¿Qué es el derecho al olvido oncológico? Conoce todas las claves

El PSOE ha presentado este pasado miércoles 24 de mayo varias enmiendas en el Senado con el objetivo de impulsar la implantación del llamado derecho al olvido oncológico.

La finalidad es conseguir que aquellas personas que han tenido cáncer no sean discriminadas a la hora de contratar algunos servicios, como seguros o préstamos hipotecarios, así como para otros trámites como la renovación del carné de conducir.

¿Qué es el derecho al olvido oncológico?

El derecho al olvido oncológico es, tal y como explicó la diputada del PNV Idoia Sagastizabal en el Congreso de los Diputados el pasado 19 de abril: "el derecho de aquellas personas supervivientes de cáncer a que las entidades financieras no tengan en cuenta su historial médico para contratar productos financieros". De la misma forma, este derecho también sería aplicable a otros ámbitos.

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Ya el pasado 13 de mayo en Sevilla, Pedro Sánchez anunció que este derecho será implantado en junio, tras un encuentro con asociaciones de lucha contra el cáncer a las que trasladó el compromiso del Ejecutivo de poner de inmediato en marcha este derecho.

Esta nueva iniciativa legislativa tiene por objeto "declarar nulas todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o que discriminen a la hora de contratar productos o servicios", o "evitar que se puedan tener en cuenta los antecedentes oncológicos del asegurado para imponer condiciones más gravosas en los contratos de seguros, o "establecer, por primera vez, el derecho a no declarar que se ha padecido cáncer cuando se vaya a contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario".

El derecho al olvido oncólogico beneficiará a todas las personas que hayan finalizado un tratamiento oncológico cinco años antes de la fecha de suscripción del contrato, sin recaída posterior.

Se llevará a cabo mediante la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y de la Ley del Contrato de Seguro.

Contratación de una hipoteca

Según un estudio de la Fundación Josep Carreras (www.fcarreras.org/es): "El 50% de los jóvenes de entre 18 y 35 años que han sufrido un cáncer en la sangre se encuentran con inconvenientes a la hora de reincorporarse de nuevo al mercado laboral y el 80%, para contratar un producto bancario o un seguro".

No solo esto, sino que: "El 47% de los pacientes ha encontrado dificultades al intentar solicitar un préstamo; el 70% al pedir un seguro de decesos y el 83% cuando intentaban contratar un seguro de vida".

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Las renovaciones del carné de conducir

Hasta el momento, los expacientes de cáncer deben renovar su permiso cada tres años. Sin embargo, se prevé modificar el Reglamento General de Conductores para que sean equiparados al resto de conductores y tengan que renovar su carnet cada 10 años (hasta los 65 años y cada cinco años después de esa edad).

Incorporación al ámbito laboral

De la misma forma, los expacientes de cáncer suelen tener problemas para incorporarse al mercado laboral, por lo que el derecho al olvido oncológico pretenderá reducir la pérdida de trabajo.

La AECC habla de que "cada vez es más complicada reinserción laboral". De hecho, según datos de la asociación, el 21% ha tenido que dejar de trabajar por la enfermedad y un 14% habría tenido que cambiar de trabajo.

¿Cuándo entra en vigor el derecho al olvido oncológico?

El Gobierno prevé que la ley a la que se han presentado las enmiendas cuente con un apoyo mayoritario, de tal forma que entraría en vigor en junio. Una vez que esta reforma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las empresas afectadas tendrán un plazo máximo de nueve meses para adaptar sus servicios.

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Pilar Flores, gerente de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, se ha mostrado muy satisfecha de que "por fin se vaya a conseguir la ley del derecho al olvido oncológico". En cualquier caso, considera que será necesaria la creación de un comité con representantes tanto del Gobierno y de la Seguridad Social como de las aseguradoras para llegar a un acuerdo conforme a legislación.