Moncloa ultima un plan para acoger a gran parte de los 348.000 venezolanos que Trump expulsará en abril

El Ejecutivo confirma, en fuentes consultadas por este diario, que de momento no hay un procedimiento organizado, pero que en Moncloa la noticia no pasó inadvertida. Y que "si vienen a España" todos ellos o una parte, "habrá que darles protección" como la concedida a otros 125.000 venezolanos desde el recrudecimiento de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro, en los últimos años.

El impulsor de esta operación de acogida en España es José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno y protagonista de casi todas las labores de mediación entre la autocracia chavista y la oposición democrática venezolana.  

Fuentes de la diáspora venezolana en España, por su parte, indican que los equipos de Edmundo González, ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y acogido en España, y de la líder opositora, María Corina Machado, "ya han mantenido conversaciones con Moncloa al respecto".

Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, Sánchez descolocó a Santiago Abascal en su respuesta. El líder de Vox le había afeado al presidente su "nefasta política exterior" y que se haya erigido "en paladín anti Trump mundial".

Sánchez le recordó cómo su partido y el Partido Popular "se rasgan las vestiduras" con la situación de Venezuela. "Pero el PP otorgó 26 órdenes de Protección Temporal a venezolanos, y este Gobierno, más de 125.000".

Y finalmente, le informó de la decisión del Gobierno de EEUU, emplazándole: "¿Va usted a criticar a la administración Trump por no extender la protección temporal a más de 300.000 venezolanos?". Abascal ni siquiera respondió.

Lo aprobó el PP

El estatus de protección temporal del que gozan tantos ciudadanos venezolanos en España les otorga permiso de residencia "renovable de manera anual" y "autorización administrativa para trabajar", vinculada a la residencia.

Así lo aprobó el primer Gobierno de Pedro Sánchez para los huidos de la represión chavista en Venezuela.

Aunque lo cierto es que lo hizo a instancias de una Proposición No de Ley del Partido Popular en el Congreso, en octubre de 2018, que se amparaba en el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado bajo el último Gobierno de José María Aznar.

El estatuto de protección temporal en España "funciona muy parecido al de Estados Unidos", explica Sergio Contreras, fundador de Refugiados sin Fronteras, una ONG que sirve a la diáspora venezolana en España. "La semana que viene, viajamos a Ginebra para alertar a ACNUR de la tragedia masiva de refugiados que se nos viene encima".

Contreras, en contacto con sus "hermanos" en Estados Unidos, explica que ya son "decenas de miles" los que están "escondidos" en Nueva York, uno de los estados en los que se reúnen más venezolanos, junto a Texas, "porque tienen las leyes menos restrictivas" con su estatus de protección temporal. "Ni siquiera se atreven a pedir asistencia legal, y temen que en abril, efectivamente, sean expulsados".

Tienen razones para temerlo. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, decidió el lunes 3 de febrero retirar esta protección contra la deportación a cientos de miles de venezolanos. Así, unos 348.000 venezolanos con Estatus de Protección Temporal podrían ser deportados o expulsados a partir de abril, tal como informa Reuters.

Contreras eleva esa cifra a 398.000 personas.

En todo caso, el resto de venezolanos protegidos en EEUU, otros 300.000 incluidos en el programa, tendrán su deadline en septiembre, según un anuncio del Gobierno estadounidense, cuando expire la extensión de su protección.

Según Noem, ese estatus es "contrario a los intereses estadounidenses" y ya no está justificado por las condiciones en Venezuela.

Tratos entre Maduro y Trump

Ya ha habido contactos entre el equipo gubernamental de Trump y el régimen de Maduro. De hecho, tres días antes del anuncio del departamento de Seguridad Nacional estadounidense, el presidente mandó un negociador a Caracas. Horas después, volvía a su país acompañado en su avión de seis estadounidenses liberados de prisión por el régimen de Maduro.

A su regreso, el enviado de Trump anunció que Venezuela admitirá la deportación de 400 miembros de la "organización criminal Tren de Aragua", que están en cárceles estadounidenses.

Cientos de miles de venezolanos llegaron a Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden, muchos a través de vías humanitarias legales, y deportarlos ha sido un desafío debido a las frías relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. El sábado 1 de febrero, Trump dijo que Venezuela había acordado aceptar a todas las personas deportadas, pero no proporcionó más detalles.

"Pero la deportación de cientos de miles es imposible", explican fuentes cercanas a Edmundo González. "Para eso, el chavismo debería estar dispuesto a aceptarlos, y no parece posible que quiera opositores de vuelta".

Lo lógico, explica Contreras, es que "esas personas sean expulsadas, y puedan elegir adónde dirigirse". Y en ese caso, "el destino lógico de muchos es España".

Maduro, cuyo discurso contra Estados Unidos es una constante, se mostró ese fin de semana -entre la visita del negociador y el anuncio de Washington- más comprensivo y cooperador que nunca.

"Presidente Trump, hemos dado un primer paso, nos gustaría que continuasen", dijo el heredero de Hugo Chávez. Y añadió que estaba deseando alcanzar "nuevos acuerdos por el bien de los dos países y de la región". 

Trump asumió el cargo el 20 de enero prometiendo acabar con la inmigración ilegal y con los programas humanitarios que, según él, van más allá de la intención de la ley estadounidense.

"Ése es otro problema", añade el fundador de Refugiados sin Fronteras. "Muchos venezolanos huidos del régimen recibían asistencia de USAID en otros países, como Colombia, y ahora se han quedado de golpe sin nada".

Trump ya intentó poner fin a la mayoría de las inscripciones en el programa de protección temporal durante su primer mandato, pero los tribunales federales lo bloquearon. "Eso esperamos ahora", continúa Contreras. "La esperanza es que los jueces bloqueen esta medida indiscriminada, por inconstitucional".

Otros 530.000 en semanas

Como en España, en EEUU el estatus  de Protección temporal está disponible para personas cuyo país de origen haya experimentado un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario.

Concretamente, el decreto español lo permite otorgar a quien "haya huido de zonas de conflicto armado o de violencia permanente" y a las personas que "hayan estado o estén en peligro grave de verse expuestas a una violación sistemática o generalizada de los derechos humanos".

Por eso, el Gobierno de España se prepara administrativa y económicamente para una posible "afluencia masiva", como prevé el decreto, de venezolanos huidos de su país y, ahora, desplazados desde EEUU. 

El expresidente Biden amplió enormemente el programa de Protección Temporal. Ahora, cubre a más de un millón de personas de 17 nacionalidades distintas. Todas ellas pueden enfrentar la deportación o la expulsión inmediata, una vez que pierdan el estatus.

Ya en enero, Noem había cancelado la extensión de 18 meses de las protecciones temporales para los venezolanos, aprobada por su predecesor de la era Biden. Posteriormente, el 3 de febrero impidió que el estatus se renovara automáticamente durante seis meses.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguraba en la nota pública que, si bien persisten algunas condiciones difíciles en Venezuela, "hay mejoras notables en varias áreas como la economía, la salud pública y el crimen que permiten que estos ciudadanos regresen de manera segura a su país de origen".

Lo cierto es que aunque la inflación ya no es de tres dígitos en Venezuela, las condiciones económicas siguen siendo desastrosas, con más del 75% de los habitantes por debajo del umbral de pobreza. El salario mínimo mensual equivale a unos tres euros.

Según Reuters, la Casa Blanca prepara poner fin a otro programa de entrada legal heredado de la era Biden, bajo el cual unos 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con patrocinadores estadounidenses pueden vivir y trabajar en Estados Unidos. La medida podría anunciarse en los próximos días o semanas.