Efectivos de la UME acuden a desinfectar una residencia de ancianos en Barcelona, en 2020.
El "caos" en las residencias de ERC que calla el PSOE: "Los ancianos se mueren porque no tenemos respiradores"
La Guardia Civil constató un error de "extrema gravedad" de la Generalitat, al trasladar juntos a los ancianos infectados con los sanos, lo que pudo generar más contagios.
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"En Igualada tuvieron que depositar los cadáveres en camiones refrigeradores. Va a morir una pila de gente y las incineradoras no dan abasto", reconoció un alto cargo del Departamento de Interior de la Generalitat en abril de 2020, en el momento más crudo de la pandemia.
Su interlocutor, el empresario David Madi (que fue jefe de prensa de Artur Mas), replicó indignado: "Lo que pasa en las residencias de ancianos es para colgarlos a todos, cuando esto acabe habrá que pasar cuentas, porque ha costado muchas vidas".
Tan sólo en los tres primeros meses de confinamiento, entre marzo y mayo de 2020, murieron por Covid más de 3.000 internos de las residencias de Cataluña, según los datos manejados por la propia Generalitat.
El PSOE y RTVE han montado una campaña contra Isabel Díaz Ayuso por las muertes en las residencias de ancianos de Madrid durante la pandemia, que la portavoz socialista Reyes Maroto calificó el viernes de "asesinatos". La dirigente del PSOE se retractó de sus palabras, después de que Ayuso anunciara una querella contra ella.
Pero la situación en las residencias de ancianos resultó igualmente trágica, y en ocasiones "caótica", en todas las comunidades autónomas durante la pandemia.
Las intervenciones telefónicas efectuadas por la Guardia Civil en aquellos meses, en una causa contra el independentismo dirigida por el juez Joaquín Aguirre, revelan la impotencia y el desconcierto de los altos cargos de la Generalitat catalana ante la tragedia que se vivía en las residencias.
El fontanero de ERC Xavier Vendrell explicó el 29 de marzo de 2020 a la representante de una asociación de residencias que le habían contratado para coordinar el traslado de los internos infectados a un hospital de campaña "para que no contagien más. Se les lleva allí básicamente para que mueran lo mejor posible".
Según expuso, "los ancianos se están muriendo porque no hay respiradores, se ahogan, es muy fuerte". Su interlocutora dio por hecho que "morirán un montón" y le pidió que no montaran "un matadero", porque estaban ante "lo más parecido a una guerra".
"Hablando en plata", convino Xavier Vendrell, "lo que hay que hacer es ayudar a que mueran sin dolor. Se trata de sacar a los ancianos de las residencias para que no mueran allí y contagien menos".
Vendrell (que fue conseller de Gobernación en el Tripartito de José Montilla) había sido contratado para coordinar esta labor con el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales (del que dependían estos centros) que dirigía el conseller de ERC Chakir El Homrani, en el Govern de Quim Torra.
Pactó una remuneración de 5.000 euros al mes, que exigió facturar a través de su empresa Forum 1406 SL (que el juez Aguirre investigaba en aquel momento por el presunto desvío de fondos de la Generalitat) porque no quería que apareciera oficialmente su nombre.
La idea inicial era sacar a los ancianos de las residencias, desinfectarlas, y volver a instalar en ellas a los internos. Para ello se habilitó un hotel medicalizado en Sant Andreu de la Barca, que no se llegó a usar porque no reunía las condiciones necesarias. Luego se iniciaron gestiones para trasladar a los ancianos a clínicas privadas de las mutuas.
Pero en este trasiego, explica la Guardia Civil en los informes dirigidos al juez, se cometieron errores de "extrema gravedad", al trasladar a internos de las residencias que estaban infectados de Covid, junto a los que se encontraban sanos, lo que provocó que se propagaran los contactos.
"Que la Generalitat haga esto es una aberración, una detrás de otra" estalló al saberlo una colaboradora en conversación con Vendrell el 2 de abril. Pocas horas después, una responsable del Consorcio Sanitario de Barcelona, Montserrat Casamitjana, también transmitió a Vendrell su estupor por estos hechos.
Según relató, en una residencia de Barcelona "había gente que hacía dos días que no comía", dado que buena parte del personal también había enfermado. "Se optó por coger a la gente más sana, aunque todos podían estar contagiados, y con ese criterio se los llevaron (...) no les importan los criterios médicos", se quejó. Al resto, se les dejó morir en las residencias.
Xavier Vendrell, que era el encargado de coordinar el operativo, admitió que se había producido una confusión al interpretar las instrucciones.
Casamitjana le aclaró que "siempre se ha dicho que los enfermos terminales no se tocaban, se quedaban en el centro, sólo se cogían personas con capacidad de mejorar, eso se consensuó con el equipo médico".
Todos daban por hecho que no se podía hacer mucho para salvar la vida de estos ancianos. "A personas con pluripatologías, que son todos los que están en las residencias y con más de 80 años, no se les administrará ningún tratamiento", lamentó aquellos días la representante de la asociación del sector, en otra conversación con Vendrell.
"A partir de 75 años no hay capacidad, hay que discriminar, son los que mueren", asumió Vendrell.
Su interlocutora, representante de las empresas del sector, expresó su frustración: "Han movilizado gente de otras residencias y se les va a morir igual. Cuando vienen los de [la Conselleria de] Salut sólo colocan palomitas y a lo mejor es lo que hay que hacer".
"No mueren en las residencias porque no estén atendidos", continuó, "no sale ninguna noticia diciendo por qué muere la gente. No dicen que se mueren porque no les darán los retrovirales".
