La secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2025.
El PSOE tramita la ley de Junts para desalojar a okupas en 48 horas en contra del criterio de Sumar, ERC y Bildu
Los socialistas anuncian que cambiarán el contenido de la ley para no romper con la izquierda con el argumento de que "los datos" no justifican el "alarmismo".
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El PSOE ha aceptado este lunes tramitar en el Congreso una proposición de ley de Junts para agilizar los desahucios y desalojar ocupaciones ilegales en un plazo de 48 horas.
El PSOE ha anunciado su voto favorable, al tiempo que aseguraba que presentará modificaciones "para mejorarla" y, de paso, reconciliarse con sus socios a la izquierda del arco parlamentario (Bildu, ERC y Sumar) que se han mostrado contrarios a la propuesta.
El sí de los socialistas llega después de rechazar propuestas similares presentadas anteriormente por el PNV o el PP, y de mantener bloqueada en el Senado la ley antiokupación de Alberto Núñez Feijóo desde hace más de un año. Algo que le han rechazado desde el grupo parlamentario popular aunque, finalmente, ellos también votarán a favor de la tramitación.
La iniciativa de Junts ha sido defendida por la diputada Marta Madrenas, quien ha calificado la reforma legal como una "cuestión de justicia". Además, ha reiterado que "la vivienda debe ser un pilar del Estado de Bienestar" y ha defendido que los poderes públicos deben garantizar este derecho, al igual que ocurre con la sanidad o la educación.
La parlamentaria ha advertido de que "las Administraciones no pueden dejar de proteger la vulnerabilidad y hacerla recaer sobre los particulares la responsabilidad", mostrando su preocupación por el auge de las ocupaciones ilegales y cómo la solución se deja siempre en manos del propietario.
10.000 okupaciones en 2024
Según los datos aportados por Madrenas, Cataluña lidera el ranking de okupaciones con 9.477 casos en 2022, 2.247 en 2023 y 5.364 hasta junio de 2024, lo que podría llevar a cerrar el año con más de 10.000 okupaciones. Además, ha asegurado que el 96% de las okupaciones afectan a domicilios vacíos y solo el 4% a segundas residencias o viviendas habituales. "Cada año, 2,5 viviendas de cada 1.000 son okupadas en Cataluña", ha añadido.
Madrenas ha tenido un discurso bastante similar al de sus oponentes, Vox y el PP, a excepción de cuando ha denunciado la existencia de "empresas poco escrupulosas que hacen un negocio muy rentable" con la desokupación.
Además, ha señalado que las redes de emergencia para vivienda están "colapsadas" porque los inmuebles destinados a familias vulnerables están ocupados "por quienes no deben". También ha criticado la "ineficacia de la ley de desokupación" del Gobierno y ha defendido que su reforma permitirá que la policía actúe rápidamente para celebrar el juicio, incluso sin la presencia de los okupas siempre que haya un juez de guardia.
El PSOE y la ley Sánchez
El PSOE ha asegurado que apoyará la tramitación de la iniciativa, pero presentará enmiendas al texto. El diputado socialista Guillermo Hita ha señalado que la propuesta de Junts "es para preservar el derecho a la propiedad privada, pero no es una solución al problema de la vivienda". Ha insistido en que "los datos no corroboran" una situación de alarma, pero ha reconocido que "el marco jurídico es susceptible de mejora".
Por ello, en un alarde de negociación con sus socios de la izquierda, ha asegurado que cambiarán el contenido de la ley para desterrar el argumento de las cifras de okupaciones que tanto han rebatido desde Sumar y Bildu. En el PSOE pretenden dejar claro que "los datos" no justifican el "alarmismo".
Además, el diputado ha 'tirado' de los "buenos datos de vivienda" en Cataluña después de que Salvador Illa haya aplicado la ley de vivienda nacional. "En Cataluña hay 17.000 viviendas más en el mercado de alquiler, 3000 solo en Barcelona. Además, se ha rebajado el 3,3% del precio del alquiler".
El PP, por su parte, ha apoyado la iniciativa de Junts, aunque ha recordado que su propia ley antiokupación, aprobada en el Senado en febrero de 2024, lleva más de un año bloqueada por el PSOE en el Congreso tras 40 prórrogas.
La diputada Cristina Agüera ha acusado al Gobierno de Sánchez de "premiar la delincuencia" y ha defendido que la ley del PP acabaría con la okupación en ocho meses, otorgando poder a las comunidades de propietarios y facilitando el desahucio en 48 horas.
Vox ha respaldado la propuesta al considerar que "el negacionismo de la okupación ha destrozado el mercado del alquiler". Su portavoz, Carlos Hernández, ha afirmado que "en ningún otro país de Europa los okupas tienen más derechos que los propietarios" y ha denunciado que la okupación está provocando problemas de vandalismo y convivencia en barrios y comunidades de vecinos, recordando del caso de Salt.
El PNV y Coalición Canaria también han mostrado su apoyo a la propuesta, destacando la necesidad de mejorar las garantías de los propietarios. El diputado vasco Mikel Legarda ha afirmado que "la actual ley no ofrece una respuesta eficaz", mientras que la canaria Cristina Valido ha defendido que "es necesario dotar a las administraciones de herramientas para intervenir con rapidez".
En cambio, Sumar, ERC y Bildu han rechazado la propuesta. El diputado de Sumar Gerardo Pisarello ha acusado a Junts de promover un "capitalismo mafioso" que "rompe la sociedad" e "hipoteca el futuro de los jóvenes".
"Presentan la okupación de inmuebles como un acto masivo y recurrente", ha bromeado Pisarello en una línea que ya habían seguido sus compañeros de ERC y Bildu. De hecho, los catalanes han insistido en que "no hay tantas ocupaciones" y que "esta iniciativa es una maniobra de distracción para no abordar el problema real de la vivienda".
Para terminar, Oskar Matute, de Bildu, ha argumentado que "el problema real es la falta de vivienda" y que "más de la mitad de las personas que pagan un alquiler están en riesgo de pobreza".
Y ha tirado de datos. Matute ha recordado que es 80% de veces más probable que a un español medio le desahucien a que le okupen la vivienda. "Es un problema que afecta al 0,06% del Estado español", ha finalizado.
