El juez Velasco abre pieza contra el expresidente de la Diputación de León

El juez de la Audiencia Nacional acaba de abrir pieza por las supuestas irregularidades ,en León y dirige el procedimiento contra, entre otros, el expresidente de la Diputación Marcos Martínez Barazón, por delitos fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos. El dirigente popular fue detenido por la 'Operación Púnica' en octubre de 2014 y enviado a prisión, hasta que consiguió obtener una fianza y pagarla para salir libre.

Además de contra Martínez, el juez dirige el procedimiento contra el excoordinador de la Diputación de León y alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez; el interventor de la mencionada institución, Manuel Jesús López Sánchez; contra los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa; así como contra las empresas de reputación en Internet de De Pedro Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL (cohecho).

Velasco acordó en septiembre del pasado año la formación de doce piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de estos hechos. Ahora, en un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 conforma la segunda de esas piezas -la primera fue la relativa al chivatazo de la investigación al exconsejero madrileño Francisco Granados- con toda la documentación referente a esos hechos y delimita las personas contra las que se dirige el procedimiento.

En su resolución, el magistrado apunta que la investigación ha revelado que las empresas Eico y Madiva prestaban durante 2014 y años anteriores trabajos de reputación en Internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor.  Más tarde, esa deuda sufragaba por dichos cargos públicos por "procedimientos irregulares", como el pago directo o facturación de terceras empresas, adjudicatarias de la administración, mediante la inclusión del coste de estos trabajos de reputación realizados en contratos públicos previstos para otro propósito o beneficiando a Alejandro de Pedro en ulteriores procedimientos de contratación.

"Esta manera de proceder les permitía no sólo obtener un lucro económico directo, sino también acceder a una relación de confianza con las autoridades públicas que les daba acceso a una red de contactos que les facilitaría acceder a contratos públicos para sí o para terceros", explica.

3.000 euros al mes

En relación con los informes no públicos realizados por las empresas de reputación para el expresidente de la Diputación, el auto señala que no se han encontrado facturas que se correspondan con dichos servicios y "ello porque tal trabajo reputacional en Internet se costeaba con la colocación de banners publicitarios en los diarios digitales de Alejandro de Pedro (...) donde se creaban noticias de cobertura favorables del político" para el que estaban trabajando, con cantidades que rondaban los 3.000 euros al mes.

A su vez, explica el juez, De Pedro se prestaba a trasladar a personas notorias e influyentes del PP la información que le facilitaba Martínez sobre los apoyos de que gozaba en la formación política con el objetivo de tratar de continuar como presidente del Partido Popular en la provincia y de la Diputación. El auto también detalla las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos vinculados a la estación invernal de esquí de San Isidro (León).