El fiscal pide para Blesa una fianza de 75.000 a 100.000 euros y la retirada del pasaporte

El fiscal Alejandro Luzón ha pedido este viernes medidas cautelares de carácter personal contra el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, tras la sentencia de la Audiencia Nacional (recurrible en casación ante el Supremo) que le ha condenado a seis años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida en el caso de las tarjetas black. El fiscal le pide una fianza de 75.000 a 100.000 euros y la retirada del pasaporte. 

Luzón, que ha obtenido un éxito completo en sus pretensiones acusatorias con la condena de todos los acusados por utilizar para gastos personales tarjetas emitidas por Caja Madrid y Bankia al margen de toda previsión legal o estatutaria, ha solicitado a la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional una vista para la adopción de medidas cautelares sólo contra Blesa, pero no ve motivos legales para que ingrese en prisión de forma preventiva ni sobre la base del riesgo de fuga ni desde el punto de vista de la reiteración delictiva.

Por ello, solicita al tribunal medidas cautelares alternativas a la prisión, como la imposición de una fianza, el establecimiento de comparecencias periódicas y la retirada del pasaporte.

El fiscal no reclama ninguna medida cautelar contra Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, que ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión. Rato ya tiene retirado el pasaporte desde octubre de 2015 y debe hacer comparecencias mensuales por orden del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Este órgano investiga al exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional por supuestos delitos fiscales, de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

La acusación popular ejercida por la Confederación General del Trabajo ya ha anunciado que pedirá prisión provisional sin fianza para Blesa y, subsidiariamente, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España sin autorización judicial. El sindicato solicitará para Rato la prohibición de salir del territorio nacional sin permiso de la Audiencia Nacional.