Dos directivos de empresas proveedoras de CDC han asegurado hoy que la formación les pidió que cargaran al Palau de la Música varias facturas por servicios que habían prestado para el partido con motivo de campañas electorales, aunque han desvinculado de la trama al extesorero Daniel Osàcar.
Miguel Giménez Salinas y Juan Manuel Parra, responsables respectivamente de las empresas Altraforma e Hispart, han revelado hoy ante la Audiencia de Barcelona que participaron en el desvío de fondos del Palau de la Música a CDC a través de facturas mendaces, por lo que la Fiscalía les pide tres años de prisión al acusarles de un delito de falsedad documental.
Miguel Giménez Salinas, exconsejero delegado de la empresa de publicidad Altraforma, ha asegurado que entre los años 2006 y 2007 cargó al Palau de la Música tres facturas por un valor total de 190.778 euros con los conceptos falsificados, dado que en realidad correspondían a servicios que había prestado a CDC.
Según el empresario, CDC les indicó que falsificaran el concepto de esas facturas y las cargaran al Palau de la Música, aunque ha dicho no recordar la identidad de su interlocutor en el partido nacionalista.
En la misma línea se ha manifestado Juan Manuel Parra, de la empresa Hispart, dedicada al montaje de sistemas audiovisuales para congresos, convenciones y mítines, quien ha reconocido que cargó al Palau de la Música un total de trece facturas con un valor total de 824.299 euros que en realidad correspondían a servicios prestados a CDC con motivo de las elecciones generales de 2004.
El acusado ha revelado que fue el extesorero de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005, quien le dio esas instrucciones para cobrar del Palau de la Música, pero ha insistido en que su sucesor al frente de las finanzas de la formación, Daniel Osàcar, que afronta siete años y medio de cárcel, no sabía "absolutamente nada".
Tras la muerte de Torrent, el acusado ha dicho que habló con "una chica de contabilidad" de CDC para reclamar los pagos y, posteriormente, con el propio Osàcar, al que explicó que estaba cargando al Palau de la Música algunas facturas pendientes con la formación convergente.
"Me dijo que él no sabía nada y que no tenían nada de ese tema y que no tenían ningún tipo de información y que fuera al Palau", ha relatado el empresario, que ha asegurado que entonces trató con Jordi Montull, la antigua mano derecha de Fèlix Millet al frente de la entidad cultural. "Nos hicieron una factura de 30.000 euros para callarnos la boca, supongo", ha agregado.
Por el contrario, el responsable de Mail Rent y Letter Graphic Pedro Luis Rodríguez ha alegado que desconocía los trabajos que ambas compañías facturaron a CDC y al Palau de la Música, porque se encargaba de ello otra persona, por lo que ha afirmado que no sabe si los servicios al partido en campañas publicitarias y organización de actos políticos se facturaban a la entidad cultural.
No obstante, ha reconocido que durante años, cuando CDC ya no gobernaba la Generalitat, entre 2007 y 2009, hicieron donaciones por valor de 775.000 euros al partido, con el objetivo de ayudarle en sus finanzas, como una "inversión de futuro" para sostener a la formación, que era un "cliente importante".
Los contactos de Millet y Ferrovial
El acusado ha explicado que fue un empleado de la compañía, Salvador O., que declarará como testigo en la causa, quien les propuso este donativo, y que ellos lo aceptaron porque creían en él y éste les aseguró que no afectaría a sus cuentas y que de esta forma le daban un "golpe de mano" al partido.
El exdirector de Ferrovial en Cataluña niega "rotundamente" el tráfico de influencias
El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled le ha inquirido entonces para saber por qué los cinco socios de ambas empresas hicieron caso a un empleado para aportar estos cuantiosos donativos a CDC: "Llámeme tonto", ha replicado Rodríguez, ante lo que el fiscal ha zanjado: "Le llamo acusado, por ahora".
Por su parte, el exdirectivo de Ferrovial, Pedro Buenaventura, ha negado rotundamente la vinculación de la constructora y la de la empresa que gestionaba en la presunta trama de corrupción que se urdió alrededor del Palau de la Música. Ante el juez ha mantenido que solo pactó con el Palau de la Música un patrocinio cultural y la rehabilitación del edificio y ha admitido que acudió a Millet porque "tenía contactos".