El juez Velasco dejará de investigar la operación Lezo por su inminente ascenso a la 'supersala' de la Audiencia

La investigación de la operación Lezo, como la del caso Púnica, dejarán de estar en manos del juez Eloy Velasco en un breve plazo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 pasará a partir de junio a formar parte de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, un órgano de nueva creación que se va a encargar de la revisión en apelación de todas las sentencias que dicte la Sala Penal de esa Audiencia.

El poder de la Sala de Apelación en la que se integrará Velasco va a ser enorme, ya que podrá entrar en el reexamen total de los hechos juzgados por la Sala Penal y también del Derecho que haya aplicado. Tendrá en su mano la revisión de todas las sentencias que recaigan sobre asuntos cuya instrucción haya comenzado en la Audiencia Nacional después de diciembre de 2015 y de los sobreseimientos libres que se dicten.

Velasco, interesado desde hace tiempo en un cambio de destino, es uno de los más de 20 peticionarios de las dos plazas de magistrado que tendrá la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

En las últimas semanas se ha producido en el Consejo General del Poder Judicial -órgano al que corresponden los nombramientos- un intenso debate sobre la forma de cobertura de esas plazas. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los puestos deben recaer en quienes, teniendo al menos 15 años de antigüedad en la carrera judicial, hayan estado en órganos penales un mínimo de 10 años, "prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la condición de especialistas".

En el orden jurisdiccional penal no hay especialistas porque las pruebas de especialización no han sido reguladas por la LOPJ. Las pruebas llevadas a cabo en 2012 por el anterior Consejo en virtud de un simple desarrollo reglamentario fueron tumbadas por el Supremo, que apreció que el estatuto de los jueces debe estar amparado por la ley orgánica y no puede ser innovado por un reglamento del Consejo.

Los candidatos

La cobertura de la Sala de Apelación en función del criterio de antigüedad hubiera impedido la promoción de Eloy Velasco. De acuerdo con la relación de candidatos conocida por EL ESPAÑOL, por delante de él están otros 15 peticionarios más veteranos en la Judicatura: el exministro Juan Alberto Belloch, que se reincorporó a la carrera judicial y está destinado en la Audiencia de Zaragoza; los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José García Pérez y María Riera; el juez de instrucción de Madrid Carlos Valle; los magistrados de la Sala Penal de la AN Ángel Hurtado, Manuela Fernández Prado, María Ángeles Barreiro, José Ricardo de Prada y Clara Bayarri; la ex presidenta de la Audiencia de Ávila María José Rodríguez Dupla; los jueces centrales de instrucción Carmen Lamela y Fernando Andreu; Luis Francisco de Jorge; la magistrada de la Audiencia de Valencia Carolina Ríus y el magistrado de la Audiencia de Cádiz (en servicios especiales) Juan Carlos Campo, actual diputado socialista.

Con menos antigüedad que Velasco han pedido ir a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional otros magistrados conocidos como Fernando Grande-Marlaska y Enrique López.

Este último será el que accederá a la segunda plaza de la 'supersala'. De acuerdo con un informe elaborado por el director del Gabinete Técnico del CGPJ, Gervasio Martín, conocido por EL ESPAÑOL, tanto a Velasco como a López se les debe reconocer la condición de especialistas a los efectos de este concurso ya que en 1990 fueron promovidos a la categoría de magistrados tras la superación de unas pruebas selectivas en las jurisdiccionales civil y penal.

El dictamen se basa en que cuando el Supremo anuló las pruebas de especialización realizadas en 2012 dejó vigente el precepto reglamentario según el cual "para la cobertura de aquellas plazas a las que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la especialización el carácter de mérito preferente, los jueces y magistrados que hayan superado las pruebas de promoción o especialización previstas para los órdenes civil y penal tendrán la consideración de especialistas en los respectivos órdenes".

Este dictamen será estudiando mañana por la Comisión Permanente del Consejo. Fuentes de este órgano señalaron que la intención es respetar el criterio del Gabinete Técnico, por lo que, si el informe resulta aprobado, la cobertura de las vacantes recaerá en Velasco y López.

La presidencia de la Sala de Apelación no saldrá, por el momento, a concurso. La idea es que esa función sea ejercida por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, el único cargo del organigrama judicial que no tiene atribuidas funciones jurisdiccionales. Esta solución es posible porque, de acuerdo con la ley, el presidente de la AN puede entrar a presidir cualquier de sus salas.