El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid ha incoado diligencias previas por un presunto delito societario contra la actual delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y otras 15 personas, por un delito societario cometido en Mercamadrid. Junto a ella, está investigado el hermano de Ignacio González, Pablo González, ambos en prisión en el marco de la Operación Lezo.

Según fuentes jurídicas, el instructor les ha dado traslado de la denuncia de la Fiscalía de Madrid, que inició la investigación, “advirtiéndoles que la instrucción del asunto será respecto a ellos en calidad de investigados”. En el mismo auto de incoación de previas, el Juzgado ha hecho un ofrecimiento de acciones a los posibles perjudicados de Mercamadrid.

Además de Dancausa, los investigados son José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo J.M. del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Alvarez y José Domingo Rodríguez Losada.

Carmena les denunció

El juez ha acordado iniciar la investigación, tras examinar una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra, entre otros, Dancausa, por un delito societario cometido en Mercamadrid cuando fue concejal de Hacienda con Ana Botella. El Ministerio Público analizó una documentación remitida por el equipo de la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la que recogía una posible malversación de caudales públicos en la adjudicación de unos terrenos a la empresa municipal.

Todos los denunciados, ahora investigados, formaban parte del Consejo de Administración de Mecamadrid, S.A. Para la Fiscalía, los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L. han supuesto un “importante perjuicio patrimonial” para la primera, “a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio”.

En su denuncia la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.

Enriquecimiento ilícito

Mercamadrid S.A. estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22, S.A. cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera.

Merca Ocio Hoteles 22 S.L. comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado.

Merca Ocio Hoteles 22, S.L., por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8.004.535,12 euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Meca Ocio 22 S.L. y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla Jiménez, “incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional”.

El 31 de octubre de 2013 Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la Vicepresidenta Segunda de Mercamadrid María Dolores Flores Cerdán. Fue ella misma quien un mes más tarde suscribió en representación de Mercamadrid con Mercaocio dos acuerdos de transacción que puso fin a la vía judicial.

Para la Fiscalía el “enriquecimiento ilícito” de Mercaocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208,40 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013 cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377,20 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032. En total, hasta octubre de 2016 Mercaocio recibió 2.255.349, 51 euros “para obtener el uso de dos salas –de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno”.

También recuerda la Fiscalía que el acuerdo no resultaba “equitativo” para ambas partes ya que Mercaocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda “perfectamente contrastada” y a su compensación con rentas futuras. Incluso, subraya que, en contra de lo que afirmaba el informe técnico, la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios no era “viable”.

Dancausa: la denuncia es "infundada"

Tras conocer los hechos, Dancausa se ha defendido calificando la denuncia como  "infundada", ya que "tras dieciséis meses de supuesta investigación" no ha comprobado "hechos esenciales".

"No es cierto que se me haya imputado", inicia Dancausa el comunicado, precisando que "lo único que ha hecho el Juzgado de Instrucción es admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid", y por lo tanto ella es "investigada" porque el juez no le está "imputando ningún delito".

Explica que hoy mismo ha presentado un escrito de alegaciones "al que se adjunta toda la documentación que demuestra que la denuncia es infundada porque, sorprendentemente, omite hechos esenciales". 

"Tras dieciséis meses de supuesta investigación a raíz de una denuncia instigada por Ahora Madrid, la Fiscalía no ha comprobado hechos esenciales que le habrían permitido ver que aquí no existe ninguna irregularidad, no ya penal, sino tampoco civil", añade.

Dancausa está "convencida" de que la denuncia se archivará, y entonces ella analizará "el ejercicio de todas las acciones legales" que le asisten "para resarcirme del daño reputacional y moral que esta denuncia pueda causarme".