Moix ofrecerá hoy su renuncia al fiscal general “por el bien de la institución”

El fiscal general, José Manuel Maza, y el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, resolverán este jueves a solas la crisis desatada tras conocerse que el segundo es propietario de la cuarta parte de una sociedad radicada en Panamá heredada de su padre en 2011, tal como desveló EL ESPAÑOL el pasado lunes.

Esta polémica se ha unido a las discrepancias que han surgido en el seno de la Fiscalía Anticorrupción en los procedimientos Púnica y Lezo y que han sido aireadas por filtraciones que desde Fortuny se atribuyen a fiscales anticorrupción reacios a someterse a los protocolos que Moix pretende implantar para controlar la legalidad de las investigaciones, muchas veces mero trasunto de los informes de la UCO y de la UDEF.

A ello se suman las críticas de la oposición parlamentaria, que han visto en la actuación del Ministerio Público un argumento para atacar al Gobierno del PP. El propio fiscal general ha tenido que comparecer dos veces en la Comisión de Justicia del Congreso en un plazo de dos meses.  

Por unos u otros motivos, lo cierto es que desde que tomó posesión del cargo el pasado marzo el desempeño del cargo por Moix ha estado rodeado de polémica. Fuentes próximas al fiscal anticorrupción han asegurado que su intención es poner este jueves su cargo a disposición del fiscal general, no porque considere que ha actuado de forma incorrecta ni porque piense que hay motivos objetivos para renunciar sino "para salvaguardar la imagen de la institución", afectada por controversias constantes.

La posición adoptada a última hora del miércoles por la Asociación de Fiscales, pidiendo ese gesto a Moix, ha influido también notablemente ya que fueron los seis vocales de la AF los que le dieron su apoyo para ser nombrado fiscal jefe anticorrupción.

El Gobierno dice que depende de Maza

El futuro de Moix ha sido uno de los asuntos más candentes en el Congreso en las últimas horas. A pesar de que el Gobierno sacó adelante los Presupuestos Generales del Estado, en los pasillos del Parlamento se hablaba permanentemente de la Fiscalía Anticorrupción. Tanto la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, como el titular de Justicia, Rafael Catalá, recordaban que la continuidad o no de Moix no depende del Gobierno, porque dicho nombramiento y su posibilidad de removerlo son atribuciones del fiscal general del Estado.

El ministro de Justicia fue el más explícito en la mañana del miércoles: Moix "no está puesto ahí por la confianza del Gobierno y no es una cuestión de confianza su mantenimiento o no". "Por lo tanto, es al fiscal general del Estado al que le corresponde en su caso proponer un expediente para remover al señor Moix". Ese es, en efecto, el sistema establecido en el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Ya por la tarde, el mismo Catalá, en conversación informal en los pasillos del Congreso, no daba por hecha la renuncia de Moix porque "no es un hombre que, por carácter, pueda venirse abajo o deprimirse". Y recordaba que, en todo caso, la decisión depende del fiscal general. Acerca de la posición del Gobierno en este caso, el titular de Justicia señalaba la contradicción en que a él mismo se le pide que "respete la independencia judicial" y, al mismo tiempo, que "cese al fiscal".

Las diferentes fuerzas políticas de la oposición daban por hecho que Moix dejaría su cargo en las horas siguientes. "No pasará del jueves", llegaban a afirmar desde Podemos y Ciudadanos. En el PSOE también se movían en esta línea argumental. Unos y otros consideran que el Gobierno se ha lavado las manos en este caso al recordar que la continuidad de Moix depende del fiscal general del Estado.