La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los medios este martes en la sede de su departamento. Europa Press
El Gobierno amenaza con usar datos "desactualizados" para el realojo de menores si las CCAA del PP no ofrecen la cifra exacta
El Ejecutivo tomaría como referencia los datos de diciembre de 2023, los últimos que consiguió recabar, aunque hace dos semanas aseguraba que esa estadística no podía darse por buena.
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Los plazos que había previsto el Gobierno para el traslado de 4.400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta a la Península ya han comenzado a torcerse.
El Ejecutivo había impuesto el pasado lunes 31 de marzo como fecha límite para que las comunidades informaran de cuántos menores acogen actualmente, pero ahora mismo en Moncloa siguen sin manejar toda esa información.
El motivo es que una comunidad, Aragón, no ha comunicado nada al haber recurrido esta solicitud, fruto del reciente pacto entre el PSOE y Junts para la reubicación de los menores. Y otras, como Madrid o Andalucía, han ofrecido datos parciales, sin detallar cuántos niños migrantes están en estos momentos bajo su protección.
Estas cifras son fundamentales para poder establecer un reparto por comunidades, en función del esfuerzo en la acogida que están realizando.
Por eso, desde el Ministerio de Juventud e Infancia ya trabajan con una alternativa en caso de no recibir los datos concretos que les han solicitado a las regiones.
Se trataría de tomar como referencia los números de diciembre de 2023, los últimos que el Ministerio consiguió recabar de forma completa y homogénea en todas las comunidades autónomas.
La paradoja es que hace dos semanas, desde este departamento señalaban que esa estadística no podía darse por buena al estar "desactualizada".
Esa era la premisa del pasado 18 de marzo, cuando el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un decreto que modificaba el artículo 35 de la Ley de Extranjería.
De esta forma, queda convertida en obligatoria la reubicación de menores no acompañados por todo el territorio nacional cuando una comunidad está desbordada, como ocurre en estos momentos con Canarias y la Ciudad Autónoma de Ceuta.
En caso de que no haya acuerdo con las comunidades, se establecen una serie de criterios, como la población, la renta per cápita o el esfuerzo de acogida de cada región, para distribuir a los menores.
Pero ahora el tiempo apremia. El próximo 10 de abril este mismo decreto tiene que convalidarse en el Congreso de los Diputados para que no decaiga, por lo que el Gobierno recurrirá a esos datos obsoletos si las comunidades no le dan la cifra precisa actualizada.
El plan de Moncloa consistía en tener una fotografía completa, aprobar el decreto en el Congreso, convocar a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para detallar el número de migrantes que debían ir a cada comunidad y proceder a los traslados "en torno al verano".
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró este martes que confiaba en que las comunidades completen la información requerida de aquí al próximo 10 de abril, porque "pasados unos días" desde su departamento van a elaborar "una propuesta concreta" para el realojo de los menores. Para los territorios que no han facilitado sus datos, se tomará esa imagen fija de diciembre de 2023.
El riesgo que existe es que esa asignación a cada comunidad estaría distorsionada, en caso de tener que recurrir a los datos de hace año y medio, lo que podría desequilibrar todo el plan.
"Si una sola comunidad autónoma no nos facilita los datos, pone en dificultad que podamos hacer nuestro trabajo en el protocolo de traslados y de acogida para el sistema global", reconoció la ministra Rego.
Choque con el PP
Pero en el Gobierno son conscientes de que el choque con el PP ya existe. Aragón no parece dispuesta a cambiar de actitud, cuando ha recurrido el procedimiento de solicitud de información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Baleares ya han anunciado que recurrirán la redistribución en sus territorios -o están estudiando hacerlo- al Tribunal Constitucional.
Los dirigentes de estas comunidades consideran que el plan ya está pactado de forma bilateral con Carles Puigdemont. Y así, según las primeras estimaciones, Madrid sería la comunidad que más acogería, con más de 800 menores, seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Por el contrario, Cataluña, que alega que ya hace un esfuerzo superior al resto, sólo recibiría a un número que oscila entre 20 y 30 menores.
Recursos
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera mandataria del PP en comunicar esta intención, a la que se podría sumar su colega andaluz, Juanma Moreno.
A la salida del foro Wake Up, Spain! 2025, organizado por EL ESPAÑOL, Moreno dijo que estudian recurrir la decisión porque le parece un "atropello" que "Puigemont decida la política migratoria de Sánchez".
Curiosamente, Sira Rego, la ministra encargada de recabar las cifras ofrecidas por las comunidades, no se refirió a Andalucía y sí a Madrid, cuando los datos ofrecidos desde el equipo de Juanma Moreno son los mismos que los que aporta Díaz Ayuso.
El Ministerio de Juventud pregunta por cuatro cuestiones específicas, entre las que se encuentra el número de menores extranjeros no acompañados atendidos actualmente o las plazas habilitadas en el sistema de acogida, y tanto Madrid como Andalucía responden con los que atendieron el año pasado y el porcentaje de ocupación de sus centros.
Al cuestionar a la ministra de Sumar si había intencionalidad política en estas decisiones, apuntó que "la única que puede haber, en un momento dado, para poner dificultades tiene que ver más con una cuestión ideológica profundamente ligada a razones más racistas que otra cosa".
