Lucía Figar, ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid durante ocho años (2007-2015), ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la operación Púnica, que acuerde el sobreseimiento de su imputación, debida a los contratos de reputación que la Consejería suscribió con empresas de Alejandro de Pedro y pagados con fondos públicos por un importe total de 54.000 euros.

La defensa de la expolítica del PP, ejercida por el letrado Carlos Aguilar, sostiene que, tras haberse agotado la investigación en lo que le puede afectar a ella, "no hay motivos para mantenerla imputada" y "mucho menos cuando la única base son las meras hipótesis, las conjeturas y la subjetividad con la que están confeccionados los informes policiales, lo que resulta intolerable en un proceso con garantías". 

Figar, de 41 años, dimitió de su cargo el 4 de junio de 2015, a las 48 horas de ser citada a declarar por Velasco. Desde entonces -y ya han transcurrido dos años- su mera condición procesal de investigada "está provocando unos funestos efectos, propios de una condena, en todos los ámbitos públicos y profesionales", afirma su abogado.

La defensa aclara que con ello "no queremos apelar a razones pietistas sino de estricta justicia" porque, a su juicio, la imputación de la exconsejera tiene su origen en "puros comentarios" vertidos por De Pedro en conversaciones intervenidas, interpretados de forma "parcial y sesgada" en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "sin el menor respeto a la objetividad a la que está obligada".

En un extenso escrito que acaba de dirigir a Velasco, la defensa intenta demostrar que la actuación de Figar fue "irreprochable" ya que los trabajos de De Pedro, que efectivamente se realizaron y fueron entregados al Juzgado, no se orientaron a la "reputación, personal o política, de la consejera sino a la reputación y el conocimiento y difusión de las políticas de la Consejería en las redes sociales". Su facturación, por lo demás, fue fiscalizada por la Intervención sin objeción alguna.

Concursos inexistentes

La imputación de Figar tuvo su origen en comentarios realizados por De Pedro a su socio, José Antonio Alonso, del tenor siguiente:

-De Pedro: Le he mandado un mensaje a Lucía. Digo 'si quieres nos vemos'.

-Alonso: O sea, que entonces querías quedar con ella ...

-De Pedro: Si, para cerrar lo del contrato este, a ver si lo saca a concurso ya...

-Alonso: Sí, sí, sí. ¿Tú ya hiciste, el pliego te lo hacían ellos, te dijo ella?

-De Pedro: Sí

-Alonso: Te daría a ti el borrador pero que lo hacían ellos

-De Pedro: Sí, exacto.

La investigación realizada, destaca la defensa, ha puesto en evidencia que "no existe ningún concurso convocado por la Consejería de Educación en el que haya participado De Pedro" y ni siquiera hubo un proyecto de concurso que tuviera por objeto ninguno de los servicios que prestaban sus empresas.

"Aun si considerásemos que las conversaciones intervenidas judicialmente a Alejandro de Pedro contienen unas (difusas) referencias a reales o figurados contratos con la Consejería de Educación o imaginarios -por inexistentes- concursos susceptibles de ser objeto de investigación judicial, es lo cierto que la instrucción efectuada ha evidenciado que las conversaciones que a este respecto mantuviera De Pedro no se corresponden, ni en lo más remoto, con la realidad", sostiene la defensa.

Argumenta que unas referencias se hacen respecto a unos contratos "absolutamente inexistentes" y otras referencias lo son a los contratos menores firmados por las empresas de De Pedro con la Consejería que responden "a unos servicios perfectamente legítimos y a unos expedientes en los que se ha cumplido por la Consejería con todos los requisitos legales y que han sido fiscalizados sin el menor reparo ni objeción".

Contrainforme

El escrito adjunta un dictamen pericial de la auditora Grant Thorton que ha analizado los informes de la UCO, con los que la defensa se muestra especialmente crítica. A su juicio, esta unidad policial "aplica de manera recurrente un enfoque peyorativo para llegar a unas erróneas conclusiones que no sólo son el producto de un prejuicio sino que invaden de una manera jurídicamente intolerable las funciones jurisdiccionales, llegándose al extremo de que el cabo primero firmante de uno de los informes, por sí y ante sí, se permite no solo la calificación jurídica de los hechos que quiere dar como si fueran probados sino que plantea tanto los hechos como las personas que han de ser objeto de imputación".

La defensa considera que esto "resulta inaceptable a nuestro derecho, salvo que se admita que en el procedimiento penal español la instrucción ya no corresponde a los jueces sino a la Policía, y que jueces y fiscales han de estar y pasar por esta singular valoración policial determinante del curso del proceso".

El dictamen de Grant Thorton contradice las conclusiones de la UCO en aspectos relevantes. Así, se han analizado todas las conversaciones y mensajes en los que los agentes se han basado para afirmar que entre Lucía Figar y Alejandro de Pedro existía una relación frecuente y amistosa. La auditoria concluye, por el contrario, que la consejera "prácticamente no era accesible a De Pedro, puesto que en la documentación analizada se constata cómo éste intenta contactar con Figar en numerosas ocasiones y en muchas de ellas no obtiene siquiera respuesta".

"La mayoría de esos contactos por parte de De Pedro tienen como objetivo establecer reuniones con Figar", añade, pero ella "sólo accede a reunirse en dos ocasiones". "Pese a ello, hemos observado que en algunas conversaciones entre De Pedro y terceros, en concreto Alonso, aquel trata de aparentar la existencia de una capacidad de acercamiento a Figar que no es real".

En cuanto a los trabajos de reputación realizados, la auditora indica que "del total de 1.492 noticias e informaciones analizadas y posicionadas [por las empresas de De Pedro] 1.227 noticias están relacionadas con las políticas de la Consejería de Educación (lo que supone un 82%) y 201 noticias están relacionadas con Figar en calidad de Consejera (14%)".

"Tan sólo un 4% de noticias no están relacionadas con las actividades de la Consejería y o bien responden a actividades políticas de Figar como miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid (27 noticias) o bien tienen carácter personal (tan sólo 4 noticias) o bien son irrelevantes por no contener ningún tipo de información relacionada ni con ella ni con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (33 noticias)".

Concluye, por ello, que "no existe una mínima base objetiva para concluir que el objetivo de los trabajos de posicionamiento fuera la mejora de la reputación personal, ni la mejora de la reputación política personal de Lucía Figar".