Las críticas al acuerdo de PSOE y Junts en materia de inmigración, que incluye que los Mossos d'Esquadra gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos junto a Policía Nacional y Guardia Civil, no se han hecho esperar. Desde el PP, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que este pacto es "una humillación sin precedentes" que "profundiza en la desigualdad de los españoles" y en el "desmantelamiento del Estado".
También Podemos ya se ha mostrado en contra de un pacto que ha calificado de "racista" y "antiinmigración". Sin los de Ione Belarra la nueva proposición de ley presentada por PSOE y Junts para ceder las competencias de inmigración a la Generalitat, no saldrá adelante, ya que es necesario mayoría absoluta.
Mientras, el Gobierno defiende que esta cesión se hará en base al artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal" que por su propia naturaleza "sean susceptibles de transferencia o delegación".
"Tenemos un presidente del Gobierno de España que es un florero, un florero que lo pone y lo quita el independentismo de Junts", ha declarado Feijóo este martes a su llegada al Mobile World Congress que se celebra esta semana en Barcelona.
El dirigente popular ha tachado este pacto de doble "humillación" porque es una competencia exclusiva del Estado y porque se pacta fuera de España. "La propia nota de prensa del PSOE habla de que esto se ha negociado en Bruselas, es decir, que las competencias del Estado español se negocian en Bruselas entre el Gobierno de España, Junts y su presidente, que tiene cuentas pendientes con la Justicia. Esto es una humillación sin precedentes", ha añadido prometiendo revertirlo si gobierna.
"Pelele del separatismo"
Misma línea mantiene la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha advertido que las competencias de control de la inmigración en frontera son exclusivas del Estado y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "pelele absoluto del separatismo".
"No se puede transferir lo que tiene que ser exclusiva del Estado", ha recalcado la dirigente del PP en un acto en Madrid. También ha anunciado que los servicios jurídicos de su partido ya están estudiando el acuerdo entre socialistas y nacionalistas y lo analizarán en profundidad en cuanto el texto íntegro sea público.
También desde el PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado que Sánchez pacte "al margen de la ley" y con lo que él denominaba "derecha xenófoba catalana" el control de la inmigración en Cataluña.
Lo hace, a su juicio, "al margen de la ley que está siendo retorcida desde el proceso catalán, aquel golpe de Estado que hundió y expulsó a tantas empresas", según ha trasladado este martes en un acto.
Ayuso también ha censurado que ahora la policía autonómica tendrá mando en las fronteras con una plantilla que "van a triplicar a modo de una nacional, como si fuera un nuevo Ejército" ya que el acuerdo de PSOE y Junts incluye el incremento del número de Mossos en Cataluña de 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.
Por otro lado, Vox también ha mostrado su rechazo total a ese acuerdo y cree que esta cesión es "el último paso antes de una independencia de facto". El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, considera que la iniciativa registrada es un "ataque a la unidad nacional" porque la inmigración es una competencia "exclusiva del Estado". "Cuando Sánchez acabe la legislatura no quedará absolutamente nada de España", ha advertido.
"Es constitucional"
Desde el Gobierno, argumentan en la exposición de motivos del acuerdo, que la cesión de la inmigración se hará en base al artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal" que por su propia naturaleza "sean susceptibles de transferencia o delegación".
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este martes que se trata de "una delegación de competencias compartida" que "no altera las competencias del Estado".
"Quiero señalar para dar tranquilidad que se encuentra en el marco del respeto constitucional y también del respeto a las competencias que nos marcan las directivas europeas", ha explicado, para después añadir, en una entrevista en TVE, que "lo trascendente" es que el respeto a los derechos humanos "queda garantizado".
Al igual que el texto del acuerdo de PSOE y Junts, Díaz ha indicado que la norma se enmarca en el artículo 150 de la Constitución y que es "una delegación de competencias compartida, es decir, no se alteran las competencias que tiene el Estado" en inmigración.
Por ello, ha pedido a la oposición, y en concreto al PP, que "lo estudie con calma y profundidad" y que en todo caso realice "las matizaciones que quieran" en la tramitación parlamentaria de la ley.
Después de defender la norma porque cree "en el espíritu autonomista" y porque considera que "cuanto mayor cercanía" haya en las competencias "es previsible que se gestione mejor", la titular de Trabajo ha insistido es que debe ser "siempre respetando y velando por la titularidad del Estado", como en el caso de los permisos de residencia, que según el acuerdo se gestionarán a través de la Generalitat.
División en Sumar
Preguntada sobre si Sumar votará que sí a la proposición de ley en la Cámara Baja, Yolanda Díaz ha eludido responder y se ha limitado a decir que "la propuesta que se formula hoy" respeta los derechos fundamentales de los migrantes y que, en todo caso, habrá que esperar "a las aportaciones" que se realicen durante la tramitación parlamentaria.
En este sentido, Más Madrid, integrado en Sumar, ha calificado el pacto de PSOE y Junts de "mala idea" y deja en el aire qué votarán sus dos diputadas en el Congreso, Alda Recas y Tesh Sidi.
Así lo ha asegurado Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, que considera, además, que esta ley "puede sentar un precedente que derive en una competición entre CCAA por ver quién hace políticas más xenófobas".
"Nos parece una mala idea hacer este pacto con Junts porque son una organización que no duda nunca en movilizar el voto a través del sentimiento antimigratorio", ha dicho, sin aclarar el sentido del voto de su partido. "La votación todavía es hipotética. Hay que estudiarlo en detalle y valorar el sentido de voto de la misma", ha añadido.
Podemos, en contra
A las críticas del PP y Más Madrid se ha sumado también Podemos, que censura que el PSOE pacte con "un partido antiinmigración que compite con la ultraderecha catalana" competencias de migración.
"No se hará con los votos de Podemos", ha advertido Ione Belarra este martes en redes sociales. "Lo que es urgente en nuestro país es que se apruebe la ILP de regularización que lleva un año esperando", ha añadido.
El rechazo de Podemos no permitiría que salga adelante la proposición de ley pactada entre el PSOE y Junts, ya que al ser orgánica es necesario que sea aprobada por la mayoría absoluta del pleno del Congreso, situada en 176 diputados de un total de 350.
Para alcanzar esta cifra, el PSOE y Junts necesitarían el voto a favor de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, incluido Podemos.
ERC no aclara su voto
Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, espera que las competencias en migración "se utilicen bien" y que la formación de Carles Puigdemont tenga en mente la inclusión de las personas migrantes y "recuerde la Cataluña de todos de Jordi Pujol" en contraposición a "la Cataluña para cuatro" de la líder del partido de ultraderecha independentista catalán Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
En ese sentido, Rufián -que no ha precisado por el momento el sentido del voto de ERC sobre la proposición de ley- se ha limitado a decir "veremos cómo acaba" la aplicación de esta cesión de competencias, que en este momento serían aplicadas por el Govern socialista de Salvador Illa.