Cristina Cifuentes sí figura como presidenta el Comité de Expertos que puso al Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, a la cabeza de la licitación por la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2011. Una licitación que la Guardia Civil considera un presunto pago tras las donaciones que el empresario realizó a una fundación del Partido Popular. Tras estallar el caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que era “falso” que ella presidiera el grupo de tres personas encargado de valorar las ofertas. Sin embargo, el expediente de contratación de la Asamblea de Madrid, consultado por EL ESPAÑOL, contradice las palabras de Cifuentes.
El acta de la reunión del Comité de Expertos, firmada el 21 de junio de 2011 y que se reproduce bajo estas líneas, recoge textualmente que Cristina Cifuentes, entonces vicepresidenta primera de la cámara autonómica, “la preside” mientras que María Merino -jefa de Protocolo del gabinete de Presidencia- es vocal y Isaac Arturo Zubiri, técnico Asesor, es “vocal actuando como secretario”. En su declaración ante la Guardia Civil es el propio Zubiri quien reconoce que suyo es el primer informe de valoración ratificado por Cifuentes y su compañera tras su papel como “vocal y secretario” del citado comité. Los dos compañeros de la presidenta en el grupo de trabajo han prestado declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como investigados.
Acta donde aparece Cristina Cifuentes como presidenta del Comité de Expertos.
Hasta el momento, Cifuentes ha mantenido públicamente que su papel como presidenta de este comité era “falso” y que ella se limitó a ratificar el informe previo elaborado por Zubiri. Sin embargo, esta documentación oficial, rubricada por ella, coloca a la secretaria general del PP de Madrid en un plano distinto. De hecho, la responsable de Protocolo del Gabinete de Presidencia explicó a los agentes que la reunión se celebró en el despacho de Cifuentes y que no hubo debate alguno sobre la valoración de las ofertas. Algo que coincide en parte con la versión de Cifuentes. En cualquier caso, la reunión para valorar las ofertas y ratificar los informes duró exactamente tres cuartos de hora según las actas: desde las 10:30 de esa mañana hasta que el acta quedó sellada a las 11:15.
Mesa de Contratación.
Desde en el entorno de la presidenta madrileña reiteran que Cifuentes no fue nunca presidenta de este trío de expertos y achacan al funcionario encargado de la redacción del acta un “error” en la atribución de estos cargos. Sobre el hecho de que el documento esté rubricado también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde su equipo explican que posiblemente “no se percató” de la redacción de esa parte del documento. Para acreditar estos hechos, recuerdan que la Mesa de Contratación que nombró el comité de expertos no refleja cargo alguno ni voto de calidad para ninguno de los integrantes: “el comité adoptará los acuerdos por mayoría”.
Pese a eso, tanto el acta de 2011 como la de la renovación en 2013, reflejan la misma composición de cargos, con un presidente del comité de expertos -en este caso ya no es Cifuentes que estaba fuera de la Asamblea- y dos vocales, uno de ellos ejerciendo como secretario.
Freno a los competidores
Los informes de la UCO reflejan una serie de presuntas irregularidades sobre la adjudicación que hacen sospechar a los investigadores en un amaño para favorecer al empresario Arturo Fernández. El responsable del Grupo Cantoblanco reconoció ante el juez Eloy Velasco el pago de 160.000 euros en donaciones a la Fundescam, una fundación controlada por el PP de Madrid y que tuvo a Cifuentes y otros responsables del PP de Madrid como Esperanza Aguirre e Ignacio González en el patronato. Entre las presuntas irregularidades, los agentes explican que los candidatos al contrato no pudieron acceder a las instalaciones de la cafetería para conocer al detalle las necesidades y preparar sus ofertas económicas en 2011. Algo que solicitaron por escrito varias empresas, y entre ellas Clece, principal competidor del Grupo Cantoblanco.
Correo de la empresa Clece solicitando visitar las instalaciones de la cafetería.
Según los informes de la Guardia Civil en manos de la Audiencia Nacional, el comité de expertos, en un informe rubricado también por Cifuentes, calificó en 2011 con cero puntos al grupo Clece por no presentar una documentación acreditativa sobre sus propuestas de mejora en el servicio. Unos papeles que según la UCO sí fueron presentados en tiempo y forma por el competidor de Arturo Fernández. Según el análisis de la Guardia Civil, esa decisión fue vital para que el contrato fuera renovado de nuevo por el donante del PP y es una de las principales causas de que la integridad de la adjudicación se ponga en duda.
El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid niega las tesis presentadas por la UCO en sus informes y mantiene que todo el proceso cumplió escrupulosamente con la legalidad.