El Gobierno chino está haciendo maniobras de presión para conseguir que más de dos centenares de taiwaneses detenidos en España y enviados a prisión por estafa sean entregados a su país donde podrían ser condenados a cadena perpetua. Así por lo menos es como interpretan las defensas de los arrestados el hecho de que el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China se esté intentando personar en la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.
Este caso tienes muchos vértices, dado el conflicto existente entre China y Taiwan y el hecho de que el gobierno chino pretenda llevarse a su país para juzgar allí a 270 arrestados en España tras una petición de detención por parte de las autoridades del país asiático.
Concretamente, se les acusa de haber estafado telefónicamente a ciudadanos chinos desde chalés en España, y que la Policía española ha calculado en unos 16 millones de euros en 9 meses. Estas estafas han llegado incluso a llevar a algunos ciudadanos chinos a suicidarse al perder todos sus ahorros, según las agentes encargados de la investigación en España. Según consta en el expediente, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, alguno de los arrestados se les acusa de llamar a ciudadanos chinos por teléfono vía internet desde España y hacerse pasar por policías, fiscales o jueces de la República Popular China. Se les decía que estaban acusados de blanqueo de capitales.
“Se les solicitaba a la víctima que transfiriera dinero a la cuenta de los sospechosos con el fin de proseguir las investigaciones. De este modo, la víctima transfería el dinero a la cuenta de los sospechosos”, recoge el documento. En un caso concreto, una víctima envió 895740 yuanes (RMB), que al cambio son en torno a los 100.000 euros.
Algunos jóvenes engañados
Según las autoridades chinas, varios de los sospechosos, de origen taiwanés, establecieron su base de operaciones en España “para llevar a cabo numerosas estafas”. Algunos de los detenidos, representados varios por el abogado Juan José Brenes, son chicos muy jóvenes que, según su versión, llegaron a España bajo la promesa de trabajo, que pudieron ser engañados por el Sindicato del Crimen de Taiwan. Realmente desconocían que iban a ser metidos en chalés para hacer llamadas telefónicas. Incluso alguno de ellos alegan que en las fechas en las que supuestamente cometieron las estafas todavía no habían llegado a España.
Ya en el expediente, el Gobierno chino alerta que los detenidos en España están perseguidos por delitos de estafa, que en su país no prescribe y conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Sin embargo, este mismo delito en España acarrea un pena máxima de seis años de prisión.
Este asunto trajo muchos quebraderos de cabeza a la Audiencia Nacional porque había sido operación con mayor número de peticiones de extradición que se recordaba. Es más, el juez De la Mata necesitó la ayuda de varios de sus compañeros de instrucción, así como la asistencia de varios fiscales y numerosos funcionarios, para decretar las órdenes de prisión. Ni siquiera eran capaces de encontrar abogados de oficio para tantos arrestados que pudieran atenderles antes de que se pasara el plazo legal establecido para pasarles a disposición judicial.
Por ahora, el Ministerio de Seguridad Pública del Gobierno chino no ha podido personarse oficialmente a la causa por un problema de forma sin embargo fuentes del caso temen que finalmente consigan estar presentes en el procedimiento y así poder controlar de primera mano toda la causa.
Conflicto China-Taiwan
Este caso no puede entenderse sin tener en cuenta los conflictos históricos entre China y Taiwan. A pesar de que el conflicto entre ambos Estados terminó en 1950, las tensiones no se han enterrado. Mientras que la República Popular China se considera el único Estado legítimo en China, la República China -más conocida como Taiwan-, se considera gobierno legítimo.
Una veintena de países todavía reconoce a ésta última, aunque es considerada por Pekín una provincia renegada. De los 193 miembros de la ONU, sólo 21 reconocen oficialmente al gobierno e Taipéi (Taiwan). Pero muchos continúan manteniendo relaciones extraoficiales. Y cuando Estados Unidos finalmente rompió relaciones diplomáticas con la isla en 1979 también se comprometió a defenderla.
En el caso de España, oficialmente Taiwan es China, porque España no tiene relaciones diplomáticas con la primera. De ahí que no tenga embajada aquí sino una Oficina Económica y Cultural, porque no puede tener estatus de embajada.
La última palabra sobre la extradición la tiene la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendrá que revisar los expedientes y decidir si los arrestados deben ser entregados a la Justicia china. Los magistrados tendrán que valorar si se debe entregar a unos ciudadanos que se enfrentan a cadena perpetua. Y finalmente, el Gobierno español tendrá que ratificar la decisión judicial.