Gordó amañó al menos cuatro contratos para favorecer a los donantes del 3%

El diputado catalán Germá Gordó habría participado en el amaño de al menos cuatro contratos públicos para favorecer a empresarios donantes de Convergencia, según los investigadores del conocido 'caso del 3%' sobre la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Gordó era uno de los hombres fuertes de Artur Mas y según la tesis de la Guardia Civil, uno de los principales recaudadores de dinero para el partido, junto al tesorero Andreu Viloca.

Actualmente, Gordó es diputado en el Parlament catalán y expresidente de la Comisión de Justicia. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anunciara que le abría una investigación por un delito de tráfico de influencias, Gordó ha abandonado el PDeCAT (sucesor de CDC) y su cargo de representación parlamentaria pero mantiene el acta de diputado. Tras conocerse la decisión del TSJC , el que fuera gerente de Convergencia emitía un comunicado reafirmando su "su radical inocencia y honestidad" y que "desplegará todas las facultades procesales" que estén a su mano.

El TSJ de Cataluña ha decidido abrir una investigación a Gordó -aforado ante este tribunal por su condición de diputado regional- después de que el juez del Vendrell que investiga el 'caso del 3%, Josep Bosch, le haya remitido una exposición razonada con todos los indicios de un tráfico de influencias cometido por Gordó.

Después de una investigación, el instructor sostiene que este diputado habría participado en el amaño de por lo menos cuatro contratos para favorecer a empresarios a cambio de donaciones al partido a través de las fundaciones vinculadas a la formación. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que se le podría vincular a la adjudicación de un contrato fraudulento más, pero el magistrado ha desdeñado por el momento esa tesis.

“Gordó podría haber efectuado gestiones para conseguir que, por parte de entes públicos, se otorgara contratación pública a empresas donantes de las fundaciones CDC, con vulneración de los principios que rigen la contratación pública”, recoge la exposición razonada remitida el pasado 4 de mayo al TSJC y que consta en el sumario del 'caso del 3%' al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Según relata Bosch, se habría detectado que Gordó -marido de la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Roser Bach- habría podido reunirse, durante el iter de la contratación pública, con empresarios que finalmente fueron adjudicatarios de las obras analizadas, acompañadas también de donaciones a las fundaciones de CDC. Finalmente, el TSJC ha admitido la exposición razonada del magistrado después de que en diciembre le ordenara seguir investigando. El Juzgado del Vendrell no puede imputarle formalmente al tratarse de un aforado.

1. Consorcio de Educación de Barcelona

Germá Gordó habría intervenido en el amaño del contrato de las obras de mantenimiento de los edificios escolares. Entre otros datos, se han analizado las anotaciones de dos libretas del ex consejero delegado de la adjudicataria de la obra Copisa, Xavier Tauler.

Respecto a esta adjudicación, se encontró en el despacho del ex tesorero de CDC, Andreu Viloca -detenido por estos hechos- un anuncio de la publicación de la licitación el 15 de noviembre de 2011 por parte del Consorcio de Educación de un contrato de obras de mantenimiento de edificios escolares públicos de la ciudad de Barcelona. “Entre el anuncio de la publicación y la resolución de la adjudicación se habrían producido una serie de hechos que podrían vincularse a gestiones efectuadas por Gordó, a fin de favorecer la adjudicación a Copisa”, explica el magistrado.

Entre los principales hitos temporales, el juez destaca una anotación manuscrita el 16/11/2011 en la libreta de Tauler que dice: “Germá. Obra Port 40M/Consorci Enseny”. Según los investigadores, esta nota haría referencia a una reunión de Gordó con Tauler para tratar las dos adjudicaciones en las que tendrían interés Copisa, entre las cuales está el Consorcio de Educación.

A esto se añade que según datos de la Agencia Tributaria, Copisa hizo cuatro donaciones que sumaban 100.000 euros a las fundaciones CatDem y Forum Barcelona, ambas vinculadas a Convergencia. Además. Una de las donaciones efectuada el 18 de abril de 2012, estaría precedida por una reunión entre Viloca y Tauler el día anterior, según consta en las agendas intervenidas por la Guardia Civil.

2. Autoridad Portuaria de Barcelona

La licitación de la obra del Dique del Este del Puerto de Barcelona se anunció el 22 de diciembre de 2011, con un valor estimado sin IVA de 39,6 millones de euros. La adjudicación se hizo pública el 10 de junio de 2012 y fue entregada a la UTE firmada por Comsa, Acsa, Copisa y Benito Arnó. Sobre esta adjudicación hay referencias tanto en la agenda de Tauler como del tesorero de CDC Andreu Viloca.

En la agenda de Tauler, los agentes destacan la anotación del empresario el 14 de noviembre de 2011: “Port BCN-Comsa-G.Gordó”. Paralelamente, se produjo una reunión ese mismo día entre el tesorero del partido y alto responsable del partido, según la agenda de Viloca. Para los investigadores, tanto Viloca como Gordó hacían de intermediarios entre los empresarios y los responsables de las empresas públicas para que se adjudicara a los donantes del partido.

