El Partido Popular ha puesto el ventilador en marcha para intentar que el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el 'caso Gürtel' le saque del proceso como partícipe a título lucrativo. Su abogado, el exfiscal Jesús Santos, ha explicado que la formación, en todo caso, no debería ser la responsable de beneficiarse del dinero recibido de la trama para financiar actos electorales sino cada una de las agrupaciones municipales de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.
A su juicio, es “inadecuado y equívoco” que el PP esté sentado en el banquillo como partícipe a título lucrativo, es decir, por haberse beneficiado de dinero presuntamente delictivo aunque con el desconocimiento de su procedencia ilícita. “No debería ser el PP quien ocupara esta posición, deberían ser los grupos municipales de Majadahonda y Pozuelo los que deberían haber ocupado esta posición procesal”, ha insistido.
Según ha explicado Santos al tribunal, presidido por Ángel Hurtado, los partidos políticos tienen personalidad jurídicas¡ y los grupos no, “aunque eso no impide que puedan tener capacidad procesal”.
El PP está en el juicio por haberse beneficiado de un total de 236.000 euros pagados por la red de Correa para financiar actos electorales del partido en esas localidades. Sin embargo, Santos ha defendido ante el tribunal, en la fase de cuestiones previas, que el PP “desconoce con precisión de qué hechos en concreto se le acusa, en su vertiente de responsable civil, y que hechos en concreto puede acreditarse para que el PP pueda considerarse un beneficiario”.
"Esta parte sigue sin conocer qué hechos concretos pudo generar beneficios para el PP en Majadahonda y Pozuelo. No sabe ni el qué, ni a quién, ni cuándo, ni dónde", ha espetado. A su entender, en el relato de hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción se dice que con fondos del Gabinete de Majadahonda se costearon numerosos actos organizados por Correa. “No sabemos qué actos, ni qué fechas, ni qué en día fueron esos actos. ¿Pero qué actos? Se desconocen por esta representación”, ha añadido.
“Plena indefensión”
También se mencionan por parte de la Fiscalía trabajos realizados en la sede del PP. “¿Quién ha realizado esos trabajos, qué trabajos, quién ha participado en esos trabajos?”, se ha preguntado Santos, quien ha reclamado en varias ocasiones la expulsión del PP en el proceso. Respecto a los supuestos beneficios obtenidos por el PP por parte del grupo Correa en Pozuelo, en la época en la que Jesús Sepúlveda -marido entonces de Ana Mato- era alcalde, el letrado va más allá. “En este caso, la ambigüedad y la generalidad alcanza la máxima expresión”, ha insistido.
“La Fiscalía hace afirmaciones como que en Pozuelo se sufragaron actos se sufragaron actos con dinero de origen desconocido y que el PP se benefició con hechos que no han podido concretarse. El origen del dinero, desconocido, los servicios en los que se benefición, la Fiscalía no ha podido concretarse, por tanto, esta representación tiene enormes dificultades para poder contrarrestar este alegato fáctico de la acusación”, ha subrayado. Por eso, entiende que respecto del PP se ha cometido “plena indefensión efectiva”, pedimos que esta parte sea expulsada de este procedimiento.
Pide la nulidad de Gürtel
Jesús Santos ha iniciado su alegato adhiriéndose a todas las peticiones de nulidad planteadas por el resto de las defensas, al entender que se ha desarrollado un proceso sin plenas garantías, por posible conculcación de derechos fundamentales.
El PP sostiene que todo el 'caso Gürtel' se inició con la “ilegalidad del acto generador”, en referencia a las grabaciones realizadas por el entonces concejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que luego fueron entregadas a la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción y provocaron el origen de la investigación.
A estas grabaciones se añaden las conversaciones intervenidas por el primer juez instructor, Baltasar Garzón, entre los principales detenidos y sus abogados desde la cárcel y que conllevó a la condena del magistrado por prevaricación en el Tribunal Supremo. “Se ha cometido uno de los mayores atentados al Estado de Derecho y que recuerda a los estados totalitarios”, subraya.
Es más, Santos entiende que después de que se condenara a Garzón se expulsó del procedimiento esas grabaciones “pero lo que no se ha podido expulsar es el conocimiento que esas grabaciones generó tanto en los funcionarios de la UDEF, como del Ministerio Fiscal y del juez instructor”. “Conocimiento que obviamente va a ser una de las cuestiones de mayor interés y que la Sala deberá resolver de qué manera ha podido afectar al devenir de la investigación”, ha añadido.