A ello se sumó que los familiares desconocían dónde se encontraban sus abuelos. Aquella misma jornada, Xavier Vendrell comenzó a recibir avisos de sus colaboradores sobre ancianos de distintas residencias a los que se había perdido el rastro.
"Esta señora", le expusieron en una de dichas llamadas, "se ha puesto mala esta tarde, desde la residencia han pedido una ambulancia y se la han llevado a un hospital. Ahora no se sabe dónde está. Le han perdido el rastro".
"He llamado a la residencia", continuaba el mismo interlocutor, "y me han dicho que no es sólo un caso, tenían a otro abuelo en la misma situación. Ayer también lo enviaron en una ambulancia y no saben dónde está".
A finales de marzo, la responsable de la asociación de residencias volvió a ponerse en contacto con Vendrell para quejarse de la falta de ayuda del Departamento de Asuntos Sociales: "Nos han dejado sin EPIs, los profesionales [de las residencias] se están contagiando".
Y la tensión subió el 7 de abril, cuando Vendrell se lamentó ante el secretario general de la Conselleria, Oriol Amorós, de que se estaba produciendo "una revuelta de médicos por la falta de material sanitario que se les había prometido. Los médicos quieren garantizar su seguridad porque están tratando con enfermos de Covid".
Estos errores, indica la Guardia Civil en sus informes, eran "una demostración pavorosa de descoordinación y desconocimiento, en una situación de máxima alerta sanitaria en la que o no había protocolo de emergencias o, si los había, no se estaban aplicando".
"Todas estas carencias y descoordinación", detalle la Guardia Civil en el informe que dirigió al juez, "han quedado claramente de manifiesto a lo largo de la observación telefónica y con una consecuencia irreversible y dolorosa, la pérdida de miles de vidas humanas".
En otro momento, acuciado por la necesidad de conseguir "bolsas donde introducir los cadáveres", Vendrell planteó esta necesidad al gerente del Consorcio Sanitario de Barcelona, Jaume Estany, quien le replicó que él "se dedicaba a salvar vidas, no a enterrarlas", según recoge el informe de la Guardia Civil. Y en contra conversación Vendrell asumió que "el 80% de los ancianos morirán".
Finalmente, el 8 de abril, la Generalitat anunció que la Conselleria de Salud se haría cargo de los internos de las residencias, para intentar atajar esta situación. "Se han tenido que morir un montón de ancianos, antes de que reaccionaran", constató Vendrell, de nuevo en conversación con la representante de la asociación del sector.
Mientras tanto, en una conversación con otro empresario, David Madí expresaba su indignación por cómo estaba actuando ante la pandemia el Govern presidido por Quim Torra: "El Govern está operando directamente como importador de material sanitario y eso les va a explotar en las manos", advirtió Madí.
Su interlocutor celebró que "había quedado todo disimulado porque la comunicación la lleva bien el trío calavera. Gracias a Dios no se sabe el desbarajuste que hay". La Guardia Civil aclara en su informe que la expresión "el trío calavera" aludía a Quim Torra, Miquel Buch (entonces conseller de Interior) y Meritxell Budó (consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat).
Pese a ser uno de los principales estrategas de la antigua Convergència desde la etapa de Artur Mas, David Madí no ocultaba su mala opinión sobre Quim Torra, al que califica en otra conversación como "un subnormal político profundo".
En aquellos momentos, a través de sus contactos en Junts, Madí intentaba negociar un contrato para vender material para realizar test Covid a los internos de las prisiones gestionadas por la Generalitat. En un primer momento, propuso una prueba piloto de 15.000 euros (a razón de 300 euros cada test) para la cárcel de Brians 1.
"Hacen de bolcheviques"
Pocas semanas después, en otra conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil, David Madí se lamentó de que el president Quim Torra "tiene todo el Govern colapsado, colapsado con la gestión de la crisis [del Covid], nadie da un palo al agua, están todos aislados".
"Todo el sermón este de la Laura Borràs, toda esta chusma... están haciendo de bolcheviques", añadió Madí, quien temía que Junts acabara pagando en las urnas el descontrol de su gestión de la crisis del Covid.
En su campaña contra Ayuso, el PSOE ha puesto el foco exclusivamente en las residencias de ancianos de Madrid. Pero la gestión del Ejecutivo madrileño fue un ejemplo para otras comunidades autónomas.
Así lo atestigua esta investigación desarrollada por la Guardia Civil en Cataluña. Apremiado por la falta de medios, Xavier Vendrell envió en abril de 2020 al entonces vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el decreto que había dictado la Comunidad de Madrid, por el que ordenaba poner a su disposición los servicios de las mutuas privadas. A su juicio, era la medida que precisaba Cataluña para gestionar la crisis de las residencias.
Estos pinchazos telefónicos se realizaron en la causa judicial instruida por el juez Aguirre, que derivó en el caso Volhov (sobre los contactos de Carles Puigdemont y su entorno con agentes del Kremlin). Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó el archivo de las actuaciones el pasado mes de febrero.
La Generalitat catalana sólo reconoce la cifra de 4.566 fallecidos en las residencias durante toda la pandemia. Sin embargo, esta cifra no incluye a los que murieron en las primeras semanas, las más críticas, dado que todavía no había medios para realizar test a los enfermos que mostraban síntomas compatibles con el Covid.
La comisión de Servicios Sociales del Parlament realizó una investigación sobre la gestión de las residencias durante la pandemia, que evidenció graves carencias en el funcionamiento de los sevicios de salud, pero evitó señalar a los responsables de lo ocurrido.
Un estudio del Insalud estimó en más de 30.000 los internos de residencias de ancianos fallecidos por Covid en toda España (bien en los propios centros, o tras evacuarlos a hospitales) entre 2020 y 2022.
