Tanto el que fuera presidente como el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando Bankia salió a bolsa, Julio Segura y Fernando Restoy, respectivamente, han tirado balones fuera sobre el control de la entidad bancaria cuando salió a bolsa en el año 2011, cuando Rodrigo Rato como presidente, y quien también está investigado en la causa sobre la fusión y salida a bolsa de Bankia seguida en la Audiencia Nacional.
“La CNMV no autoriza la salida a bolsa”, sostuvo Segura en su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Su tesis, al igual que la de Restoy, es el papel del organismo del que estaban al frente en esas fechas es de un control meramente formal, según han mantenido en sus intervenciones, tal y como sostienen fuentes presentes en el interrogatorio.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez que investigara a estos dos cargos de la CNMV como al gobernador del Banco de España (BdE) durante la salida a bolsa de Bankia, Miguel Angel Fernández Ordóñez, y otros altos cargos de la institución. Tanto el instructor como la Fiscalía Anticorrupción entienden que su papel no fue determinante en el presunto engaño de las cuentas de Bankia y por tanto se opusieron a su imputación. Sin embargo, el tribunal entendió que los correos electrónicos e informes enviados entre ciertos directivos del BdE, en el que se ponía en duda la viabilidad de la entidad, es suficiente para citarles en calidad de investigados.
En el auto por el que la Sala obligaba al juez a investigar a seis altos cargos del BdE y CNMV, tal y como solicitó la Confederación Intersindical del Crédito (CIC), representada por el letrado Andrés Herzog, recogía que existen indicios “demoledores” que muestran que el Banco de España conocía la verdadera situación patrimonial de Bankia antes de la salida a bolsa, y por lo que tuvo que ser rescatada por el Estado. En otras palabras, que sabían que estaban colocando una entidad insolvente que terminaría quebrando produciendo un grave perjuicio a sus accionistas.
Correos “demoledores”
Uno de los informes de supervisión del BdE alertaba: “Los ingresos serán menores que los costes por mucha cuenta de resultados que pinten con beneficio” y que el grupo no es viable e insistía que la única solución es la venta del banco a una entidad independiente, a ser posible, extranjera, que se haga cargo de la deuda de Bankia. Las refinanciaciones en el mercado mayorista ascendían a 120.000 millones de euros, más del 12% del PIB español, una cuantía que sólo una entidad muy solvente podía garantizar.
Hoy, tanto Segura como Restoy han negado tener conocimiento de esos informes y de esos correos electrónicos entre altos cargos del BdE en los que se ponía en duda la viabilidad de la entidad. Han insistido que esa labor de supervisión era del BdE y que el único papel de la CNMV era aprobar el folleto informativo de Bankia. Sin embargo, fuentes de la acusación explican que su papel sí era relevante porque sin la aprobación del folleto no se podía aprobar la salida a bolsa.
No obstante, ambos han insistido que sí hubo controles a Bankia, es más, en ese caso fueron más exigentes que en otras operaciones de salida a bolsa, y la entidad tenía asegurado un colchón por si no salía como se esperaba, según señalan fuentes presentes en el interrogatorio.
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