El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, detenido el pasado 19 de abril y en prisión por supuestos delitos de corrupción relacionados con la 'operación Lezo', admitió en su primera declaración judicial que "recurrió a alguna persona del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura para conocer el estado de sus casos".

Así lo desvelan los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García en el escrito en el que se oponen a la petición de excarcelación realizada por González, que "manifestó no recordar" a quién había acudido en demanda de información.

Durante la investigación, realizada en secreto, se ha puesto de manifiesto que tanto Ignacio González como otro de los principales implicados, Edmundo Rodríguez Sobrino, supieron que existían unas diligencias judiciales sobre la gestión del Canal de Isabel II y que sus conversaciones estaban siendo interceptadas. Entre otros, fueron prevenidos por "una magistrada amiga de la casa", en referencia al diario La Razón, del que Rodríguez Sobrino es consejero.

Ocultación de pruebas

Todo esto es relacionado por los fiscales con la situación de prisión del exmano derecha de Esperanza Aguirre porque sostienen que existe un riesgo de ocultación, manipulación o destrucción de pruebas. "Ha sido una constante en la investigación judicial", afirman, que González, "junto a otros investigados, se han valido de sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de entorpecer o dilapidar [sic] el procedimiento".

"Los investigados han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones", añaden.

En este sentido, afirman que Ignacio González, en su declaración judicial el 21 de abril, a preguntas del fiscal, "reconoció haber recurrido a alguna persona del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura, para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar a quien. A continuación manifestó que contactó con algún alto cargo de la Policía Nacional para saber cómo estaban algunas cosas y conocer si tenían algún informe que le afectase".

Los fiscales subrayan que el 6 de marzo, en el despacho de Ignacio González, se grabó una conversación mantenida entre las 19:37 horas y las 20:03 horas por los tres hermanos González "que evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad. Los seguimientos policiales confirmarían, que dos días después de esa cita de los hermanos, Pablo González se reunió con el secretado de Estado de Seguridad". José Antonio Nieto compareció el pasado 28 de abril en el Congreso y negó haber hablado con Pablo González sobre la 'operación Lezo'.

Más implicados

Los fiscales sostienen que González no debe ser excarcelado porque existe "numerosa documentación" intervenida en los registros que está pendiente de analizar. "Este análisis nos llevará a nuevas actuaciones dirigidas a esclarecer los hechos presuntamente delictivos, así como a fijar el grado de participación de otros sujetos vinculados a la administración pública que aún no han declarado como investigados", anuncian.

También hay programadas "nuevas diligencias de investigación para esclarecer el destino final de los fondos públicos detraídos. Resulta especialmente importante que no se frustren las actuaciones dirigidas a la recuperación de activos públicos", señalan.

Para Yáñez y García, el nivel de vida del que disfrutaba González era "incompatible con sus fuentes de renta", de lo que deducen que tiene dinero a buen recaudo y que hay riesgo de reiteración delictiva del delito de blanqueo de capitales que se le imputa.

Los fiscales no aceptan el argumento del expresidente de la CAM de que el arraigo familiar y su notoriedad pública eliminan el riesgo de fuga. "Sobre la familia del investigado", afirman, "lejos de ser un indicativo de estabilidad social y arraigo, debe destacarse que la mayor parte de los miembros de la familia de González presuntamente ha intervenido en las actividades investigadas. En este sentido, el recurso a 'la familia' pierde la trascendencia que habitualmente se otorga en derecho a los efectos de acreditar una situación estable que conjure el riesgo de fuga".

De otro lado, recuerdan que "la realidad judicial de España ha demostrado que en otros casos de notoriedad pública en los que igualmente era impensable la huida, ésta se produjo". 

Para los fiscales, es "prioritaria" la adecuada protección de la instrucción judicial "para un correcto esclarecimiento de los hechos, sin sombras o dudas que puedan minar la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones", apostilla que no explican.

Yáñez y García también se han opuesto a la excarcelación de Rodríguez Sobrino, destacando los indicios de que desvió fondos de Inassa, la sociedad latinoamericana del Canal de Isabel II, para su enriquecimiento personal.

La declaración de Marhuenda

Los fiscales enfatizan el carácter público de los fondos supuestamente desviados frente a los intentos de situar a Inassa en la esfera privada, lo que alejaría el grave delito de malversación. A este respecto, explican que "la investigación ha aportado elementos probatorios e indicios sólidos que evidencian que Rodríguez Sobrino utilizó la sociedad, insistimos, pública, INASSA, con sede en Colombia, y a sus filiales, participadas mayoritariamente por sociedades públicas de la Comunidad de Madrid, como si de un negocio privado se tratase".

"Hasta tal punto ello ha sido así", añaden, que cuando compareció ante el juez Eloy Velasco el pasado 22 de abril, el director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, "aportó un escrito que le había entregado Edmundo Rodríguez donde hizo constar y citamos literalmente: 'INASSA no es una empresa pública y Rodríguez Sobrino no ha sido, ni es, empleado de una sociedad pública'".

Durante su propia declaración judicial, sin embargo, Rodríguez Sobrino tuvo que admitir que la sociedad que ponía el dinero para las inversiones en Sudamérica era el Canal, participado 100% por la Comunidad de Madrid.

"Estos tejemanejes [con Inassa], alejados del control de los órganos de fiscalización de la Comunidad de Madrid y sin contar con las autorizaciones legalmente previstas, le han granjeado indiciariamente elevadas ganancias ilícitas, lo que explicaría sus inversiones privadas (por ejemplo inmobiliarias en Colombia) y la adquisición por su hija de diversos inmuebles en Colombia, República Dominicana o Londres", manifiestan los fiscales respecto a Rodríguez Sobrino, mencionando igualmente sus cuentas cuentas bancarias en Reino Unido, Isla de Jersey o Panamá, fondos "no compatibles con los ingresos de ambos investigados, padre e hija, declarados a la Agencia Tributaria".