Los fiscales jefes de Álava y Bizkaia compiten con Calparsoro por la Fiscalía Superior

Los fiscales jefes de Álava y Bizkaia, Josu Izaguirre y Carmen Adán, compiten por desbancar de la jefatura de la Fiscalía Superior del País Vasco a Juan Calparsoro, que se presenta a la reelección tras más de seis años en el cargo. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, está previsto que el proceso se resuelva en febrero.

Izaguirre y Calparsoro ya se enfrentaron en 2010, pero la irrupción de una tercera candidata, los cambios en la cúpula judicial y fiscal, y el desgaste acumulado en su mandato por el fiscal superior introducen factores inéditos respecto a la última renovación que complican la reelección del actual titular del puesto.

El largo periodo de interinidad soportado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras las elecciones generales de diciembre de 2015 pospuso en toda España los nombramientos de la carrera fiscal, que quedaron desbloqueados con la llegada de José Manuel Maza a la Fiscalía General del Estado.

El plazo para la presentación de aspirantes acabó este jueves, aunque no se puede descartar totalmente que haya otros candidatos dispuestos a competir con Calparsoro, porque el procedimiento obliga a admitir las instancias que lleguen por correo postal siempre y cuando su matasellos sea anterior al 20 de febrero.

Además de la plaza de fiscal superior, en el País Vasco se renuevan también la de teniente fiscal, vacante tras el fallecimiento de su titular, y la jefatura de Álava. A la de teniente fiscal, ocupada hasta octubre por Blanca Gómez, se presenta María Jesús Cuartero, la tercera adscrita a la Fiscalía Superior.

DECISIÓN DEL FISCAL GENERAL

Las plazas son de libre designación y la potestad última del nombramiento corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, que a su vez respalda la elección llevada a cabo por el fiscal general del Estado. Éste actúa asesorado por el Consejo Fiscal pero tiene capacidad de imponerse y decidir en contra incluso de su criterio.

En octubre de 2010, el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, obvió las recomendaciones de su órgano asesor, donde se impuso la candidatura de Izaguirre frente a la de Calparsoro. El fiscal jefe de Álava obtuvo el respaldo de los vocales de la Asociación de Fiscales a la que pertenece, que sigue siendo mayoritaria en el seno del Consejo, mientras que su adversario fue apoyado por los representantes de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales. Calparsoro fue nombrado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero e inició así un largo mandato que ha sobrepasado los cinco años establecidos.

CALPARSORO; TRANSPARENCIA Y POLÉMICA

La llegada de Juan Calparsoro (San Sebastián 1960) a la Fiscalía Superior del País Vasco procedente de La Rioja, donde ejercía también la máxima responsabilidad , contribuyó a dotar a la institución de una mayor visibilidad.

Calparsoro ha abierto las puertas de la Fiscalía y fomentado las relaciones con el Gobierno vasco y otras instituciones . Se ha prodigado en comparecencias y actos públicos y acercado el Ministerio Público a la sociedad. No ha rehuido la presencia en la calle –asiste, por ejemplo, a las protestas en contra de la violencia de género- ni los pronunciamientos ante los medios.

Acumula una gran exposición mediática que le ha metido en numerosos polémicas y obligado en ocasiones a dar marcha atrás. Tuvo que excusarse después de cuestionar la actuación, por “diligencias indebidas, de la juez del caso Cabacas. Y rectificó para compartir la postura oficial de sus superiores jerárquicos, tras sostener que existían argumentos jurídicos para que Arnaldo Otegi no fuera inhabilitado como candidato a lehendakari por EH Bildu.

Defendió que la etarra Inés del Río había dejado de ser “terrorista” al salir de la cárcel y consideró que el dirigente de Sortu Hasier Arraiz hacía uso de su libertad de expresión al pretender dar “jaque mate “a la Guardia civil, en otras de sus declaraciones o actuaciones criticadas.

