La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, junto a Mariano Rajoy en un mitin en la plaza de Toros/ EFE / ARCHIVO
Rajoy y Cospedal se libran de declarar por la financiación ilegal del PP en Valencia
El juez Central de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza su declaración como testigos en el juicio que arrancará en marzo de 2017.
22 septiembre, 2016 14:13Noticias relacionadas
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El juez Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado que declaren como testigos el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, en el juicio por la presunta financiación irregular de la formación en Valencia que comenzará en marzo de 2017.
Su declaración había sido solicitada por el exdiputado regional Ricardo Costa, que deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Sin embargo, el juez José María Vázquez Honrubia considera que su declaración, "teniendo en cuenta los concretos hechos por los que se procede, no resultan necesarios, pertinentes ni útiles para el esclarecimiento de aquellos".
Costa, junto al resto de acusados, serán enjuiciados a partir de marzo de 2017 por un delito electoral. Sin embargo, muchos de ellos ya habrán sido juzgados por la pieza principal de Gürtel, como es el cabecilla de la trama, Francisco Correa, en el juicio que comienza el próximo mes.
Junto a Costa, se encuentran otros 19 acusados por la financiación ilegal en Valencia como Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Junto a ellos están el número dos del Gobierno valenciano Vicente Rambla así como a los empresarios radicados en la Comunidad Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional como son el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín, el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas, Vicente Cotino o el empresario Enrique Ortiz.
En el juicio se analizará la presunta financiación del partido popular de Valencia entre 2007 y 2008 y, concretamente, el delito electoral presuntamente cometido en torno a las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales del año siguiente.
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