La juez que investiga las irregularidades en los proyectos de cooperación del gobierno valenciano en la etapa en la que esta cartera estaba dirigida por el exconseller del PP Rafael Blasco (en prisión por el desvío de 1,6 millones de ayudas a Nicaragua que acabaron invertidos en pisos en Valencia), ha descubierto una nueva trama. La instructora ha detectado indicios de que se amañaron contratos por más de un millón de euros por servicios informáticos que acabaron en empresas de Augusto César Tauroni, el empresario que, junto a Blasco, cumple condena por adquirir los inmuebles con el dinero concedido para proyectos de desarrollo.
Tal y como ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la juez ha constatado las “irregularidades” en la contratación por parte de la Consellería que dirigía Blasco de los servicios informáticos de 2008 a 2011. En concreto, se ha descubierto que estos contratos se adjudicaron a unas empresas que luego subcontrataron el 100% a firmas que realmente eran de Tauroni.
En su investigación, ha comprobado que existen indicios de que estas empresas que formalmente eran las adjudicatarias de la administración ya habían subcontratado con las sociedades del empresario antes incluso de que se hubiera iniciado la tramitación del expediente. Es decir, que estaba “decidido de antemano” el destino de los fondos del contrato público antes de iniciarse la vía administrativa. Esto es lo que se desprende al verificar la fecha de los contratos suscritos entre estas terceras empresas con las mercantiles del empresario encarcelado en los que se acordaba la subcontratación que luego adjudicaba la Administración. "Las fechas de los contratos eran anteriores a la iniciación de los expedientes de contratación", recoge el auto.
Indicios de prevaricación
Por ello, la instructora aprecia que hay indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos tan relevantes como para solicitar a otro juzgado que se haga cargo de esta nueva posible trama corrupta. En el auto, la jueza sostiente que hubo “una clara vulneración de los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que inspiran la contratación pública”.
La juez está investigando dos piezas del 'caso cooperación' y entiende que estos presuntos amaños (al menos siete contratos de más de un millón de euros) son ajenos a la concesión de ayudas a ONG en los años de 2009 a 2011 y la relativa a la construcción de un hospital en Haití. Por ello, ha solicitado que otro juzgado se haga cargo de esta parte de la investigación.
Según consta en la causa, son al menos siete contratos de más de un millón de euros que podrían haber sido amañados. Los contratos fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis. Al frente de estas dos firmas estaba Tauroni o alguno de los que eran considerados sus testaferros, explican desde el TSJ.
La titular del juzgado de Instrucción 21 de Valencia considera que existen evidencias de los amaños y cita otro incumplimiento: la ley prohíbe la subcontratación de más del 60% del importe de la adjudicación.
Además, en la resolución, añade que el dinero abonado por los servicios informáticos licitados no eran destinados al objeto del contrato, “sino que se empleaban para pagar al equipo humano que Tauroni tenía en la Consellería dedicado al mantenimiento de determinados portales web, la Administración de Sistemas de la Dirección General de Inmigración, la Administración de Base de datos Oracle y dos administrativas adscritas a la Dirección General de Inmigración, cuyo cometido nada tenía que ver con servicios informáticos”.