La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera fiscal, ha acordado pedir al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, que ponga su cargo a disposición del fiscal general, José Manuel Maza, tras conocerse que posee el 25 % de una sociedad radicada en Panamá, tal como desveló EL ESPAÑOL el pasado lunes.

La AF insiste en que el prestigio, los méritos y el proyecto para la Fiscalía Anticorrupción justificaban sobradamente su nombramiento como jefe, pero las noticias aparecidas "comprometen la imagen de imparcialidad".

El pasado febrero, los seis vocales de la AF en el Consejo Fiscal respaldaron el nombramiento de Moix como fiscal jefe anticorrupción. Fuentes de la asociación explicaron que no tienen ninguna duda de la ideoneidad de Manuel Moix para el cargo, pero consideran que el daño institucional aconseja que renuncie al cargo.

Comunicado

En un comunicado público, la AF explica que apoyó el nombramiento de Moix para dirigir Anticorrupción "valorando su trayectoria profesional, en especial la última etapa como fiscal superior de Madrid y fiscal de lo contencioso del Tribunal Supremo" y especialmente "el proyecto de actuación de jefatura que presentó; proyecto en el que, pese a no contar con experiencia concreta en la Fiscalía Anticorrupción, reflejaba su profundo conocimiento de la organización de fiscalías de esa relevancia, proponiendo mejoras organizativas que se valoraron redundarían en una mayor unidad de actuación, tales como modificación de los criterios de distribución de trabajo y reforzamiento de otras figuras dentro de la estructura organizativa interna de esa Fiscalía, con el fin de dotarla de una mayor eficiencia".

"Con posterioridad al nombramiento", añade, "se conoce a través de filtraciones en la prensa que existe una serie de discrepancias en algunas decisiones acordadas por el nuevo fiscal jefe, discrepancias que se encauzan y solventan por los trámites estatutarios, quedando pendiente alguna de ellas todavía de resolución definitiva por el fiscal general".

En las últimas 48 horas "de nuevo se producen informaciones en la prensa sobre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, relativas a su participación como propietario en un 25% de una sociedad ubicada en Panamá, que recibió por herencia de sus padres".

Actuación "legal"

La Asociación de Fiscales considera que Moix "ha dado las explicaciones pertinentes y ha aportado la documentación acreditativa de la declaración a Hacienda de los bienes recibidos por herencia" por lo que "no se cuestiona en ningún momento la legalidad de su actuación".

"Pero sí advierte esta asociación que las últimas informaciones suponen un menoscabo para la imagen de la carrera fiscal", afirma.

"Es evidente que se hace necesario exigir una vez más un Código Deontológico, reclamado insistentemente por la carrera, en el que se empezó a trabajar, llegando a confeccionarse un borrador al que hizo aportaciones esta asociación, pero que en el presente momento parece haber caído en el olvido", lamenta.

La AF, "por entender comprometida en este momento la imagen de imparcialidad de la institución, considera que el actual fiscal jefe anticorrupción debe poner su cargo a disposición del fiscal general del Estado".