Última hora política, en directo | Albares asegura que "nadie" está planteando desplegar tropas en Ucrania

El ex secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán, ha confirmado este miércoles que no asistirá este fin de semana al Congreso de los socialistas aragoneses que refrendará como líder a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

"Creo que mi presencia no resultaría muy grata ni para la nueva dirección ni para mí. Por tanto, no asistiré al Congreso", ha afirmado Lambán en un mensaje en X, en el desea al PSOE aragonés "lo mejor" y le muestra su agradecimiento por la oportunidad que le ha dado "de ser útil a Aragón y a España durante 42 años". "Un fuerte abrazo, compañeros", concluye Lambán.

La ausencia de Lambán como secretario general saliente es un hecho sin precedentes en el PSOE aragonés que marcará el cónclave y dejará patente su distanciamiento con Alegría y con el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, por sus pactos con los partidos independentistas catalanes.

Con el lema 'La fuerza del cambio', el PSOE aragonés celebrará su XVIII Congreso en Zaragoza el 15 y 16 de marzo y abrirá con Alegría una nueva etapa tras casi trece años de liderazgo de Lambán, quien cerró su trayectoria política a finales de enero al renunciar a su acta como senador autonómico apenas dos días después de la confirmación de la ministra de Educación como su sucesora al ser la única candidata.

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez, ha afirmado que "la reconstrucción no puede pasar por una ministra de Sánchez después del ninguneo al que nos somete a todos los valencianos", y ha subrayado que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, "es Sánchez".

El portavoz 'popular' ha respondido, en un comunicado, a la petición de la también ministra de Ciencia, después de que este miércoles Morant haya exigido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que adelante elecciones en la Comunitat Valenciana al considerar que tanto él como el PP están incapacitados para seguir al frente del Consell por su gestión de la dana, así como para afrontar la reconstrucción.

Para Juanfran Pérez, "no hay nadie que entienda a Diana Morant. Ha pasado de decir que apoyaría los presupuestos de la reconstrucción, a después anunciar una moción de censura que más tarde dice que no la va a presentar, a pedir que apoyaría un cambio y hoy a pedir elecciones anticipadas. Da la sensación que Morant no sabe lo que quiere porque cada día dice una cosa diferente", ha aseverado.

La mayoría absoluta del PP en el Senado ha sacado adelante este miércoles una iniciativa para reivindicar la Transición y el papel "determinante" del Rey emérito, Juan Carlos I, en este proceso. Al mismo tiempo, exige al Gobierno cancelar su agenda de actos por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

La iniciativa de los 'populares' ha contado con el apoyo de UPN y las abstenciones de Vox y Agrupación Socialista Gomera, mientras que el PSOE y el resto de formaciones han votado en contra. Con esta moción, el PP ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez "a organizar la próxima conmemoración del 50º aniversario de la Transición española a la democracia".

También han emplazado al Gobierno a no continuar con su agenda 'España en libertad', porque "los españoles no le deben la democracia a la muerte de Franco en la cama de un hospital".

En su moción, una iniciativa no vinculante recogida por Europa Press, los 'populares' apuestan por "recordar el papel determinante jugado en su momento por el Rey Juan Carlos I" para "el establecimiento, consolidación y defensa de la democracia", añadiendo que es un "compromiso" que ha "reforzado" su hijo y actual monarca, Felipe VI, de la mano de la sociedad española.

Para el PP, la muerte de un dictador "jamás supone la desaparición instantánea de su régimen político", subrayando que no fue hasta el año 1977 cuando España comenzó "a registrar los mínimos valores imprescindibles para dar suelo firme al proyecto constitucional".

La parlamentaria Maite Nosti ha decidido no continuar en la agrupación de Vox en la Cámara navarra, pero sí continuará con su escaño en el Legislativo.

La decisión viene motivada por discrepancias con el partido. El pasado lunes, en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, se votó una declaración con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Maite Nosti, que ejercía como representante de Vox en la Junta de Portavoces, respaldó el texto, pero su partido no era partidario de apoyarlo.

Su salida supone la disolución de esta agrupación, hasta ahora integrada por Nosti y el parlamentario Emilio Jiménez, al ser requisito reglamentario estar formada por al menos dos miembros. En este caso, Jiménez pasará al Grupo Mixto como único parlamentario de Vox, según ha informado el Parlamento de Navarra.

