La Junta de Andalucía ha acusado por primera vez al exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el caso de los ERE por la ayuda de 3,2 millones de euros concedida en el 2003 a la empresa Aceitunas y Conservas, y pide que le imponga una pena de seis años y medio de prisión y una multa de 817.180 euros.

Tras ser procesado por el juez de instrucción Álvaro Martín en esta pieza de los ERE, los abogados de la Junta han pedido que se abra juicio oral contra el exconsejero así como contra los ex directores generales de Empleo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y otros seis acusados más.

Prevaricación

En el escrito de acusación, los abogados de la Junta consideran que Fernández cometió, en la concesión de esta ayuda, los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Por el delito continuado de prevaricación, la Junta solicita para el exconsejero nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; seis años de prisión y 17 de inhabilitación absoluta por malversación continuada; y seis meses de prisión, multa de 817.180,37 euros y 4 años de inhabilitación por tráfico de influencias.

La acusación contra el exconsejero se presenta después de que la semana pasada, la Junta de Andalucía pidiera el archivo de la causa relativa a la pieza política de los ERE, en la que están procesados 26 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El PP, que también ha presentado su escrito de conclusiones provisionales por esta pieza, solicita para el exconsejero doce años y seis meses de prisión por malversación y falsedad en documento oficial y veinte años de inhabilitación por prevaricación.

En su escrito, el PP amplía su acusación a doce implicados en esta ayuda, de los que seis son ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, y aprecia que en esta ayuda se cometieron los delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial y asociación ilícita.

La pieza de los ERE relativa a la ayuda a Aceitunas y Conservas es la primera que se concluye respecto a la subvención concedida a una empresa, en la que el juez procesó a doce personas, entre ellos dos exviceconsejeros de Trabajo.

Nueve implicados

La Junta de Andalucía, en su escrito de conclusiones provisionales, reduce la acusación a nueve implicados, entre ellos el exconsejero Fernández, los ex directores generales de Empleo Guerrero y Márquez y a un "intruso" o beneficiario que cobró la ayuda sin trabajar en la empresa, Andrés Carrasco, amigo de Guerrero.

Los abogados de la Junta también extienden la acusación a la expresidenta de la empresa, Encarnación Poto, que habría cobrado 272.000 euros mientras seguía trabajando; los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo; a un abogado que medió en la ayuda, José Miguel Caballero; y al letrado de Acyco Gabriel Barrero.

Para Guerrero, la Junta de Andalucía pide cinco años y seis meses de prisión y 27 años de inhabilitación por prevaricación, malversación y tráfico de influencias y una multa de 707.560 euros; y para el otro ex director general tres años y seis meses de cárcel y trece años de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Además, los letrados de la Junta piden que los acusados indemnicen a la administración andaluza con 2,3 millones de euros.

En esta pieza de Aceitunas y Conservas, la Fiscalía reclamó para Fernández ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y malversación, así como cuatro años y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación por un delito de prevaricación y de falsedad en documento oficial.