El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha cerrado la instrucción de la segunda pieza del 'caso Púnica' que afecta al expresidente de la Diputación de León, Martín Marcos Martínez, el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez García, el ex interventor de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez, contra el empresario Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa y contra las empresas de reputación en Internet Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad S.L.
El juez acuerda la transformación a procedimiento abreviado, lo que supone el paso previo para sentarles en el banquillo de los acusados. Velasco entiende que hay indicios suficientes para dar este paso, en base a las diligencias practicadas hasta el momento, interrogatorios de los investigados y de los testigos así como de las interceptaciones telecomunicativas. El instructor concluye que han podido cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada, en el marco del 'caso Púnica'.
Según el juez, las empresas de Alejandro de Pedro, Eico y Madiva, que llevaban años realizando trabajos de reputación en Internet para autoridades y cargos electos, hizo trabajos para Martínez, y quien habría obtenido beneficios personales de éstos.
Reputación on line
En el caso del expresidente de la Diputación de León, el magistrado indica que se puso en manos de Alejandro de Pedro para conseguir su objetivo de consolidarse en el cargo. Las empresas de Alejandro de Pedro y sus diarios digitales, sin actividad periodística real, creaban noticias favorables al político para posicionarle en la red, mejorando su reputación on line. Además, De Pedro se prestaba “a trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular” informaciones favorables con el fin de conseguir que Martín Marcos Martínez continuara como presidente del Partido Popular en la provincia de León.
A cambio, señala el juez, los empresarios que le prestaban esos servicios recibían adjudicación directa de este tipo de trabajos. Esta forma de proceder, señala Velasco en su auto, se prestaba solamente para los fines personales de Martínez, “alejados del bien común, con el correlativo perjuicio para las arcas públicas”, con trabajos que se encargaban que no tenían relación con los fines para los que estaban previstos los medios de la Diputación.
El juez cifra en 90.000 euros, los fondos públicos que recibieron de forma irregular las empresas de Alejandro de Pedro: “instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes, entre enero de 2012 y septiembre de 2014, se aprobó un gasto indebido, sin formalizarse ni aprobarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo, fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses”.