Los investigadores del c
aso Púnica sospechan que la patronal de empresarios madrileños, CEIM, pudo financiar la campaña electoral del Partido Popular de la región, con
Esperanza Aguirre como candidata, en el año 2007. Tanto el juez de la Audiencia Nacional, como la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están analizando una serie de
documentación incautada en la causa en la que aparecen, entre otros muchos datos, pagos sospechosos por campañas de publicidad. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a esos escritos que apuntan a una presunta financiación irregular.
En documentos incautados en el domicilio del exgerente del PP, Beltrán Gutiérrez, durante un registro realizado hace aproximadamente un año, aparece una cita con CEIM y, a reglón seguido, unas cantidades junto a tres nombres de posibles empresas proveedoras de ese partido en aquella campaña de 2007, como son Over, Carat y Sintra.
Documentación incautada en el domicilio de Beltrán Gutiérrez.
EL ESPAÑOL
En el caso de Over, su presidente,
Daniel Horacio Mercado, es un arrepentido en una causa que investiga la Fiscalía Anticorrupión en Palma de Mallorca. Mercado se enfrenta a una
petición de un año de cárcel por desviar fondos públicos del Govern y por beneficiarse de contratos amañados a cambio de favores económicos en la campaña electoral del PP de Baleares.
Confesiones de un empresario
El publicista llegó a reconocer ante el juez de Palma José Castro y el fiscal Pedro Horrach que cobró en negro por realizar campañas del PP en Baleares, y que llegó a pactos similares con el PP de Madrid, Valencia y Castilla y León, donde se amañaron contratos a su favor.
![Documentación incautada en el domicilio de Beltrán Gutiérrez.]()
Documentación incautada en el domicilio de Beltrán Gutiérrez.
EL ESPAÑOL
Fuentes de la investigación consultadas por este diario explican que a día de hoy no han podido acreditar a qué hace referencia "Diego León" y añaden que el foco está en si CEIM pudo haber entregado donaciones a Fundescam -fundación vinculada al PP- y desde allí se hubieran girado fondos para sufragar gastos de campañas electorales.
Por su parte, Carat es una empresa también dedicada a publicidad y medios de comunicación vinculada en su día al que fue secretario de Estado de Comunicación con Aznar, Miguel Ángel Rodríguez. En el año 2007 ya había algunos medios que publicaban que Carat España había recibido contratos por adjudicaciones del Canal de Isabel II con Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Estos documentos constan en la parte en la que se explora la presunta financiación irregular del PP y por los que están siendo investigados el gerente Beltrán Gutiérrez y empresarios como Javier López Madrid -consejero de OHL- o Arturo Fernández, que fue presidente de CEIM.
Beltran Gutiérrez -
condenado por la Audiencia Nacional por el
caso de las tarjetas 'black'-
era el apoderado de Fundescam y aunque sus actividades fueron investigadas en
Gürtel, finalmente el asunto se cerró al estar prescritas.
Antonio Pedreira, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigó el caso Gürtel durante una temporada, ya investigó la relación de Fundescam con el PP madrileño. Pedreira llegó a destallar que el partido había financiado actos institucionales y de campaña durante los años 2003 y 2004 con fondos procedentes de la fundación, que los habría captado a través de donaciones de empresas adjudicatarias de contratos públicos.
La UDEF documentó el pago de 900.000 euros de empresarios donantes, entre los que aparecía Gerardo Díaz Ferrán, expresidente del Grupo Marsans y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Finalmente, el caso fue archivado porque había quedado prescrito.
Arturo Fernández lo niega
Durante su interrogatorio en la Audiencia Nacional el pasado día 8, el empresario Arturo Fernández fue preguntado por si, aparte de las donaciones que efectuó al PP a título personal, CEIM entregó dinero a Fundescam, unos fondos que, según la tesis que manejan los investigadores, pudieron acabar en el PP madrileño para financiar las campañas electorales.
Fernández, que presidió la CEIM entre 2007 y 2014, explicó al juez que no tenía conocimiento de esas supuestas donaciones y descartó, según fuentes del caso, haber sugerido la conveniencia de hacer donativos a alguno de los 16 vicepresidentes que entonces tenía la entidad.
El empresario sí reconoció haber entregado donativos al PP y dijo que también lo había hecho a otras formaciones políticas, negando que su relación con el PP hubiera influido en la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid a su empresa de restauración en los años 2009, 2001 y 2013.
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