Al expresidente balear, Jaume Matas, se le acaba el tiempo. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en un mismo día dos escritos de acusación contra él por financiar ilegalmente la campaña electoral del PP en el año 2007. Si en uno de ellos le pide cinco años de prisión por malversación de caudales públicos; en el otro, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, le pide un año y medio de cárcel por un delito de fraude a la administración y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
De esta manera, Matas ve como la petición de años de cárcel sigue aumentando, mientras se niega a reconocer los hechos y rechaza un pacto con el Ministerio Público. El acuerdo supondría una rebaja de la solicitud de condena si reconoce los hechos y explica el 'modus operandi' de la financiación ilegal del Partido Popular, además de señalar si recibía órdenes de más arriba.
Por ahora, Matas se niega a dar ese paso hasta que conozca la sentencia por el caso Nóos, en el que se enfrenta a cinco años de prisión por favorecer al exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres con contratos públicos al Instituto Nóos.
Matas ya ha cumplido nueve meses de prisión por un delito de tráfico de influencias. La condena era inferior a dos años, pero la Audiencia Provincial de Palma consideró que tenía que hacer efectivo el cumplimiento de la pena dado el acumulado de causas pendientes.
A la espera de Nóos
Ahora, el también exministro de Medio Ambiente está tensando la cuerda para negociar con la Fiscalía Anticorrupción. Matas se niega a dar el paso de reconocer los delitos de los que se le acusa hasta saber si el tribunal de Nóos, presidido por Samantha Romero, le considera culpable de favorecer al cuñado del rey Felipe VI.
Según fuentes próximas al caso, el expresidente del Gobierno balear sólo está dispuesto a sentarse a negociar en firme si finalmente es condenado. En caso de conseguir una sentencia absolutoria, intentaría llegar hasta juicio y luchar por su libertad.
En el nuevo escrito de acusación presentado por Anticorrupción, los representantes del Ministerio Público consideran que el extesorero del PP balear, Fernando Areal, en representación del propio partido, acordó con una empresa de publicidad, Nimbus Publicidad SL, pagarle por sus trabajos para la campaña electoral de 2007 con dinero “negro” del PP.
Eso sí, la Fiscalía no ha podido certificar de dónde sacó el PP ese dinero en metálico para no superar el límite permitido por la ley y así no tener que justificar al Tribunal de Cuentas los trabajos realizados.
“En cumplimiento del encargo realizado, Nimbus Publicidad desarrolló en mayo de 2007 una intensa actividad de creatividad y promoción de los mensajes electorales del Partido Popular, encargando numerosas inserciones en prensa, radio y televisión”, explica el escrito.
El PP pagó en "negro"
“Al haber superado el Partido Popular de Baleares los límites legales relativos a la cuantía destinada a gastos electorales, Fernando Areal acordó con Miguel Romero (Nimbus Publicidad) que la cantidad de 71.958,44 euros no se facturase al PP de forma oficial, ya que abonaría la misma mediante diversas entregas de dinero en efectivo o dinero 'negro'”, añade.
Estas entregas de fondos opacos, en número indeterminado, fueron realizadas en la sede del PP de Baleares en Palma de Mallorca por Areal a Romero "siendo el monto total de 71.958,44 euros". “Dichas entregas no quedaron reflejadas en documento alguno ni fueron contabilizadas oficialmente en la contabilidad del PP, ni se comunicaron a los órganos de fiscalización”, sin poder determinarse la procedencia de ese dinero.
A cambio de no emitir factura, la Fundación Illesport adjudicó a Nimbus SA un contrato relativo a la campaña de publicidad del campeonato mundial de ciclismo en pista por importe de 845.549 euros.
La Fundación otorgó el contrato, saltándose todos los trámites exigidos por ley, con la connivencia de Matas, “quien quería beneficiar a Miguel Romero por los servicios prestados en la campaña electoral de 2007”.
Este escrito, por el que se reclama a Matas un año y medio de cárcel, se suma al otro entregado por la Fiscalía, en el que se le pide 5 años, por financiar ilegalmente al PP balear en las campañas de 2003 y 2007, con el mismo modus operandi de Nimbus pero con otras empresas de publicidad.