La condición de no adscrito supone la pérdida de todos los cargos y puestos que el parlamentario venía ocupando. No obstante, se le reconoce el derecho a formar parte de una Comisión, que en el caso de Maite Nosti solicita que sea la de Economía y Hacienda. La Mesa será la encargada de aceptar o no (podría incluirle en otra Comisión) el requerimiento de Maite Nosti. En cualquier caso, la Comisión a la que se le asigne pasará de 14 a 15 miembros.

Este miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado en el Congreso de los Diputados que la posible quita de la deuda no perjudicará a Euskadi y Navarra, que cuentan con regímenes forales. 

Desde Nueva York, el lehendakari, Imanol Pradales, se ha pronunciado sobre las declaraciones de Montero. Pradales ha valorado de forma "positiva" las palabras de la ministra, aunque ha matizado que "todavía no hay un acuerdo cerrado". 

El lehendakari, eso esí, ha confirmado que el Gobierno vasco y el Ministerio de Hacienda llevan ya semanas negociando sobre este asunto que "preocupa". "No es justo que tengamos que asumir los efectos de una potencial condonación de la deuda en Euskadi cuando nosotros hemos hecho los deberes y eso es una línea roja para nosotros". 

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha pedido a Carlos Mazón que adelante elecciones en la Comunidad Valenciana porque "el PP y sus socios de ultraderecha evitaron que Les Corts pidieran la dimisión de Mazón".

Por ello, Morant cree que ha llegado la hora de que "los valencianos puedan votar" y argumenta que "la dimisión de Mazón no es una solución" por lo que ha insistido en que "el pueblo de Valencia merece poder votar".

"El PP solo ve en la Comunidad Valenciana un cálculo electoral y esto podía acabarse" pero ha acusado a Feijóo y a Vox de no querer. "Mazon pudo irse, el PP pudo echarlo pero ninguno quiso y exigimos que los valencianos tomen la palabra".

Morant ha acusado a Vox, PP y Feijóo de no querer "mover ficha" e intentar "ganar tiempo, pero el tiempo no es suyo" y ha insistido en que "el pueblo valenciano no puede perder más tiempo".

La secretaria del PSOE valenciano y ministra ha pedido una "comisión en el Congreso para analizar con objetividad los hechos" porque "no vamos a parar hasta saber la verdad".

En el quinto aniversario de la pandemia de Covid-19, la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha remitido a los medios un exhaustivo balance de la gestión de la crisis sanitaria como respuesta al documental que, esta misma semana, se estrenará en televisión española y que analiza su gestión de las residencias de ancianos durante la primera ola.

En su documento, la región carga con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez y niega que hubiera una orden para no trasladar ancianos desde las residencias a los hospitales durante la primera ola. Es más, el equipo regional llega a señalar hasta 30 errores cometidos por el Ejecutivo central.

Afirman que la Comunidad de Madrid fue pionera en adoptar medidas para contener el virus y que, desde el principio, el Gobierno de Sánchez actuó "tarde y mal", mientras que Madrid tomaba la delantera en decisiones clave.

Llegan novedades sobre la posible quita de la deuda a las comunidades autónomas. Y llegan desde el Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado que esta medida no perjudicará a los regímenes forales de Euskadi y Navarra. 

Montero, a raíz de una pregunta de la diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha asegurado que "se hará el ajuste necesario para que Euskadi y Navarra no paguen más de lo que venían pagando por la financiación de la deuda". 

"Esa absorción de la deuda por parte del Estado no va implicar en ningún caso una mayor aportación por parte del Gobierno vasco o del Gobierno navarro a la parte que ellos contribuyen en la financiación de la deuda del conjunto del Estado", ha señalado.

El PP ha anunciado que respeta la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar por mayoría la reforma del Reglamento del Senado aprobada en noviembre de 2023, a instancias del PP, con la intención de retrasar la tramitación de la ley de amnistía.

Los populares han llamado la atención sobre que el fallo fuera adelantado por el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas. Un "conocimiento", a su juicio, que "demuestra la colonización de las instituciones que está llevando a cabo el sanchismo, como cuando adelantaron noticias sobre el caso de los ERE o la investigación a González Amador".

Los de Alberto Núñez Feijóo consideran que esta decisión del Constitucional "en ningún caso puede perjudicar a la calidad legislativa durante el trámite parlamentario de las leyes en el Senado", objetivo que "persiguió" aquella reforma del Reglamento de la Cámara Baja y que será "uno de los pilares sobre los que se levanta la nueva propuesta de reforma" del Reglamento registrada por el PP.

