La Fiscalía no ve motivos para rebajar la petición de pena a Correa

"En este momento todo está igual que ayer", afirman en la Fiscalía Anticorrupción respecto al escrito dirigido al tribunal del caso Gürtel por el empresario Francisco Correa en el que "autoriza" a los jueces para que destinen 2,2 millones del dinero que tiene embargado en Suiza a hacer frente a las responsabilidades civiles que solicitan las acusaciones. Se trata de las indemnizaciones que corresponderían al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y los municipios madrileños de Pozuelo y Majadahonda, así como Estepona (Málaga) por los perjuicios que les causó la actividad de la trama de corrupción.

Con ese movimiento de última hora -el comienzo del juicio está previsto para el próximo martes- Francisco Correa busca una circunstancia atenuante que permita rebajarle la petición de pena por una supuesta reparación de los daños. Pero Anticorrupción no va a dulcificar su solicitud de condena al empresario (110 años de prisión) porque no ve ningún motivo para hacerlo.

De entrada, es más que dudoso que unos fondos con los que Correa se enriqueció gracias a sus actividades supuestamente ilegales puedan servir para que se beneficie nuevamente con una disminución de la pena.

Además, la doctrina del Supremo establece que no es suficiente la consignación en el tribunal de la cantidad reclamada por responsabilidad civil (que se devolvería al acusado en caso de absolución) sino que es precisa la devolución de los fondos a los damnificados (lo que impediría a Correa recuperar el dinero). En la cuenta suiza de la que pretende desbloquear los 2,2 millones de euros está embargado un saldo de 13 millones.

De otro lado, la Fiscalía, que admite que ha habido contactos con emisarios de Correa, desconfía de que el empresario realmente vaya a colaborar y lo haga en la medida necesaria para aclarar todos los extremos relevantes del caso Gürtel.

No es la primera vez que Correa hace llegar a Anticorrupción un supuesto ánimo de colaboración que luego no se traduce en nada. Superada la travesía del desierto de una investigación sumamente compleja que se ha prolongado durante siete años (y que aún está abierta en otras piezas del caso Gürtel) sin que Correa haya aportado la más mínima información que ayudara a desentrañar la trama, la Fiscalía ahora no se conformaría con cualquier dato, sino que la eventual aportación de Correa tendría que ser verdaderamente relevante.

Es por todo ello por lo que las fuentes de Anticorrupción consultadas afirman que "no hay pacto" y que tiene dudas de que pueda haberlo en el breve plazo que queda hasta el comienzo de la vista oral porque no les basta cualquier información ni una mera ratificación de lo que ya están en condiciones de probar.

Rechazada la recusación de Martínez Lázaro

Salvo que ocurran nuevas incidencias, el juicio de la parte principal del caso Gürtel está señalado para el 4 de octubre. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado a una velocidad de vértido -menos de 24 horas- la recusación que el defensor de Pablo Crespo, Miguel Durán, ha promovido contra el magistrado Javier Martínez Lázaro, instructor del incidente de recusación de José Ricardo de Prada, que es uno de los tres miembros del tribunal.

La recusación de Martínez Lázaro se basaba en su amistad con el primer instructor del caso Gürtel, el ex juez Baltasar Garzón, que realizó unas escuchas ilegales que, a juicio de las defensas, tiñen de nulidad la investigación.

La recusación también se centraba en que Martínez Lázaro fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE, que actúa de acusación en el caso Gürtel. El defensor de Crespo recordaba que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitió la recusación del magistrado Enrique López -a quien inicialmente correspondió formar parte de la Sala de enjuiciamiento y quedó apartado- alegando, entre otros motivos, que fue vocal del CGPJ a propuesta del PP.

Despejada por unanimidad la recusación de Martínez Lázaro, no hay ninguna duda de que éste rechazará antes de la vista la recusación de De Prada, sin practicar la prueba que solicita la defensa para intentar demostrar la apariencia de falta de imparcialidad.