Calparsoro ha abogado por poner coto a los desmanes cometidos desde los poderes públicos y demandado más medios, como el nombramiento de un fiscal anticorrupción, todavía en fase de proyecto. Personalmente ha realizado indagaciones sobre supuestos de corrupción o mala gestión pública que ha archivado sin llegar a formular denuncia prácticamente en ningún caso. Ocurrió, por ejemplo, con el supuesto fraude en la informatización de la Justicia, denunciado por el Gobierno del PSE-EE, y con las diligencias que él mismo abrió para la recuperación del dinero público perdido en Gipuzkoa con el proyecto de la incineradora

IZAGUIRRE; LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El perfil de Josu Izaguirre (San Sebastián, 1964) está asociado al de la lucha contra la corrupción, venga de donde venga. Ha actuado contra responsables políticos o o cargos afines al PNV, PP y PSE-EE y aunque algunos no han salido adelante se ha granjeado enemigos en todos los partidos que han tocado poder en Álava, lo que menguó sus opciones hace seis años. Es el único euskaldun de los tres candidatos, aunque Calparsoro hace sus pinitos en euskera.

Izaguirre llegó a Álava precedido por la estela de la operación muralla desarrollada en Lugo contra un presidente de la Diputación del PP, que no tuvo finalmente consecuencias penales, y ya en suelo vasco ha impulsado , entre otros, casos tan conocidos como los de Hiriko, Epsilon o De Miguel, con desigual fortuna.

El caso De Miguel es el que mayor relevancia pública ha alcanzado y el que le ha valido la enemistad del PNV, muy crítico con sus autos y sus peticiones de cárcel contra exdirigentes del partido nacionalista en Álava, presuntos responsables de una trama del cobro de comisiones ilegales. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, le ha acusado de actuar mediatizado por el PP y de responder al “deseo insano” de demostrar que en Euskadi hay corrupción.

En las memorias de la Fiscalía y otros testimonios constan las denuncias de Izaguirre por la falta de medios para luchar contra los delitos económicos y la escasa colaboración de las administraciones. Una de sus intervenciones más vehementes tuvo lugar durante el juicio por espionaje a personalidades de la vida alavesa contra un exdirigente del PNV y dos exjefes de la Ertzaintza, que fueron absueltos por falta de pruebas por la Audiencia de Álava. Aseguró que tratar de indagar en la policía autónoma vasca “fue como intentar entrar en una selva tropical con una navajita de playa”.

Además de presentar su candidatura a la Fiscalía Superior Izaguirre eleva también una instancia para continuar en la jefatura de Álava para asegurarse un tercer mandato si no accede a la del País Vasco.

CARMEN ADÁN; FIRME PERO MENOS CONOCIDA

Carmen Adán Del Río (1960) es la menos conocida de los tres fuera de los tribunales, ya que no concede entrevistas y rehúye a los medios de comunicación. Su inferior protagonismo le concede igualmente un perfil menos marcado. No está afiliada a ninguna asociación profesional, lo que puede ser un hándicap a la hora de encontrar apoyos en el Consejo Fiscal.

Es la más veterana en la carrera fiscal, que desarrolla desde hace ya más de tres décadas y ejerció en Palma de Mallorca antes de llegar a la capital vizcaína. Dirige la Fiscalía de Bizkaia desde 2008.

Está especializada en la persecución de delitos económicos y no le tiembla la mano en acusaciones relevantes. Entre los innumerables casos que maneja su equipo y ella misma hay actuaciones objeto de gran controversia, pero en su trayectoria profesional pesa de manera importante su actuación en el caso Ibarra y la condena lograda ante el Supremo contra el exjefe de Inspección de la Hacienda foral de Bizkaia. Adán se quedó sola ejerciendo la acusación tras la retirada de la Diputación foral y plantó batalla a la absolución decretada por la Audiencia Provincial.

Con tesón ha logrado también la apertura de juicio contra tres ex altos cargos de Sanidad en el caso Margüello, tras una prolongada investigación de años que ha transcurrido por innumerables vericuetos judiciales y en la que de nuevo la fiscalía es la única acusación.

Más recientemente ha impulsado una investigación judicial contra el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, y el exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces (PSE-EE) por la vinculación laboral presuntamente irregular entre la entidad bancaria y el político socialista. Adán denunció el caso en el juzgado , pidió su imputación y muy pronto se celebrará el juicio oral.