En todo caso, el PP vuelve a tender la mano al PSOE para avanzar en una reforma del reglamento consensuada que ponga en valor al Senado esperando que éste sea un objetivo compartido en lugar de las "urgencias de Sánchez para aprobar una serie de leyes como la Ley Begoña".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que "nadie", y en ningún caso el Gobierno español, se está planteando en estos momentos el despliegue de tropas en Ucrania.

El jefe de la diplomacia ha querido dejar claro este extremo después de que durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados tanto Sumar como Podemos hayan trasladado su rechazo al eventual despliegue de soldados españoles para garantizar la paz en Ucrania.

"Por favor, no confundan a la opinión pública española", ha pedido Albares dirigiéndose directamente a la líder de Podemos, Ione Belarra. "¿Quién está hablando de enviar tropas al frente? Desde luego el Gobierno de España, no", ha recalcado.

"Se lo digo públicamente desde la tribuna, aunque no le queda dudas a nadie: nadie está planteando enviar tropas al frente", ha insistido con rotundidad, después de que tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hayan venido defendiendo que es "prematuro" hablar de esta cuestión cuando todavía continúa la guerra en Ucrania.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se suma a la batalla por prolongar la vida de las centrales nucleares y pide "que se haga desde el Estado". Tras visitar este miércoles la central nuclear de Almaraz, ha defendido ante los medios que "es obligado acompañar a los compañeros de Almaraz en su lucha por prolongar la vida útil de la central".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha elogiado este miércoles el legado político del expresidente del Gobierno José María Aznar (1996-2004) cuando se cumplen 25 años de su mayoría absoluta en las elecciones celebradas el 12 de marzo de 2000.

"Hoy se cumplen 25 años de la primera mayoría absoluta de José María Aznar, un presidente que cambió España", ha publicado Mañueco en su cuenta personal de la red social X.

El Gobierno tacha de "imposible" la condición impuesta por Junts para sentarse a negociar nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, que pasa por que el Estado pague unos 50.000 millones de euros en concepto de "deuda pendiente" en materia de infraestructuras.

El partido de Carles Puigdemont aseguró que no se sentará a la mesa a negociar unas nuevas cuentas generales si el Ejecutivo Central no paga esa cantidad, que sale de las promesas de inversiones que no se han ejecutado, según el cálculo que hace la formación independentista. "Primero pagar, después negociar", dijo este mismo lunes el portavoz Josep Rius.

Junts estableció esta premisa poco después de cerrar un acuerdo con el PSOE para la cesión a Cataluña de las competencias en inmigración. De este modo despejó las dudas de que este pacto abriese la puerta a que Junts diese su apoyo para aprobar nuevos PGE.

En Moncloa son conscientes de que no cuentan con el compromiso de Junts y cada negociación supone un capítulo diferente. Es decir, haber alcanzado un acuerdo previo no significa que vayan a cerrar con éxito la siguiente negociación.

En cualquier caso, el Ejecutivo rechaza de plano cumplir esta exigencia, --"es obvio que no es posible" reiteran fuentes del Consejo de Ministros--, que consideran que en, ocasiones, los grupos establecen condiciones de partida inasumibles.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado, respecto al aumento del gasto en defensa que pretende acometer el Gobierno aun con discrepancias entre PSOE y Sumar, que "en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, se va a limitar o detener la política social de este gobierno".

Bustinduy, que pertenece al ala de Sumar en el Gobierno, se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios en Valencia, sobre cuál será finalmente la posición del socio minoritario del Ejecutivo central al respecto.

El Gobierno tiene decidido que acometerá el incremento del gasto en defensa al 2% del PIB al que se ha comprometido con la OTAN, aunque todavía no tiene clara la fórmula que utilizará. Este martes no se consensuó una posición entre el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz, quienes se emplazaron a seguir negociando.

En este escenario, el titular de Derechos Sociales ha explicado que en la reunión "al máximo nivel en la coalición de gobierno", Díaz trasladó que "hablar de la autonomía y de la seguridad de Europa no es lo mismo que hablar del aumento del gasto militar".

