El Tribunal Constitucional ha acordado esta mañana la suspensión cautelar de las partidas de la ley de presupuestos de Cataluña destinadas a la realización de un referéndum independentista. Esas partidas han quedado bloqueadas, lo mismo que la disposición que obliga al Ejecutivo autonómico a habilitar los fondos necesarios para garantizar la organización de la consulta referendaria, prevista para antes del próximo septiembre según acordó el Parlamento catalán.

La suspensión provisional de los presupuestos destinados al referéndum secesionista es consecuencia forzosa de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad interpuesto el pasado viernes por el Gobierno de Rajoy. La Abogacía del Estado argumenta que la convocatoria de un referéndum unilateral supone una vulneración de la Constitución ya que la convocatoria de referendos es una competencia exclusiva del Estado. Además, en la medida en que se trata de financiar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, se vulnerarían los artículos 1.2, 2, 9.1 y 168 de la Constitución, que atribuye la soberanía al pueblo español.

En la primera reunión jurisdiccional que el pleno del Constitucional celebra tras su renovación el pasado marzo, el tribunal ha aceptado pronunciarse sobre el recurso del Gobierno y ha atendido su petición de que la suspensión cautelar acordada sea notificada al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a sus 13 consejeros, así como a cinco altos cargos de la Generalitat por los que necesariamente pasa la ejecución de los presupuestos y la contratación de las prestaciones relacionadas con el referéndum.

Se trata del secretario general del Gobierno catalán, Joan Vidal; José María Jové, secretario general de la vicepresidencia de Economía y Hacienda; Rosa Vidal, interventora general de la Generalitat; Mercè Corretja, directora general de Contratación Pública, y Anna Tarrach, directora general de Presupuestos de la Generalitat.

Todos ellos serán personalmente notificados de la decisión del TC y advertidos de que, de incumplirla, podrán incurrir en responsabilidades penales que no sólo se centrarían, como hasta ahora, en un delito de desobediencia sino que podrían ampliarse a delitos castigados con penas de cárcel como la malversación de fondos públicos.