El ex jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Eugenio Pino ha confirmado este viernes durante un juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid que agentes a su cargo investigaron si Venezuela pagó en 2014 a Pablo Iglesias 272.000 dólares en una cuenta abierta en el Europacific Bank de las islas Granadinas, consideradas por la OCDE un territorio off shore. 

La investigación se produjo poco antes de las elecciones generales de junio de 2016 por una unidad dependiente de Pino que, entre otros controvertidos trabajos, se encargó del llamado Informe Pisa, sobre la financiación de Podemos, o de las indagaciones sobre la fortuna del clan Pujol.

Jubilado hace nueve meses, Pino compareció puntualmente en el Juzgado para declarar como testigo a favor de los periodistas Eduardo Inda y Francisco Mercado, a los que Iglesias demandó por la difusión en la publicación digital OKdiario de una noticia titulada "El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas".

La letrada de Iglesias, Marta Núñez, sostuvo que esa información supuso un "grave perjuicio para el honor" de Pablo Iglesias, "para su imagen y su reputación profesional y política" ya que el contenido de la noticia "era falso" y los periodistas "omitieron los mínimos deberes de contraste de la información". El secretario general de Podemos reclama a la publicación una indemnización de 250.000 euros "por los daños morales causados".

"Iglesias, como Pujol"

Sin embargo, la demanda del dirigente de Podemos tiene enfrente varios obstáculos de entidad. No es el menor la contundente defensa del letrado de Inda, Juan Luis Ortega, que destacó que los demandados no sólo disponían de documentos que acreditaban la información sino que además la contrastaron con fuentes policiales y con un testigo, exiliado de la dictadura venezolana, que disponía de esos documentos y garantizó ante notario su veracidad.

Se trata, de un lado, de un "memorándum" en el que Rodolfo Clemente Marco, ministro de Poder Popular de Economía de Venezuela en 2014, ordenaba a Carlos Erick Malpica, tesorero nacional, efectuar un pago de 272.000 euros. De otro, una "orden de pago" por el mismo importe en la que constaba como beneficiario Pablo Iglesias y como cuenta de destino una abierta en Europacific Bank. En la "orden de pago" figuraba la firma de los dos cargos venezolanos citados y, además, la de Ramón Campos como director de la Administración bolivariana.

"El demandante [Pablo Iglesias] dice que, a pesar de esos documentos, el pago no se produjo. Recuerda a lo que hacía el señor Pujol, que negaba tener dinero en Andorra pese a los documentos que claramente le contradecían", ironizó el letrado. "Ningún Gobierno emitiría órdenes de pagos a terceros, firmadas por cuatro instituciones públicas, si el pago no se fuera a realizar", subrayó.

La propia Fiscalía se puso del lado del defensor, reclamando la desestimación de la demanda de Iglesias. Durante la vista, la fiscal Carmen Palomar enfatizó que el derecho fundamental a la información "no protege sólo la libertad de los periodistas para informar sino que es la garantía institucional del derecho a conocer de los ciudadanos. Estamos todos detrás".

"Si a la vista de la orden de pago y del memorándum se entiende que el dinero no se ha cobrado, no sé qué más necesitamos", llegó a sostener la representante del Ministerio Público, que subrayó que si un periodista tiene en su poder esos documentos sobre un dirigente político "los tiene que publicar".

Para la fiscal, los informadores "cumplieron sobradamente la diligencia exigible" al asegurarse de que su información "proveía de fuentes serias y solventes", dijo en referencia a las fuentes policiales que los demandados citaron como origen de la información.

Investigación "muy en secreto"

Pino jugaba por ello un papel relevante en el pleito de Iglesias contra los periodistas. El testimonio de quien estaba al frente de la DAO en el momento de los hechos permitió a la defensa acreditar que la Policía efectivamente llevaba a cabo una investigación -"muy en secreto", dijo el comisario- sobre una información que les había proporcionado una "fuente fiable" que no desveló y que les hizo llegar los documentos publicados sobre el (supuesto) pago al secretario general de Podemos.

El exmando policial manifestó que autorizó el desplazamiento de varios agentes a dos países del continente americano para verificar la información del confidente pero, sin pillarse las manos, señaló que la investigación  "estaba en una fase embrionaria" cuando se difundió y que fue esa publicación (primero en una televisión de Miami y más tarde en OKdiario) la que motivó que las pesquisas "quedaran en stand by".

Ni el "memorándum" ni la "orden de pago" llegaron a ser analizadas por la Policía Científica, ya que nunca se lograron los documentos originales. La defensa de Pablo Iglesias sostiene que todo fue un montaje.