El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acaba de archivar la investigación al presidente de La Razón, Mauricio Casals, y a su director, Francisco Marhuenda, por un delito de coacciones hacia la presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
El instructor adopta esta decisión tras recibir un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que entendía que la causa debía quedar archivada después de que Cifuentes se negara a reconocer los hechos.
En un auto de tres folios, el magistrado da tres argumentos para archivar la investigación a Casals y Marhuenda. La primera es que la propia Cifuentes ha negado tales coacciones. La presidenta de la Comunidad explicó al juez, que aun habiendo existido, nunca hubieran conseguido su propósito de no denunciar el saqueo del Canal de Isabel II.
En segundo lugar, entiende que las declaraciones como investigados de los directivos de La Razón son "verosímiles". El juez señala que no se ha podido probar por parte de los investigadores que existiera una campaña sistemática contra Cifuentes y su equipo.
En las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil se detectan diálogos entre uno de los principales investigados de la Operación Lezo, Edmundo Rodríguez Sobrino, con Marhuenda y Casals. Rodríguez Sobrino es el consejero delegado de La Razón y fue presidente de Inassa, filial sudamericana del Canal de Isabel II, investigada por el Instituto Armado en dicha operación.
Rodríguez habría pedido a Casals y Marhuenda que actuaran en su nombre para que la presidenta del Ejecutivo no denunciara la parte del Canal que le afectaba a él. Ahora el juez da por buenas las declaraciones de Marhuenda, Casals y del propio Rodríguez en las que hablan de "mentiras piadosas" a Rodríquez.
El tercer argumento en el que se basa el juez Velasco es el ofrecido por Rodríguez Sobrino de que Casals y Marhuenda no pretendían "torcer" la actuación de la Comunidad de Madrid, sino ayudarle emocionalmente.