El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido a trámite la primera querella contra miembros de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia sirias presentada por el equipo de abogados internacionales de G37 en nombre y representación de la hermana de nacionalidad española de una víctima del conflicto sirio, que denuncia la detención ilegal, tortura y ejecución de su hermano en el año 2013.
Esta querella, presentada el pasado 1 de febrero, constituye la primera acción penal de justicia transnacional ante tribunales europeos para enjuiciar a miembros de las Fuerzas de seguridad del estado sirio.
En el auto en el que admite la competencia, Velasco acuerda que se notifique la querella a los ocho miembros de las fuerzas de Seguridad e Inteligencia sirias a través de comisión rogatoria a dicho país, haciéndoles saber que deben nombrar abogado y procudrador en España.
Además, el juez cita a declarar el próximo 10 de abril como testigos a la mujer que presentó la querella, Amal Hag-Hamdo Anfalis, y a un testigo conocido como 'César', antiguo policía militar forense sirio que, según la querella, sería quien habría realizado las fotografías de personas ejecutadas en los centros de detención ilegal.
También están citados otros tres testigos para el 9 de mayo, entre ellos el periodista Javier Espinosa.
En su resolución, el juez interesa asimismo de Eurojust que proceda a averiguar si existen denuncias de otros países de la Unión Europea que investiguen desapariciones forzadas, torturas, crímenes de guerra, terrorismo y delitos de lesa humanidad realizados por estructuras y personas pertenecientes a la Administración de la República de Siria con miras a la presunta constitución de un equipo conjunto de investigación que ayude a la consecución de información y pruebas de uso común en los respectivos procedimientos penales nacionales afectados.
Delitos de lesa humanidad
En el escrito, el Despacho internacional y Guernica37 - International Justice Chambers acusa al Estado sirio, liderado por el presidente Bashar al-Assad, de cometer a través de sus fuerzas de seguridad e inteligencia, delitos de terrorismo contra la población civil.
Asegura que desde marzo de 2011, en respuesta a las manifestaciones espontáneas en el contexto de lo que se conoce como la Primavera Árabe, el estado sirio elaboró un plan de seguridad nacional destinado a acabar con tales protestas y con cualquier tipo de disidencia mediante la implementación de una política de detenciones, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sistemáticas.