El Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ha decretado apertura de juicio oral contra 41 acusados, entre ellos Narcís Serra (expresidente de Catalunya Caixa) y Adolf Todo (exdirector de Catalunya Caixa), en relación con la gestión de Catalunya Caixa.

El juzgado pide una fianza civil solidaria a los 41 acusados de 2.568.000 euros para el Fondo de Restauración Ordenada Bancaria (FROB) y de 7.000.000 euros en favor de Catalunya Caixa en previsión de las responsabilidades civiles que se podrían depurar.

Además, pide al exdirector de la entidad Adolf Todó 808.563 euros. Los acusados tendrán 30 días para presentar sus escritos de acusación.

La fianza, que deberán pagar de manera solidaria entre todos los acusados, debe ser abonada en el plazo de diez días o si no el juez acordará el embargo de los bienes. 2,5 millones de euros van destinados al FROB y el resto a la propiedad entidad.

La Fiscalía pide prisión para Serra y Todó

El juez ha acordado la apertura de juicio oral después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara su escrito de acusación, en el que pide cuatro años de prisión para el expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra (vicepresidente del Gobierno entre 1991 y 1995) por el aumento de sueldos a directivos de la entidad.

El Ministerio Público solicita la misma pena para el ex director general de la entidad, Adolf Todó, por los mismos hechos: dos delitos de administración desleal. Es más, además de las fianzas impuestas de manera solidaria, el juez impone a Todó otra fianza de 808.563 euros. Para el resto de los acusados solicita sólo dos años de prisión por un único delito de administración desleal.

El juez entiende que hay indicios suficientes para que la cúpula de la entidad catalana se sienten en el banquillo de los acusados por aprobar, como miembros del consejo de administración, en dos votaciones distintas, las subidas salariales. De ellos, 17 consejeros (incluidos Serra y Todó) participaron en las dos reuniones.

El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ya señaló en el auto por el que daba por concluida la investigación que los directivos aprobaron los aumentos de sueldo "en perjuicio y desprecio" de la entidad y de los intereses generales. Esos incrementos excedían la "prudencia" que exigía el momento de crisis económica, que golpeaba especialmente a CatalunyaCaixa, ya entonces sostenida "con dinero público de todos los contribuyentes".