El Madrid Open tuvo una "elevación desmesurada de coste no justificado", según un dictamen

Los exresponsables de Madrid Destino, la empresa del Ayuntamiento de Madrid encargada de la gestión de los espacios municipales dedicados a la cultura y el deporte, contrataron con fondos públicos tres dictámenes a bufetes externos en relación con la gestión del Madrid Open de Tenis, uno de los eventos deportivos más relevantes de la capital, cuya edición anual ha comenzado este viernes.

En esos dictámenes se basaron la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela; la expresidenta del consejo de administración, Celia Mayer, y el exvicepresidente primero, Carlos Sánchez Mato (estos dos últimos, concejales de IU y Ganemos, respectivamente, críticos con la alcaldesa, Manuela Carmena) para presentar el 23 de marzo en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia sobre supuestas irregularidades relacionadas con la gestión del torneo de tenis por los gobiernos municipales del PP.

La denuncia, presentada por Mayer, Mato y Varela a espaldas de Carmena, que se enteró del hecho por los medios de comunicación, ha tensado aún más el difícil equilibrio de poder en el gobierno municipal de Ahora Madrid. Mayer fue cesada el 16 de marzo como concejal de Cultura y Deportes para pasar a una nueva área sobre Igualdad, mientras que Varela fue apartada de su cargo el 3 de abril. Tres días después llegó la destitución del edil Sánchez Mato como vicepresidente de Madrid Destino, una de las principales empresas municipales, con un presupuesto de 53 millones de euros.

Tres informes externos

Varela encargó a tres bufetes -Nazaret 6 Abogados; Alemany, Escalona&De Fuentes y Lex Iusta Advocatus - dictámenes sobre la relación contractual entre el Ayuntamiento y Madrid Trophy Promotion (MTP), la empresa propiedad del extenista rumano Ion Tiriac con la que el gobierno municipal del PP contrató la explotación del Madrid Open.

El torneo se celebra en la capital de España desde 2001 y será gestionado por Tiriac hasta 2021, según una prórroga del acuerdo firmada en 2012 por la entonces alcaldesa, Ana Botella.

Los dictámenes externos fueron encargados después de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento no detectaran irregularidades relevantes, según los informes que presentaron a Madrid Destino. Los estudios, solicitados con urgencia, se terminaron de elaborar muy poco antes de la presentación de la denuncia, hecha pública a 24 horas del comienzo del torneo.

Fuentes conocedoras de los documentos aseguran que el estudio más profundo es el realizado por Joaquín de Fuentes, de Alemany, Escalona&De Fuentes. Es, de hecho, en el que se ha basado Juan Manuel Ruiz Sanz, de Lex Iusta Advocatus, para el análisis de las posibles implicaciones penales, en las que De Fuentes no entró.

De acuerdo con el estudio de De Fuentes, centrado en los aspectos civiles y mercantiles de la relación contractual entre el Consistorio y MTP, el convenio inicial ha sido objeto de sucesivas modificaciones con notables incrementos del presupuesto sin que conste una "explicación lógica" de esa vertiginosa evolución de los costes. El Madrid Open comenzó costando a las arcas municipales 1,5 millones de euros que pasaron a ser 5,3 en 2009 y que se duplicaron en 2010, cuando la aportación municipal ascendió a 10,4 millones.

Según el dictamen, de los convenios y sus ampliaciones se desprende una "falta de justificación" de la evolución económica del Madrid Open, así como el caos de la Administración municipal en lo que hubiera debido ser un control obligado de la organización del evento deportivo por MTP. El bufete proponía, entre otras medidas, una negociación a la baja de la aportación del Consistorio al torneo.

Sobre la base de ese dictamen, Varela encomendó a Lex Iusta Advocatus el estudio de la posible relevancia penal de los hechos tanto en lo que se refiere a MTP como a las autoridades municipales que han intervenido en los convenios.

Este bufete concluyó que existen indicios de malversación de fondos y prevaricación, que se derivarían de la "elevación desmesurada de coste no justificado" del presupuesto del torneo.

El dictamen también alude al "importante enriquecimiento de la mercantil" MTP gracias a una aportación creciente de fondos públicos que, a su juicio, adolecía de justificación.