El Gobierno ha procedido a crear el Comité de Lucha contra la Desertificación, previsto en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación presentada en 2022, que se encargará de la cooperación, la consulta y la colaboración entre las administraciones públicas para la aplicación coherente en el territorio nacional de las políticas de lucha contra la desertificación y la degradación de las tierras, así como del intercambio de buenas prácticas en la implementación de políticas y acciones sobre estas materias.

Así consta en el texto de un Real Decreto, publicado este miércoles en el BOE, y que entra en vigor este jueves con el que quiere reforzar la gobernanza de la lucha contra la desertificación en España.

La norma modifica otra que regula las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad --órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas-- para adscribirle este comité especializado, al que se le dota de una estructura organizativa específica.

El nuevo comité estará compuesto por un representante de cada comunidad autónoma y de Ceuta y de Melilla, otro "del Ministerio de Medio Ambiente, y otro Medio Rural y Marino, designado por el Director General de Medio Natural y Política Forestal, que ejercerá su Presidencia".

Asimismo, formarán parte de él tres representantes adicionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), procedentes de la Dirección General del Agua, la Dirección General de Políticas contra la Despoblación y la Oficina Española de Cambio Climático y tres representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), procedentes de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios y la Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias; y un representante del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar intentando hacer "trampas" con el gasto militar y le ha advertido de que "no es lo mismo engañar" a sus socios parlamentarios que a la OTAN y a la Unión Europea. A su entender, el Gobierno debería ser "más prudente" en este asunto.

Por el momento, el Gobierno tiene decidido que acometerá el incremento del gasto en defensa al 2% del PIB al que se ha comprometido con la OTAN, aunque todavía no tiene clara la fórmula que utilizará y no descarta que alguna de esas iniciativas destinadas a aumentar la inversión militar tenga que someterse a votación en el Congreso de los Diputados, según fuentes gubernamentales.

En cualquier caso, la vicesecretaria del PP ha indicado que su partido desconoce qué les va a proponer este jueves el presidente el Gobierno. "No conocemos absolutamente nada de cuáles son sus planes, ni de cuáles son sus objetivos, ni de qué mayoría tiene para llevarlos a cabo. No sabemos absolutamente nada", se ha quejado.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado este miércoles por mayoría la reforma del Reglamento del Senado aprobada en noviembre de 2023, a instancias del PP, con la intención de retrasar la tramitación de la ley de amnistía.

Fuentes jurídicas informan de que la corte de garantías ha estimado el recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra la reforma, a partir de una ponencia de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La sentencia ha salido adelante con los siete votos del bloque progresista más el magistrado César Tolosa, frente al rechazo de los cuatro conservadores.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado este miércoles el archivo de la denuncia de Hazte Oír contra los humoristas David Broncano y Laura Yustres Velez, Lalachus, por la estampa de inspiración religiosa: "Ultras 0 - Libertad de expresión 1".

"Como dijimos, la supresión de este delito para garantizar la libertad de expresión y creación ya está en el Congreso. Se aprobará", ha asegurado Bolaños en una publicación en su perfil en X.

El titular de Justicia ha subrayado que "nadie merece pasar por un proceso judicial por algo así ni autocensurarse por miedo".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado al consenso de las fuerzas políticas y apoyo al Gobierno en la defensa de Europa, de su seguridad y sus valores, insistiendo en que hay que estar todos juntos apoyando a Ucrania "hasta que su democracia sea respetada".

"Les pido hoy la unidad de todas las fuerzas políticas y el apoyo al Gobierno para tomar las decisiones vitales que requiere el cambio en el orden mundial", ha solicitado el ministro en el Congreso en una comparecencia que pidieron ERC y EH Bildu circunscrita a Gaza y Oriente Medio, pero el devenir de los acontecimientos le ha obligado a abrir el foco.

Y sobre Ucrania ha sido muy claro al insistir en que espera que "nadie tenga la tentación aquí de pedir que se ponga en el mismo plano al agresor y al agredido, y espero que nadie tenga la tentación de pedir que se compense al agresor o que se humille al agredido".

El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, ha calificado este miércoles de "sorprendente" que la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, haya manifestado ante el Tribunal Supremo que la información sobre las comunicaciones entre la Fiscalía y Alberto González Amador le llegó a través de periodistas.

"Sería la primera vez que son los periodistas los que informan al político, y no el político al periodista", ha opinado García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"¿Cómo puede ser que un periodista o que un medio de comunicación puedan tener acceso a una información o a un documento que sólo las partes pueden tener", se ha preguntado García.