaban comprometiéndose ante la legalidad internacional por hacer política interna con una guerra legítima que, por otro lado, Israel nunca quiso".

La sujeción jurídica

Efectivamente, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, dice en su artículo 3 que "la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o de identidad sexual [...]".

La Convención para la prevención y la sanción del genocidio lo define, con coincidencia casi textual, como "un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso". 

Y el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que, "para que un acto sea calificado como genocidio se requiere que sea perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".

De ahí, la afirmación del ministro israelí, desafiando a España, Noruega e Irlanda, los tres países europeos que reconocieron a Palestina como Estado el pasado mes de mayo.

Lo cierto es que el mismo día en el que el Consejo de Ministros certificó el reconocimiento, el pasado 28 de mayo de 2024, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mandó parar. Y ya no se volvió a pronunciar ese término en boca de un miembro del Gobierno.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo calificó de "opiniones personales" las afirmaciones de sus compañeras de Gobierno.

Albares advirtió de que, en política exterior, la única voz que cuenta es la suya, como titular de la cartera, y la del presidente del Gobierno, que la coordina. De esa manera no sólo emitía un mensaje diplomático, sino que trataba de desarmar cualquier sujeción jurídica para un hipotético caso como el que ahora alega el Ejecutivo israelí.

Antecedentes

El mismo 7 de octubre de 2023, mientras miles de terroristas de Hamás masacraban a más de 1.200 israelíes y secuestraban a otras 240, la ministra de Juventud e Infancia, publicó en su cuenta de X un mensaje de apoyo a la "resistencia palestina".

La vicepresidenta segunda en declaraciones públicas y la tercera, en una entrevista en este periódico, habían utilizado el mismo término de "genocidio" para arremeter contra la guerra lanzada por Benjamin Netanyahu. Y la ministra de Defensa española aprovechó el Día de las Fuerzas Armadas para afirmar, desde Oviedo, que lo que estaba pasando en la franja de Gaza"es un auténtico genocidio".

Aquella última semana de mayo significó el pico de la crisis diplomática entre los dos países. Unas tensiones que ya comenzaron al  mes siguiente de la masacre terrorista en el sur de Israel.

En su visita de noviembre de 2023, una de las últimas de mandatarios occidentales, Sánchez calificó de "matanza indiscriminada" la operación israelí en la franja, y dio una rueda de prensa en el paso de Rafah, retrasando la primera liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás.

Las relaciones se mantuvieron tensas desde entonces, con acusaciones calificadas de "execrables" por Albares cuando algún miembro del Ejecutivo israelí acusaba al de España de "animar el genocidio de judíos" por las críticas a los bombardeos en Gaza.  

La escalada alcanzó entonces su punto álgido, en mayo de 2024. Y entonces, fue también el mismo ministro Katz el encargado del ataque al Gobierno de España. En sus redes sociales, publicó un vídeo mencionando directamente a Pedro Sánchez. 

El montaje, que dura 18 segundos, arranca con la bandera de España y aparecen algunas de las imágenes de los ataques del grupo terrorista palestino empuñando armas o disparando el 7-O, alternadas con las de dos personas que imitan a bailarines de flamenco, y durante todo el vídeo aparece impresa la frase: "Hamás: "Gracias España".

El mismo presidente español había anunciado, una semana antes, la fecha del reconocimiento subrayando que lo haría asumiendo las posibles represalias por parte de Israel. "Somos conscientes de ello, y tengo que decirles que estamos preparados para asumirlas porque el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie, sino en defender los valores y los intereses propios de forma pacífica".

Tras esas palabras de Sánchez, la reacción de Israel fue inmediata: llamó a consultas a su embajadora en España.

Lo mismo hizo con los destinados en Irlanda y Noruega, citados también ahora por Katz como destino "obligado" de los palestinos que "quieran salir voluntariamente" de Gaza, en la operación que ha encargado a sus Fuerzas Armadas. 

Y desde entonces, el Gobierno de Netanyahu no ha nombrado otro representante diplomático en nuestro país.

"Nos lo hará pagar"

Albares nunca ha dado por verdadero que España haya acusado a Israel de "genocidio".

Pero fuentes diplomáticas ya advertían a este diario, el mismo día en que Trump anunció su plan de vaciar Gaza, "tomar el control" de la franja y convertirla en una especie de resort turístico de lujo, que "Netanyahu aún no se ha tomado la revancha, pero nos lo hará pagar".

Porque Jerusalén no acepta que se puedan calificar de "opiniones personales" las declaraciones públicas de ministros y vicepresidentes. Ni acepta le argumento de que poner los servicios jurídicos españoles a disposición de la Corte Internacional de Justicia en el caso impulsado por "genocidio" contra Israel es sólo "respaldar el papel de Naciones Unidas".

Para el Gobierno de España, los principios de búsqueda de la paz, de respeto al derecho internacional, sobre todo al humanitario, y a la integridad territorial "valen lo mismo en Palestina que en Ucrania". Y más desde su reconocimiento como Estado el pasado mayo: "España no toma partido por ninguna de las dos partes del proceso", mantiene aún hoy el ministro de Exteriores.

Pero sus colegas israelíes le señalan sus "contradicciones": si lo de Gaza es un genocidio, argumentan las fuentes diplomáticas, los gazatíes deben ser "refugiados" y acreedores de "asilo" en España. Y si nuestro Gobierno no los acepta como tales, "deja al descubierto su hipocresía".