La Guardia Civil y Fiscalía Anticorrupción tienen detectado el que es, a su juicio, el 'modus operandi' de la financiación ilegal del principal partido catalán, que presidió durante años Jordi Pujol y después Artur Mas. El método era sencillo: se anuncia una obra pública, Viloca y Gordó se reúnen con empresarios, éstos donan a las fundaciones del partido, y la empresa pública les adjudica la obra.

Respecto a la adjudicación del Puerto de Barcelona analizada por los investigadores, existe una anotación en la libreta de Tauler, dos días después de la reunión entre el tesorero y el diputado: “Germá. Obra Port 40M/ Consorci Ensenyament”.

“El análisis policial mediante documentos de acceso libre muestra la escasa diferencia entre las ofertas económicas de las opciones mejor puntuadas, la ganadora y la UTE formada por Dragados, FCC y Constructora de Calaf, que es sólo de 1.029 euros”, recoge la resolución judicial. En este caso, también hay una reunión entre Viloca y Tauler justo antes de que el empresario hiciera una donación a la fundación CatDem.

3. Infraestructuras de la Generalitat

Los investigadores analizan una obra licitada por la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat por un presupuesto de 3,3 millones de euros. Se adjudicó el 25 de octubre de 2012 a la UTE del Grupo Soler y Oproler. Las agendas del responsable en Cataluña de Oproler, Josep María Bassols, la de Viloca y la del ex director de Infraestructuras, Josep Antoni Rosell, habrían permitido establecer una serie de hechos que vinculan a Gordó en el amaño del contrato. Todos ellos están investigados en esta causa.

Uno de los documentos analizados es una anotación de Bassols en la que hace mención a “Gregorio”, el 2 de julio de 2012, en referencia a Germá Gordó. Junto a su nombre se puede leer “compromiso de obra” y “tendremos obra dentro de este año”.

El 29 de agosto de ese mismo año, la secretaria de Presidencia de Oproler le envía una invitación a Bassols para una reunión programada en el Palau de la Generalitat para el 4 de septiembre, con el secretario del Gobierno de la Generalitat en aquel momento, Germá Gordó.

El 8 de septiembre, es decir cuatro días después, Bassols anota existencia de una cena con “Gregorio” por valor de 109,50 euros. El 9 de octubre se mantiene una reunión entre Bassols y Viloca. El 15 de octubre, un día antes de la apertura de la oferta económica para el concurso, se produce una reunión entre Viloca y alguien identificado como “GG”.

Hay una serie de anotaciones entre Bassols y el presidente de Oproler, Sergio Lerma, para invitar a un “ojeo de perdices” a Gordó. Bassols y Gordó se vuelven a reunir y después el delgado de la compañía en Cataluña se anota en su libreta: “Sí, se apunta. Entre Navidad y año nuevo confirmamos según responsabilidades que asuma”.

Además, consta una felicitación de navidad por parte de Bassols a Gordó, con una invitación a una cacería para el mes de febrero.

4. Caso Pasquina

El juez analiza una serie de adjudicaciones que desde Infraestructures.cat se habrían concedido a la empresa Pasquina. El primer hito destacable es la existencia, el 11 de abril de 2011, de una reunión entre Lopez Villalta, vinculado a Pasquina, con el director entonces de la empresa pública, Josep Antoni Rosell.

En la agenda de éste figuraría “La dirección Germá Gordó”. El 12 de abril se habría producido una visita de Pasquina. Se constata la adjudicación de una obra para la mejora de la carretera BV-1202 entre Ullastrell y Abrera de 252.980 euros por parte de la Diputación de Barcelona.

De manera paralela a la adjudicación a Pasquina, se habrían detectado donaciones a favor de la Fundación CatDem por 147.000 euros entre 2014 y 2015, a través de empresas vinculadas a Pasquina. En esas fechas habría otra adjudicación a esta empresa del Departamento de Territorio y Sostenibilidad por 7,2 millones de euros.

Uso de alias

Según el juez, tanto las declaraciones de Lerma como de Bassols en sede judicial han permitido identificar a la persona que en diversas anotaciones es nombrada como “Gregorio” o “Gerardo”, como Germá Gordó. Para el magistrado, es reseñable que durante la instrucción se ha requerido la agenda de Gordó a la Secretaría de Gobierno y se ha manifestado la imposibilidad técnica de aportarla.

“Por todo esto, se considera que, al menos, en estos cuatro supuesto podría existir indicios de la comisión de un posible delito de tráfico de influencias por parte de Gordó”, explica el juez. La Fiscalía Anticorrupción habla de un quinto caso, a través de una obra licitada por BIMSA (entidad pública de Barcelona) referente al túnel de la Plaza de las Glorias, aunque el juez entiende que por el momento no se puede concluir su participación en ella.

“Conviene tener en cuenta, como indicios que tendrían un posible efecto incriminatorio, tanto las anotaciones en las agendas como la proximidad cronológica entre las donaciones y las adjudicaciones de las obras. Se han de añadir a estos elementos, por un lado, la utilización de alias, entre Lerma y Bassols, para referirse a Gordó, a Viloca y a Francesc Sanchez -ex responsable de los servicios jurídicos de CDC, también investigado- y la ausencia de acreditación oficial de las posibles reuniones existentes entre las partes. Todo esto en el contexto expuesto por los dos testigos protegidos propuestos por el Ministerio Fiscal y la declaración testifical efectuada por parte de Fraile”, concluye el instructor.